Columna Atalayar, 04.11.2026 Gustavo de Arístegui, abogado, embajador ® político PP y analista geopolítico español
- Doble golpe, guerra entre el jefe del Estado y el primer ministro, y el acecho de los extremos
Claves
Qué ha pasado: El viernes 30 de octubre, la jueza Anna Korwin-Piotrowska —elegida por el Sejm, la cámara baja del Parlamento, pero a la que el presidente Karol Nawrocki se niega a tomar juramento— suspendió durante un mes al presidente del TK (Trybunał Konstytucyjny, Tribunal Constitucional), Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, mientras la policía antidisturbios cercaba la sede y siete magistrados elegidos este año entraban escoltados por una puerta trasera. Nawrocki ordenó que su avión, rumbo a Senegal, diera media vuelta y entró de madrugada en el edificio entre empujones.
La tesis: Polonia padece un doble golpe. El primero, a cámara lenta, lo han perpetrado durante una década las fuerzas extremistas que capturaron el Tribunal, lo convirtieron en búnker de facción y después en tapón: el ziobrismo y sus terminales, con la ultraderecha en la calle. El segundo, un golpe de mano, lo intentó el Gobierno el 30 de octubre con un atajo jurídico que hasta los juristas más críticos con el anterior Gobierno consideran inexistente. Ninguno de los dos legitima al otro.
Lo que no es: Polonia sigue siendo una democracia plena; tildarla de Estado policial o de régimen autoritario, como hacen hoy Jarosław Kaczyński y la ultraderecha, es un disparate. Lo que sí sufre es una guerra civil institucional que amenaza con alumbrar dos tribunales constitucionales rivales.
Quién gana: Los extremos. La ultraderecha antisemita de Grzegorz Braun ya exige salir de la Unión Europea; Konfederacja llama a «derrocar» al Gobierno; en la izquierda radical, Lewica boicotea el diálogo y Razem propone desmantelar el control concentrado de constitucionalidad. Moscú observa, complacida, cómo se paraliza el baluarte oriental de la OTAN.
La salida: Solo un «reset» constitucional pactado por mayoría de dos tercios entre la KO (Koalicja Obywatelska) de Donald Tusk y el PiS (Prawo i Sprawiedliwość) puede cerrar la herida. Polonia ya supo pactar las reglas con su peor adversario en la Mesa Redonda de 1989; España, en 1978.
La noche del 30 al 31 de octubre
Hacia las seis de la tarde del viernes, la web del TK publicó un escueto aviso: se ordenaba una «pausa en el ejercicio de funciones» de su presidente, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, durante un mes. La firmante era Anna Korwin-Piotrowska, una de las cinco personas elegidas en 2026 por el Sejm a las que el presidente de la República ha negado el juramento. Para atribuirse la condición de magistrada «más antigua» —la que le permitiría asumir la dirección del Tribunal—, computó su carrera desde que empezó como aprendiz judicial en 1995. A la vez, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, solicitaba el levantamiento de la inmunidad de Święczkowski y de Sochański.
La operación tuvo una logística precisa. Agentes del SOP, dependiente del Ministerio del Interior, escoltaron a siete de los magistrados elegidos este año, que accedieron al recinto por la verja que lo comunica con la Cancillería del primer ministro y no por la entrada principal. Según la portavoz del Tribunal, se ordenó a los vigilantes recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. La policía, que acudió a petición escrita de Korwin-Piotrowska invocando un riesgo para la vida y la salud de jueces y empleados, cercó la sede e impidió el paso a Święczkowski y a Sochański. La cuenta oficial del Tribunal en X denunció la toma «ilegal» de su web, negó que Korwin-Piotrowska fuera jueza y calificó lo ocurrido de delito de golpe de Estado.
