Columna El Líbero, 07.12.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
A pesar de la espectacularidad de lo ocurrido el martes en Corea, cuando la democracia pareció tambalearse durante dramáticas seis horas, el desenlace nos reveló la solidez de las instituciones del país junto a la urgente necesidad de emprender una reforma política. Quedó claro que la adhesión a la democracia abarca a la mayoría de la sociedad, la que quiere preservar el diálogo republicano para convivir y avanzar. No es poco en un momento de la historia en que estos valores parecen ponerse en duda en nuestro mundo libre.
La crisis se desencadenó por una serie de factores, partiendo por la concentración de poderes en la Presidencia al amparo de la Constitución de 1948, reformada en 1987. La Carta Magna fue redactada en un contexto de posguerra en que el derrotado autoritarismo japonés debía dar lugar a una Corea libre bajo un presidencialismo fuerte. Esta tendencia se confirmó con el devenir de la contienda de Corea, la guerra fría y las dictaduras militares que dominaron -con cierta apertura desde 1988- hasta las elecciones presidenciales de 1992. Hoy se traduce en la omnipresencia del Ejecutivo en el proceso de formación de la ley, ejecución política, amplia potestad en los nombramientos y el control de poderosas agencias estatales que podrían ser independientes como el Ministerio Público, o Auditoría e Inspección (Contraloría). Así, cada vez que el presidente carece de mayoría en el Parlamento se siente inclinado a saltarse el Legislativo y usar sus facultades constitucionales generando un alto nivel de tensión entre ambos poderes.
Junto a lo anterior, la falta de un adecuado control legislativo de los actos del Ejecutivo ha alentado el abuso de influencias sobre la Presidencia de parte de los grandes conglomerados económicos, a cambio de beneficios particulares.
En el caso del actual presidente, Yoon Suk-yeol, se suma haber ganado la Presidencia en mayo de 2022 por un margen muy estrecho (0,73%) lo que, visto desde otra perspectiva, le obligaba a tender puentes de diálogo con la otra mitad del país. Sin embargo, desde un comienzo asumió un discurso confrontacional al tildar de “comunista” a la oposición, fuerte en la legislatura anterior. Se rodeó de asesores de la vieja guardia y estableció su oficina en el entonces Ministerio de Defensa como una señal de regreso a la línea dura. Por otro lado, fracasó al intentar el aumento de horas de trabajo semanales o controlar la Agencia Nacional de Policía, que insubordinada se lanzó a la calle para protestar. A lo largo de los dos años y medio de mandato su popularidad cayó a un magro 19% mientras el rechazo alcanzó un 74%, antes de los incidentes del martes. Como si fuera poco, tanto él como su esposa han sido acusados por casos de corrupción.
El pasado 10 de abril el partido del Poder Popular (PPP) del presidente Yoon perdió las elecciones legislativas. Aunque ganara cinco puestos, obtuvo apenas 108 escaños de un total de 300. Las fuerzas opositoras lideradas por el partido Democrático (170 diputados) dominan en la Asamblea Nacional. A pesar de ello, el presidente prefirió seguir usando su autoridad presidencial, y enfatizó en un discurso ultramontano apoyado por el establishment militar y de seguridad, que tiene una gran presencia en una Corea técnicamente en guerra. Recordemos que la paz se rige por el frágil armisticio de julio de 1953, no por un Acuerdo. En otras palabras, Yoon eligió un discurso más acorde con la guerra fría que el que requiere la moderna sociedad coreana de hoy.
Esto generó un rechazo visceral en las filas opositoras, y el campo de batalla se situó principalmente en el Parlamento. Ambas partes contribuyeron a erosionar el inestable clima político, bloqueándose mutuamente. De hecho, la semana previa a la declaratoria de la Ley Marcial, la oposición multiplicó los procesos para destituir a altos cargos del gobierno (Director de la Oficina de Inspección y Auditoría; tres fiscales, entre ellos el del Distrito Central de Seúl) y politizó el debate presupuestario a fin de erosionar al gabinete, particularmente en las partidas de inteligencia, operaciones encubiertas y amenazas a la seguridad nacional. Por su parte, el Gobierno denunció estas maniobras como intentos de paralizarles e impedir que se investiguen casos de corrupción contra el principal líder opositor. Es en este contexto que el Presidente, mal aconsejado, declaró la Ley Marcial.
Además, elucubró con la polarización respecto a Norcorea, mientras Pyongyang literalmente dinamitaba todo tipo de entendimiento con el Sur. Es probable también que el Mandatario haya especulado que la expansión de la onda antiliberal en el mundo político occidental pudiera favorecerle. Particularmente, que la próxima presidencia norteamericana de Donald Trump pudiera serle conveniente, cuando llama a combatir al enemigo interno.
Todo el entramado de la declaratoria de Ley Marcial fracasó estrepitosamente por la decidida acción de civiles que en medio de la noche rodearon el edificio de la Asamblea evitando que fuera tomado por un pequeño destacamento. Esto permitió a los parlamentarios llegar al recinto y revocar constitucionalmente la medida presidencial, por la unanimidad de los 190 presentes. Varios diputados del PPP de gobierno votaron junto a la oposición. La misma organización de la operación del Ejecutivo fue desastrosa, una chapuza, desde el momento en que la mayoría de los mandos que debían implementarla se enteraron de ella por la prensa.
Las brumas de este bochorno siguen estando allí. Ya renunció el ministro de Defensa asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido y pidiendo perdón. Hoy sábado se debería votar la acusación constitucional en contra del presidente Yoon que, aunque contó con el apoyo oficial de su partido en un comienzo, ya tiene en su contra al presidente del mismo y a varios de sus parlamentarios.
La oposición necesita sólo ocho votos de estas filas para aprobar la moción. En caso de aprobarse, la Presidencia interina pasaría a ocuparla el primer ministro Han Duck-soo, viejo amigo y conocido nuestro, que en su día impulsó y negoció el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, el primero para Corea. Durante su Presidencia el Tribunal Constitucional debería refrendar (o no) la legalidad de la destitución que eventualmente apruebe la Asamblea Nacional, convocar a nuevas elecciones dentro de 60 días y conducir el ordenado traspaso del cargo.
A los coreanos les preocupa en estos momentos su imagen internacional, larga y costosamente construida, pero que no descansa en la política sino en la solidez de su economía que proyecta un crecimiento de un 2,2% este año y un 2% el próximo; con una inflación de un 1,3% este año y por debajo del 2% el 2025; una notable resiliencia ante desafíos globales, y políticas monetarias y fiscales que garantizan su estabilidad macroeconómica, según el FMI. El prestigio de Corea radica en su creatividad de alcance mundial, en la música moderna, la literatura, el cine, los moldes estéticos, las artes marciales. Su renombre está vinculado a la innovación científica de vanguardia.
El desafío ahora es agregarles estabilidad política a estos impresionantes logros. Los elementos para ello anidan dentro de la propia sociedad coreana, cuando salieron masivamente a las calles para defender la libertad y la democracia amenazadas. También, cuando dejaron que las instituciones funcionaran y el propio presidente Yoon se tuvo que apegar a la Constitución ante el voto unánime de la Asamblea Nacional en su contra.
Ahora, más que nunca, se hace necesaria una reforma constitucional, reclamada desde el 2017 cuando el país sufrió otra crisis similar. Sería deseable recuperar el espíritu de cambios políticos de 1987, liderado entonces por el gobierno militar y la oposición, aprobados en plebiscito por el 93% de los coreanos. Entre nosotros, Corea es admirada y además es nuestro quinto socio comercial. Todos necesitamos su estabilidad.
