Columna El Montonero, 10.05.2019 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
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La política externa y la interna deben ser coherentes
A pesar del inevitable cambio de régimen en Venezuela son escasos los análisis sobre los escenarios posteriores en un teatro regional caracterizado por la minimización de la izquierda en Sudamérica. Acabaron el Brasil socialista y la Argentina kirchenista aliados de Cuba y gerentes del ALBA, UNASUR, el Foro de Sao Paulo, y los numerosos beneficiarios del petróleo chavista que se pagaba con mayorías en la OEA. Pero la mutación es aún mayor porque la salida de Maduro comprimirá la acción de potencias lejanas como Rusia, Irán o Turquía, mientras el dinamismo económico de EEUU compite con la expansión del capitalismo sui generis de la China comunista (consciente de que el vergonzante apoyo a un deudor multibillonario como Maduro condicionará la voluntad de pago del régimen que lo suceda).
En esa trama regional destacaba la Alianza del Pacífico como contrapeso del bloque izquierdista Atlántico-Caribe, un activo diplomático que fue severamente afectado por el efecto político-económico de la elección de López Obrador en México. El cambio coincidió con la afirmación de las actitudes más combativas de Chile y Colombia contra la dictadura venezolana, a lo que se sumó el realineamiento del Ecuador y su divorcio definitivo con el chavismo.
El resultado es un entorno sudamericano sin izquierdas (que se anticipa también en Uruguay), y un vecindario territorial en el que Bolivia será el único aliado de la Cuba castrista hasta que Evo Morales sea derrotado en las elecciones de octubre (las encuestas pronostican un balotaje que probablemente terminaría sus 13 años de gobierno).
Este panorama a corto plazo tiene que ser una obligada referencia para el Presidente Vizcarra, cuyo inocultable desinterés por la política exterior debe condicionar el manejo profesional de Torre Tagle. A su manifiesta simpatía por Evo Morales y su contemporización con los gobernadores radicales de Puno, Arequipa y Moquegua se suman decisiones como la que comenté en mi artículo anterior: “Recuperemos la soberanía jurisdiccional”, proponiendo rectificar la decisión que nos excluye de la gestión emprendida por cinco importantes gobiernos sudamericanos para que los órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos revisen el criterio del “control de convencionalidad” que vulnera las competencias de los sistemas nacionales de Justicia de quienes firmaron la Convención Americana de DDHH, un tratado suscrito en 1969 en el que NO delegamos expresamente esa facultad soberana. La negativa peruana a participar en esa gestión coincide con políticas que parecen orientadas a sustraer la temática de derechos humanos de la competencia de nuestra diplomacia para trasladarlas al Ministerio de Justicia y DDHH, un sector que no es sino el ejecutor nacional de los tratados vigentes sobre la materia.
Esa extraña decisión coincide con una norma sectorial del Ministro de Justicia (RM 0159-2019-JUS) privilegiando la protección de los “defensores de derechos humanos”, por encima de los derechos de la mayoría de ciudadanos y personas jurídicas. La justifican con un Protocolo que ha sido rigurosamente analizado por F. Olcece en https://elmontonero.pe/columnas/el-protocolo-de-defensores-de-ddhh-del-minjus-como-herramienta-politica.
Anomalías como estas serían menos preocupantes si no surgieran de una política abiertamente condescendiente con el activismo antiminero alentado por la izquierda, no obstante la evidencia de que el desarrollo nacional pasa por el aprovechamiento inteligente de la minería. Los peruanos que votaron por Kuczynski - y sus vicepresidentes - no optaron por esa oferta electoral sino por un programa liberal de centro derecha. La deriva izquierdizante que observamos en el Perú colisiona con la expresión democrática que originó la sucesión constitucional encarnada por quien fue ungido como Primer Vicepresidente de la República.
No debemos escuchar a López Obrador cuando dice que “la mejor política exterior es una buena política interior” porque la historia demuestra que la inteligencia del gobernante reside en conjugar con sabiduría las circunstancias externas y las internas en función del interés nacional.