Fuera, el clima era de asedio. Simpatizantes de PiS llevaban semanas acampados ante el Tribunal precisamente para impedir que el Gobierno introdujera por la fuerza a sus magistrados. Al caer la tarde, un grupo de manifestantes cortó la verja con una radial; Święczkowski llegó a entrar, se topó con el cordón policial y se retiró. Hubo tres detenidos. Ante la sede se dejaron ver Kaczyński, el ex primer ministro Mateusz Morawiecki, la expresidenta del TK Julia Przyłębska y los dos jefes de Konfederacja, Sławomir Mentzen y Krzysztof Bosak.
Nawrocki, en vuelo hacia Senegal para una visita de Estado, ordenó que el avión diera media vuelta sobre España y aterrizó en Varsovia antes de las diez de la noche. Tras reunirse con Święczkowski y con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, se presentó en el TK hacia la una de la madrugada. Las imágenes muestran forcejeos con varios magistrados, entre ellos Korwin-Piotrowska; a su «somos jueces del Tribunal Constitucional», el presidente replicó que no lo eran. Permaneció en el edificio hasta cerca de las cinco. A primera hora del sábado, su jefe de gabinete leyó una declaración que denunciaba la «violación del orden constitucional» y la «toma por la fuerza» de un órgano del Estado, exigía la retirada de las fuerzas enviadas por el Gobierno y convocaba consultas urgentes con los grupos parlamentarios, invocando una amenaza para la seguridad interior.
Tusk respondió con una fórmula que resume su doctrina: restaurar el Estado de derecho tras los años de arbitrariedad de PiS es un deber, un proceso difícil y a veces doloroso que exige acción decidida, porque «no hay otro camino». En agosto, en el foro Campus Polska, ya había advertido de que sus métodos no gustarían a todos.
A las consultas del sábado en el Palacio Presidencial confirmaron su asistencia dos socios del Gobierno —el viceprimer ministro, ministro de Defensa y líder del PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, y Szymon Hołownia, jefe del grupo parlamentario de Polska 2050— y Bosak, por Konfederacja. La izquierda gubernamental, Lewica, rehusó asistir. Dos embajadores nombrados en la etapa de PiS dimitieron en protesta: Jakub Kumoch, en Pekín, y Paweł Soloch, en Bucarest, antiguo jefe de la BBN. El embajador de Estados Unidos, Tom Rose, calificó los hechos de «muy graves», subrayó que no corresponde a Washington juzgar los asuntos internos de un aliado y pidió calma a todas las partes. Korwin-Piotrowska ha convocado para el 3 de noviembre la Asamblea General de jueces, que debe aprobar el presupuesto del Tribunal para 2027; Święczkowski responde que reunirá por su cuenta a los que considera los únicos jueces legítimos. Polonia se asoma a la bicefalia.
Conviene empezar por el pecado original, porque sin él nada de lo ocurrido el viernes se entiende. En octubre de 2015, la mayoría saliente de la PO y el PSL eligió a cinco magistrados, dos de ellos para vacantes que se producirían ya en la legislatura siguiente: fue un primer abuso, y el propio TK lo declaró inconstitucional. PiS, sin embargo, fue mucho más lejos. Anuló también los tres nombramientos válidos y colocó en su lugar a sus propios candidatos —los llamados sędziowie-dublerzy, literalmente «jueces dobles» o suplantadores—, a quienes el presidente Andrzej Duda tomó juramento. El Gobierno de Beata Szydło se negó en 2016 a publicar sentencias del Tribunal, y a finales de ese año la presidencia recayó en Julia Przyłębska, a quien Kaczyński describía como amiga cercana.
Los tribunales europeos tomaron nota. En mayo de 2021, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) dictaminó en el asunto Xero Flor contra Polonia que una sala del TK integrada por un «juez doble» no era un tribunal establecido por la ley. Ese mismo año, el TK declaró incompatibles con la Constitución polaca determinadas disposiciones de los tratados de la Unión Europea, lo que llevó a la Comisión Europea a demandar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. El órgano concebido como contrapoder se había convertido en instrumento del poder.
