Columna Realidad y Perspectivas, N*105 (06.11.2026) Sebastián Lorenzini A., presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA)
La diplomacia contemporánea se despliega en un escenario internacional signado por una marcada volatilidad geopolítica, disputas comerciales complejas y aceleradas transformaciones tecnológicas. Frente a este panorama, la representación exterior de un país no puede depender de la improvisación ni de los vaivenes de la política coyuntural. Para Chile, fortalecer una diplomacia de Estado profesional y fundamentada en el mérito no constituye una pretensión corporativa, sino una responsabilidad republicana y un estándar esencial de seguridad exterior.
En su esencia, el Servicio Exterior chileno es el cuerpo técnico encargado de resguardar los intereses permanentes de la República. A diferencia de los nombramientos de confianza transitoria, las y los diplomáticos de carrera ingresan al servicio público mediante concursos de oposición altamente competitivos. Tras ser seleccionados entre cientos de postulantes, cumplen dos años de especialización en la Academia Diplomática Andrés Bello (ACADE). Posteriormente, desarrollan trayectorias que promedian casi cuatro décadas de servicio, caracterizadas por traslados internacionales, evaluaciones permanentes de desempeño y perfeccionamiento técnico.
Esta preparación representa una inversión directa del Estado en capital humano de excelencia. Prescindir de este conocimiento acumulado para recurrir a designaciones discrecionales genera costosas curvas de aprendizaje e ineficiencias operativas que impactan la capacidad negociadora del país. La diplomacia profesional ofrece resultados inmediatos y garantiza la continuidad institucional requerida para consolidar redes de confianza de largo plazo.
En este contexto, la defensa del histórico principio del 80/20 –que establece que al menos el 80% de las embajadas y misiones diplomáticas deben ser lideradas por funcionarios de carrera, limitando al 20% los nombramientos políticos– cobra singular vigencia. En la práctica internacional comparada, naciones con servicios exteriores consolidados, como Brasil o España, exhiben niveles de profesionalización que alcanzan o superan este umbral, demostrando que la representación del Estado gana solidez cuando descansa en cuadros técnicos. Por el contrario, cuando la cuota política se incrementa, se genera un “cuello de botella institucional” que frena la movilidad ascendente, desmotiva a las promociones jóvenes y dificulta la renovación de liderazgos.
La ciudadanía percibe de forma clara este imperativo. Estudios de opinión pública recientes reflejan un amplio respaldo ciudadano a que las jefaturas de misión sean asumidas por diplomáticos profesionales, posicionando al mérito por encima de la cercanía partidaria. A su vez, los desafíos internos de la carrera –como la reducción de las brechas de género en los grados superiores y la modernización de la evaluación– exigen un servicio exterior dinámico e inclusivo.
Consagrar normativamente la profesionalización diplomática es blindar la capacidad de Chile para promover sus intereses estratégicos y proteger a sus connacionales ante el mundo. En tiempos de incertidumbre global, la diplomacia profesional es la garantía de que Chile hablará siempre con una voz técnica, coherente y digna de un Estado soberano.
