Columna Realidad & Perspectivas, N*123 (marzo 2024) Milos Alcalay, embajador (r) y exviceministro de RR.EE. venezolano (1994-1996)
El secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile produjo una indignación mundial. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela eran conocidas en la Corte Penal Internacional y demás organismos vinculados a los Derechos Humanos, pero ahora se evidencia el peligro de trasladar fuera de las fronteras venezolanas la persecución a opositores.
Las autoridades chilenas actuaron de inmediato para no dejar impune ese crimen, mientras que las autoridades venezolanas reaccionaron con un silencio y una indiferencia preocupantes, especialmente porque algunos especialistas destacaron que existían serios indicios de responsabilidad por la forma profesional del secuestro, por el uso de uniformes policiales, chalecos antibalas, información de inteligencia y otros indicios que demuestran que no se trataba solo de un crimen de los delincuentes del Tren de Aragua, sino el deseo de silenciar a disidentes.
La denuncia escrita de 185 páginas que hizo la víctima con los nombres y apellidos de los Generales vinculados a la corrupción, a la tortura, al narcotráfico, a las relaciones con terroristas, al crimen organizado, fue entregado a la opinión pública al día siguiente del asesinato por el hermano del teniente Ojeda.
El presidente Maduro y sus colaboradores usan y abusan del poder para reprimir y para esconder el rechazo popular que 25 años de destrucción del Estado de Derecho han convertido al chavismo en fuerza minoritaria. Por ello, para aferrarse al poder han incrementado ataques permanentes contra militares y civiles (en las cárceles de Venezuela hay hoy más presos políticos militares que civiles). El nerviosismo por el aislamiento los ha llevado a actuar torpemente dentro y fuera de las fronteras con su pregonada “furia bolivariana”.
El 5 de marzo del 2024, Estados Unidos prorrogó el Decreto que declara a Venezuela como una “extraordinaria amenaza” a su seguridad nacional. Esa amenaza no es solamente contra Estados Unidos. También va dirigida a otros países e instituciones internacionales como se evidencia con la expulsión de los representantes designados por la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitud de Maduro. Pero como no les agradó el Informe, sorpresivamente expulsaron a los 14 funcionarios internacionales, dándoles 72 horas para abandonar el país.
Igualmente desproporcionado ha sido declarar persona non Grata a 446 eurodiputados por aprobar una resolución exigiendo elecciones libres, o insultar a los jueces de la Corte Penal Internacional por cumplir los alcances del Tratado de Roma, o amedrentar a Guyana con la designación de un Gobernador militar del Esequibo en disputa, o incumplir los Acuerdos de
Barbados, o el silencio en relación con el secuestro y asesinato del teniente Ojeda en Chile, o las diversas intervenciones de desequilibrio en el hemisferio, denunciadas por la Canciller Argentina.
Todo ello muestra la prepotencia de un régimen que no respeta ni siquiera el límite de sus fronteras y que pretende imponer una “pax bolivariana” que no es otra cosa que una hegemonía inaceptable y un riesgo a la seguridad hemisférica.
Los países de América Latina y de otras regiones presentes en los Acuerdos de Barbados, deben exigir que se respete lo acordado y que cesen las medidas inconstitucionales contra la líder de la oposición María Corina Machado, quien se ha convertido en un fenómeno político que ha logrado un respaldo incontestable en el país, permitiendo que sean los venezolanos los que fijen el rumbo de su destino.