El cambio de mayoría de 2023 no deshizo el nudo: lo apretó. En diciembre de 2024, Duda nombró presidente del Tribunal a Bogdan Święczkowski, ex fiscal nacional y estrecho colaborador de Zbigniew Ziobro, el ministro de Justicia que diseñó la ofensiva contra la independencia judicial; Święczkowski había respaldado en 2012 la creación de Solidarna Polska, el partido de Ziobro. En enero de 2025, el nuevo presidente del TK presentó ante la fiscalía una denuncia de sesenta páginas que acusaba a Tusk y a sus ministros de formar una «organización criminal» para perpetrar un golpe de Estado: un juez constitucional convertido en actor de parte. El padrino político de esta red se refugió en Budapest en octubre de 2025, obtuvo asilo de Viktor Orbán en enero de 2026 y huyó a Estados Unidos en mayo; el 2 de julio, el nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar le retiró el estatuto de refugiado.
En 2026, el bloqueo se volvió total. El Sejm eligió ocho magistrados —seis en marzo, uno en junio y Maciej Berek en octubre—, lo que en teoría daría la mayoría a los designados por la coalición actual en un Tribunal de quince miembros. Nawrocki tomó juramento a tres (Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek y Sławomir Patyra) y se lo negó a cinco (Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda y el propio Berek). Los rechazados juraron en el Sejm ante notario y remitieron el acta a la Presidencia. Święczkowski no les reconoció la condición de jueces e ignoró la medida cautelar del TEDH de mayo, que ordenaba a las autoridades polacas no obstaculizar su toma de posesión, alegando que Estrasburgo carecía de competencia. El 12 de mayo, una sala integrada por magistrados de estatus discutido sentenció (asunto K 3/26) que el presidente no está obligado a tomar juramento a todo elegido por el Sejm; la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional— sostuvo, por el contrario, que el papel presidencial en el juramento debe ser ceremonial. Según el juez Patyra, uno de los tres que juraron ante Nawrocki, la presidencia de Święczkowski bloqueaba la Asamblea General y el presupuesto, repartía los asuntos de forma arbitraria e impedía juzgar a los elegidos en 2026.
Esto es lo que cabe llamar un golpe a cámara lenta. No hay tanques ni proclamas, sino la ocupación sistemática de un órgano de contrapoder por una facción, su conversión en búnker y, cuando esa facción pierde las elecciones, su uso como tapón para impedir que gobierne quien las ganó. A la estrategia la acompaña la calle: el campamento permanente ante el Tribunal y la radial contra la verja. Las fuerzas extremistas —el ziobrismo dentro del Estado y la ultraderecha fuera de él— bloquearon el TK mucho antes de que Tusk enviara a la policía.
El segundo golpe: anatomía de un atajo
Nada de lo anterior autoriza lo que el Gobierno hizo el viernes. La base jurídica invocada —una remisión genérica de la ley sobre el estatuto de los jueces del TK a las normas aplicables al Tribunal Supremo y, por esa vía, a un precepto que permite apartar de inmediato a un juez sorprendido en flagrante delito— no resiste el menor examen. Lo ha explicado Marcin Matczak, catedrático de la Universidad de Varsovia y uno de los críticos más severos de las reformas de PiS, que considera a Święczkowski la peor persona posible para presidir el Tribunal: la responsabilidad disciplinaria de los magistrados constitucionales está regulada en detalle, de modo que no cabe la analogía; el ministro de Justicia supervisa los tribunales ordinarios, no el TK, y los jueces constitucionales, conforme al artículo 195 de la Constitución, solo están sometidos a la Constitución. A su juicio, el atajo vulnera hasta cinco preceptos constitucionales y entierra la credibilidad del Tribunal durante dos décadas. Su conclusión debería grabarse en la puerta de todos los ministerios de Justicia de Europa: el Estado de derecho no se restaura por la fuerza. Añadió una advertencia certera: el precedente quedará a disposición del próximo Ziobro.
