Columna La Nación, 18.05.2023 Roberto García Moritán, embajador (r) y exviceministro de RREE argentino
China posee la flota pesquera más importante del planeta, con 17.000 barcos con bandera propia y más de mil registrados bajo pabellones de conveniencia. Tres mil pesqueros lo hacen en aguas distantes. Alrededor de 600, en las costas de América del Sur. Esa intensa actividad copa capturas sin controles operativos y sin atenerse a directrices científicas. La mayor parte de esa pesca es redituable por subsidios al combustible, a la construcción de embarcaciones y por la asistencia de tecnología satelital con información actualizada sobre el estado de los caladeros. Una amplia proporción de la pesca de China se desarrolla a contramano de las normas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Indnr).
No es de extrañar que China se haya convertido en la principal potencia pesquera del Atlántico Sur (área estadística FAO 41), por el número de buques y por las horas de pesca, con apoyo logístico del puerto de Montevideo y alternativamente de Río Grande. Un servicio de apoyo a la pesca ilegal que pone a prueba los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de Naciones Unidas (Amerp), que obliga a dar acceso a puerto solo a los barcos que prueben que todas sus capturas son legales y reportadas. Incluso ingresan habitualmente a esos puertos buques frigoríficos con antecedentes reiterados de pesca ilegal.
Empresas pesqueras chinas impulsan tanto la pesca ilegal en la milla 201 como la legal en la zona económica exclusiva (ZEE) con licencias de pesca otorgadas por el Consejo Federal Pesquero. Desde hace más de una década empresas pesqueras argentinas han sido adquiridas por consorcios chinos. Casi el 50% de los barcos argentinos de pesca del calamar illex pertenecen a más de una docena de empresas chinas radicadas en la Argentina. Muchas no respetan la legislación nacional que prohíbe que haya a bordo capitanes y tripulación de alto rango extranjeros. Algunas tienen vínculos societarios o comerciales con las empresas propietarias de barcos que pescan ilegalmente en la milla 201.
El comportamiento pesquero poco ejemplar de China en el Atlántico Sur, en general en contravención de la Convención sobre el Derecho del Mar, cuenta con la pasividad del gobierno argentino. La presencia de la Armada o de la Prefectura Naval para evitar intrusiones a la ZEE, no resulta suficiente por la inmensidad del espacio oceánico. Tampoco el sistema de multas demostró eficacia. Hay que articular una estrategia más amplia que incluya una variedad de medidas simultáneas, que corresponden principalmente a la Cancillería como al Consejo Federal Pesquero, entre otros organismos nacionales. Hasta ahora la diplomacia argentina no ha demostrado mayor interés en profundizar acciones bilaterales (tanto con China como con otros países que pescan calamar en la milla 201) o multilaterales, sea en la FAO o en el marco regional. En los últimos tres años, por ejemplo, nunca tuvo lugar una reunión sobre pesca con Brasil.
Estas circunstancias evidencian que la Argentina debe reformular su política pesquera junto con las medidas diplomáticas a promover para evitar que se continúe depredando la pesca argentina, en la ZEE, en la Plataforma Patagónica o en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. La cuestión central es abordar la capacidad primordial que le corresponde a la Argentina de administrar una biomasa que migra del continente a aguas internacionales y a la de los archipiélagos argentinos. Es hora de reflexionar sobre las mejores estrategias para recuperar protagonismo y enfrentar con mayor eficacia la sobreexplotación de las especies transzonales en alta mar que se encuentran afectando el ecosistema del Atlántico Sur.
