Editorial El Mostrador, 17.10.2022
El Senado de la República dio su categórica aprobación al TPP11, quedando así este tratado multilateral de libre comercio listo para entrar a regir, previos trámites de promulgación, publicación y ratificación por el presidente de la República, y posterior depósito ante el país garante, Nueva Zelanda.
Con esto se concretaría un esfuerzo país de muchos años, de varios gobiernos sucesivos, en el que se han invertido muchos recursos y han sido contraídos múltiples compromisos, y que le permitirá a nuestra economía beneficiarse de ser parte de este acuerdo internacional de última generación.
Por esto, más allá de si al Presidente Gabriel Boric le gusta o no el contenido íntegro del TPP11 –es evidente que no le gusta y así lo ha hecho saber, por sí o por interpósitas personas, en reiteradas ocasiones y circunstancias–, lo que corresponde y es menester es que nuestro Primer Mandatario cumpla con su obligación política de concretar los trámites finales para el TPP11 –los que, por lo demás, solo él puede ejecutar–, en tanto política de Estado adoptada por los órganos competentes en forma muy mayoritaria y contundente.
Lo contrario sería entrar en abierta colisión, de insospechadas consecuencias hacia adelante, con parte importante de los apoyos políticos al interior del propio Gobierno e, incluso más grave, con el Congreso Nacional.
Escudarse para no hacerlo en las ya famosas y extemporáneas cartas laterales (side letters), las transformaría no en “consultas bilaterales”, sino en condiciones suspensivas para ingresar al tratado, lo que puede implicar meses o años o quizás nunca, con lo que este Gobierno estaría desconociendo la amplia voluntad del Parlamento, y sus argumentos de “consulta” adquirirían el carácter de una argucia autoritaria para impedir el ya aprobado ingreso al TPP11.
Esto desafía la coherencia de más de 30 años de política económica exterior del país (ratificada –insistimos– por contundente mayoría por el actual Congreso Nacional) y, también, la coherencia al interior del propio Ejecutivo. No se puede olvidar al respecto, como botón de muestra, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que, en caso de aprobarse el TPP11 en el Senado, “el Gobierno no va a entorpecer la entrada en vigor del tratado”.
No es aceptable una conducta dilatoria promovida de manera ambigua y sin mayor claridad técnica a través de una subsecretaría de rango inferior de la Cancillería, con vacilaciones de la canciller Urrejola de por medio, incluida una lamentable vocería de la ministra Camila Vallejo sobre argumentando la “separación de poderes” para justificar lo injustificable. Solo hacen palpable una imagen de desorden gubernamental, además de un sesgo autonomista y autoritario.
Porque, por mucho que la conducción de las relaciones internacionales del país, de conformidad con la Constitución Política, sea facultad del presidente de la República, esta debe realizarse en contextos concretos y determinados, y con coherencia y sincronía institucionales, no pudiéndose intentar un cambio estratégico profundo en la orientación de la política económica del Estado, de manera abrupta y, lo más preocupante, basada en ideologías sin apoyos mayoritarios.
La decisión hoy es solo del presidente. Si no desea mantener una política de regionalismo abierto en la política exterior y no quiere promulgar el TPP11, debe hacerlo y decirlo sin ambigüedades y de frente, aceptando todas sus consecuencias, las que muy probablemente no serán buenas para su Gobierno ni para el país.
El pueblo de Chile habló mayoritariamente a través de sus representantes en el Parlamento, y votó por la ratificación del TPP11. Así funciona la democracia.