El método agrava el fondo. Actuar con el jefe del Estado fuera del país, introducir a los magistrados por la puerta de la Cancillería bajo la custodia de un servicio dependiente del Ministerio del Interior, tomar la web oficial y rodear el edificio de antidisturbios no son gestos de quien restaura la legalidad, sino de quien ocupa una plaza. Que la jueza que se arroga la presidencia haya computado su antigüedad desde un aprendizaje judicial de hace treinta y un años roza la caricatura. Tampoco la actual mayoría está libre de la tentación que denuncia: Maciej Berek, a quien Tusk llamó su «mano derecha», ha sido elegido magistrado constitucional. Como recordó Adrian Zandberg, líder de Razem, la Plataforma eligió jueces de más, PiS sentó a políticos en el Tribunal y la mayoría actual ha hecho lo mismo.
Los propios socios de Tusk tomaron distancia. Hołownia escribió que lo ocurrido avergüenza a Polonia, que el uso de la fuerza ahonda el hundimiento del Tribunal, y pidió al presidente y al primer ministro que negociaran ese mismo día un «reset». Kosiniak-Kamysz anunció que plantearía ante el presidente la seguridad del Estado y la paz social. Que Kapiński —él mismo objeto de una investigación fiscal desde junio— hable de golpe resta autoridad a la acusación; que Matczak denuncie la ausencia de base legal se la multiplica.
Lo del 30 de octubre merece, sin hipérbole, el nombre de intento de golpe institucional: un poder del Estado, el Ejecutivo, decidiendo por la vía de hecho quién preside otro, la jurisdicción constitucional. Que el desalojado sea un hombre de Ziobro no cambia la naturaleza del acto. En un Estado de derecho, el fin no santifica los medios, porque los medios son, precisamente, el Estado de derecho.
Jefe del Estado contra primer ministro: la cohabitación como guerra
Polonia es una república parlamentaria con un presidente elegido por sufragio directo y dotado de un arma formidable: el veto legislativo, que solo una mayoría de tres quintos del Sejm (276 de 460 escaños) puede levantar y que la coalición de Tusk no reúne. Desde su toma de posesión, el 6 de agosto de 2025, Nawrocki —independiente respaldado por PiS y afín a Donald Trump— ha hecho del veto un programa de oposición. Su decisión más grave fue vetar, el 12 de marzo, la ley que permitía a Polonia canalizar 43.700 millones de euros en préstamos del programa SAFE, del que el país era el primer beneficiario, con el argumento de que hipotecaba la soberanía nacional. Que el presidente del país más expuesto a Rusia frene la financiación de su propio rearme retrata la peor cara del soberanismo populista. En julio vetó además la ley de uniones civiles, y reclama una reforma constitucional hacia un sistema semi presidencialista.
El TK se ha convertido en el campo de batalla decisivo de esa cohabitación porque es el árbitro de todas las demás. El debate no es nuevo. En 1931, Carl Schmitt sostuvo en Der Hüter der Verfassung que el custodio natural de la Constitución de Weimar era el presidente del Reich; Hans Kelsen le replicó ese mismo año, en ¿Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, que solo un tribunal constitucional independiente podía serlo. Nawrocki, al negarse a jurar a magistrados elegidos por el Parlamento y al presentarse de madrugada en el Tribunal del brazo del primer presidente del Supremo, se comporta como el guardián schmittiano: árbitro y parte a la vez. La historia de Weimar enseña lo peligroso de esa confusión.
Tampoco midió sus actos. Un jefe del Estado que se abre paso a empujones entre jueces —por discutible que sea el estatus de estos— degrada la magistratura que encarna. El Gobierno respondió escalando: Żurek pidió a la fiscalía examinar la conducta de un presidente protegido por inmunidad, y Berek le acusó de agredir físicamente a una jueza. Es lo que el jurista estadounidense Mark Tushnet bautizó en 2004 como constitutional hardball: estirar las competencias legales hasta el límite de su letra y contra su espíritu. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt identificaron las dos barandillas sin las que ninguna constitución sobrevive: la tolerancia mutua, que consiste en aceptar al adversario como legítimo, y la contención institucional, que obliga a renunciar a usar todo el poder que la ley permite. En Varsovia ambas han saltado por los aires.
Hay, con todo, un gesto rescatable: la convocatoria de consultas. Si Nawrocki aspira a ser el árbitro que su cargo exige, debe sentar en esa mesa al primer ministro y no solo a los socios de este.
La ultraderecha: Braun, Konfederacja y el ala dura de la derecha
Nada retrata mejor la crisis que quién la celebra. Grzegorz Braun, eurodiputado y líder de la KKP, es el rostro del antisemitismo político en la Polonia actual: apagó con un extintor la menorá de Janucá en el Sejm en diciembre de 2023; fue imputado en agosto de 2026 por negar los crímenes nazis tras calificar de «falsas» las cámaras de gas de Auschwitz, y a finales de octubre recibió otras seis imputaciones, entre ellas la de incitar al odio contra los judíos por presentar la Janucá como una celebración satánica. Su partido celebró en junio el Día de Rusia en la embajada rusa. El ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, lo ha definido como fascista, antisemita y delincuente. Ante la noche del Tribunal, Braun evocó el golpe de Józef Piłsudski de mayo de 1926, que dejó varios centenares de muertos en Varsovia, y concluyó que la única salida es abandonar la Unión Europea. La KKP oscila entre el 7% y el 11% de intención de voto y roza el 25% entre los electores de 30 a 39 años: es el partido que más crece. Kaczyński lo calificó en junio de muy peligroso y dijo preferir no gobernar antes que hacerlo con él. Ese cortafuegos es hoy la frontera más importante de la política polaca, y debe mantenerse.
Konfederacja, la otra ultraderecha, más libertaria en lo económico, eligió el lenguaje de la insurrección: Mentzen habló de un Gobierno de «bandidos» y de un país en el umbral de un golpe de Estado, difundió la consigna «¡Derrocar a Tusk!» y pidió convocar el Consejo de Seguridad Nacional. Su propuesta de fondo —un reset que impida a Tusk y a Kaczyński volver a influir en los tribunales— no es descabellada; su retórica, sí.
El ala dura de la derecha nacional conservadora tampoco ha estado a la altura. Kaczyński, que el viernes anunció un «Estado policial» camino del autoritarismo y del totalitarismo, había planteado veinticuatro horas antes, en el Foro de Krynica —la conferencia anual de dirigentes políticos y empresariales—, que si fracasa la reforma de la Unión los Estados descontentos podrían «sencillamente empezar» a negociar su salida. Es un coqueteo irresponsable en un país cuya economía es un 42% mayor gracias a la pertenencia a la UE, según un estudio publicado este año, y donde el rechazo a la integración ha pasado del 5% en 2022 al 14% según el CBOS. El expresidente Duda llegó a hablar de «chusma de bandidos»; Morawiecki, hoy al frente de su propio partido, Rozwój Plus, de «métodos bielorrusos». En el exterior, el coro nacional populista se sumó sin matices: el rumano George Simion, líder de la AUR, y el eurodiputado húngaro Balázs Orbán denunciaron un golpe judicial.
La extrema izquierda: sectarismo y demolición
La izquierda radical polaca es electoralmente débil, pero no inocente. Lewica, socio del Gobierno, respondió a la convocatoria presidencial con un portazo: nadie de la formación participaría, anunció la presidenta de su grupo parlamentario, Anna Maria Żukowska. Negarse a dialogar en plena emergencia constitucional es sectarismo, y empuja al Gobierno hacia la ruptura en lugar de la negociación. Razem, la izquierda radical que abandonó la órbita gubernamental en 2024 evocó por boca de Zandberg el puente Poniatowski de mayo de 1926, la misma imagen que Braun: rara vez se dibuja con tanta nitidez la herradura en la que los extremos se tocan. Su diagnóstico de culpas compartidas es certero; su alternativa, si no hay reset, inquietante: sustituir el Tribunal por un control «difuso» de constitucionalidad a cargo de los tribunales ordinarios, es decir, desmontar el modelo kelseniano que Europa adoptó tras 1945 precisamente para blindar las constituciones frente a las mayorías de turno.
La dimensión geopolítica
Polonia no es un país más. Es el baluarte del flanco oriental de la OTAN, el primer beneficiario del instrumento europeo de rearme y uno de los ejércitos que más rápido crecen del continente. Esta misma semana firmó con el Reino Unido un plan de defensa para disuadir a Rusia y detuvo a un ucraniano acusado de incendiar, por encargo ruso, una empresa de defensa rumana. Un Estado cuyo presidente y cuyo primer ministro se niegan legitimidad mutua, con dos tribunales constitucionales en ciernes y la calle movilizada, es un regalo para Moscú, que no necesita inventar la división: le basta con amplificarla. La guerra híbrida rusa vive de estas grietas.
Para Bruselas, la crisis es una prueba de coherencia. La Comisión cerró en mayo de 2024 el procedimiento del artículo 7 abierto contra Polonia por la captura judicial de la etapa de PiS; si ahora calla ante el atajo de una mayoría afín, dará la razón a quienes la acusan de doble rasero. A la hora de cerrar este informe no constaba un pronunciamiento formal de la Comisión. Washington, en cambio, ha estado prudente: pese a la afinidad de Trump con Nawrocki, su embajador evitó tomar partido y llamó a la contención. Es la línea sensata, la que cabe esperar de un Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio, y conviene que se mantenga. El tablero centroeuropeo, además, ha cambiado: la caída de Orbán y la revocación del asilo a Ziobro privan a la derecha iliberal polaca de su retaguardia en Budapest.
Conclusiones
Ninguno de los dos golpes legitima al otro. Montesquieu lo dejó escrito en El espíritu de las leyes (1748): para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. Un Tribunal capturado por una facción dejó de frenar al poder; un Tribunal asaltado por el Gobierno tampoco lo frenará. La paradoja polaca es que ambos bandos invocan la Constitución mientras la vacían.
Juan José Linz mostró en La quiebra de las democracias (1978) que los regímenes libres no caen solo por obra de sus enemigos declarados, sino por la semi lealtad de quienes, dentro del sistema, toleran, justifican o aprovechan las vías de hecho de los extremos. Ese es el riesgo polaco: que PiS se deje arrastrar por Braun y Konfederacja hacia la deslegitimación total del adversario, y que KO, al justificar el atajo, adopte la lógica que llegó al poder para combatir.
La salida existe y Polonia la conoce. En 1989, la Mesa Redonda sentó al régimen comunista y a Solidaridad para pactar las reglas de la transición; en España, la Constitución de 1978 nació del consenso entre adversarios irreconciliables. Lo que Polonia necesita es una reforma por mayoría de dos tercios que extinga todos los mandatos litigiosos del TK, del Supremo y del KRS, exija mayorías de tres quintos para elegir magistrados, escalone las renovaciones y convierta el juramento presidencial en acto debido. Exige que Tusk y Kaczyński renuncien a ganar la guerra de los jueces; por eso es improbable, y por eso es urgente.
La lección trasciende Polonia. Allí la extrema izquierda es marginal y la ultraderecha antisemita, aislada por un cortafuegos que conviene preservar; en España, la extrema izquierda se sienta en el Consejo de Ministros. Las instituciones colonizadas por un bando acaban recolonizadas por el siguiente, y cada ciclo deja el Estado más débil. El Gobierno social comunista de Sánchez lleva años aplicando la receta: envió al Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una ex alta cargo del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez; colocó a otra exministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la fiscalía general y defendió hasta el final a su sucesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025. Berek es el Campo polaco. A un mes de las elecciones del 29 de noviembre, conviene no olvidarlo.
Polonia se libró del comunismo sin disparar un tiro. Sería una tragedia que perdiera su Estado de derecho a empujones.
