Columna El Líbero, 16.05.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
No nos engañemos: Delcy Rodríguez ocupa ilegítimamente el cargo de presidenta Encargada de Venezuela. Sin embargo, estamos convalidando esta situación de hecho en todas partes. Las elecciones en que resultó elegida como vicepresidenta de su país fueron producto de un fraude escandaloso denunciado como tal por todas las naciones democráticas del mundo.
El 3 de enero de este año aceptamos como un mal menor la intervención de EE.UU. en Caracas y la extracción de allí del dictador Maduro, que aparentemente había sido traicionado por Delcy, su hermano Jorge, y el grupo de cercanos a ambos. El comunicado chileno de entonces -en conjunto con los gobiernos de España, México, Brasil, Uruguay y Colombia- expresó nuestra “profunda preocupación y rechazo” a las acciones norteamericanas, pero lo empaquetamos en un lenguaje cauteloso donde insistíamos que la crisis política la debían protagonizar los venezolanos, dueños de su destino y de sus recursos naturales. Es decir, resguardamos calculadamente los principios y fuimos precavidos en condenar la acción norteamericana, apoyada por lo demás, por la mayoría de los venezolanos. El admitido mal menor no significa, sin embargo, arrebatarle los derechos soberanos que le corresponden al “bravo pueblo”, pero pasa el tiempo y lo provisorio se eterniza. Ese es uno de nuestros dilemas hoy.
La usurpadora del poder en Caracas ha sido varias veces elogiada por un gobierno en Washington de rasgos autocráticos, a cambio de sumisión política (con poco resguardo de las apariencias) y de granjerías petroleras. El 1 de abril, EE.UU. levantó las sanciones que pesaban en su contra. Pocos días después Delcy visitó dos naciones caribeñas vecinas, las democracias parlamentarias de Grenada (9) y Barbados (26). El 24 recibió en Caracas al Mandatario colombiano, Gustavo Petro.
La apertura internacional de Venezuela avanza en sintonía con el objetivo de ese gobierno de reinsertarse en el mundo, meta declarada en la intervención de Delcy para conmemorar sus primeros cien días en el poder. En aquella ocasión (19 de abril) anunció el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, del cual Hugo Chávez se había retirado el 2007 por considerarlo un “mecanismo del imperialismo” para imponer políticas económicas “salvajes y explotadoras”. Justo antes, Chávez pagó todas sus deudas. Diecinueve años después el FMI y el Banco Mundial confirmaron también la reanudación de sus relaciones con el gobierno en Caracas. En el Banco, los venezolanos pasan de miembros inactivos a acceder a asistencia técnica y líneas de financiamiento para la recuperación del sistema eléctrico, distribución de agua potable, financiación de hospitales y programas sociales. Ayer la prensa venezolana anunció la próxima llegada a Caracas de una misión del Banco.
Esta semana, Delcy viajó a los Países Bajos para defender los derechos de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el tema del Esequibo, lo que aprovechó como plataforma política a su favor. Salvo en la Eurocámara su viaje no despertó muchos resquemores en la Unión Europea, a pesar de que desde el 2018 tiene prohibido su ingreso a la UE. Los europeos encontraron el mecanismo para admitirla, lo que le sirvió para medir la temperatura en ese continente sobre su Presidencia Encargada. El permiso temporal holandés se basó en el Acuerdo de Sede entre la CIJ y Países Bajos, que permite la entrada a su territorio de representantes de países que toman parte en un litigio. Así, al amparo de los acuerdos de sede podría participar en cualquier foro intergubernamental a nombre de Venezuela. El gobierno español ya le extendió una invitación para que acuda a la próxima Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Madrid el 4 y 5 de noviembre. No sería de extrañar que viaje a Nueva York para participar en la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre. A este ritmo, no falta mucho para que Delcy emprenda giras bilaterales.
Mientras se producen estos avances, las relaciones de Caracas con los países latinoamericanos que hemos tenido una posición crítica hacia la dictadura permanecen estancadas. Al menos no ha trascendido movimiento alguno de acercamiento, a pesar de nuestros empeños para comenzar por restablecer relaciones de tipo consular.
Queremos darles a los residentes chilenos en aquel país las atenciones a que tienen derecho como ciudadanos. Precisamos, igualmente, que el gobierno venezolano admita en su territorio a criminales condenados de esa nacionalidad para que puedan cumplir su pena allí; que reciba a los que se encuentran en situación ilegal; que facilite el regreso de aquellos que desean regresar voluntariamente a su tierra. Necesitamos establecer una cooperación mínima de carácter policial y judicial para frenar el cáncer de la delincuencia y el tráfico de drogas en toda América Latina, que muchas veces tiene su origen en suelo venezolano. Sin relaciones consulares, difícilmente se establecerán vinculaciones de confianza útiles para ambos.
A ellos correspondería dar un primer paso, ya que en una reacción insólita el gobierno del dictador Maduro, del cual Delcy era vicepresidenta, dejó sin protección a sus conciudadanos desde el 25 de enero del 2025, cuando puso término a los servicios consulares de manera unilateral (en agosto del año anterior habían expulsado al personal diplomático chileno en Caracas y retirado al suyo de Santiago). Es decir, quedamos sin comunicación. Especularon, posiblemente, que a través de esta vía irían caducando los documentos oficiales y dificultarían así la participación electoral de sus ciudadanos en el exterior.
Quiero pensar, como lo indican las señales, que debería haber avances también con respecto a nuestros países. Es importante para ellos volver a fortalecer foros regionales de tipo multilateral y revivir el papel que tuvo Venezuela en los mismos, reanudar contactos económicos paso a paso, restablecer una malla de vuelos y viajes intrarregionales, restaurar un cierto nivel de legitimidad entre su diáspora. No resulta creíble una inserción internacional limitada; que se mantengan para nosotros las estructuras “maduristas”, cuando algunos de los actores ya han cambiado.
Hay maneras de proceder con cautela sin perder cara. El establecimiento de servicios consulares al amparo del principio de autonomía jurídica sería el más pertinente, ya que permite que estos servicios operen con independencia a las relaciones políticas. También se puede explorar el funcionamiento de relaciones consulares al amparo de un tercer estado, en la fórmula sugerida por el artículo 27 de la Convención respectiva. Lo único que no podemos hacer es quedarnos inmóviles.
Tampoco podemos claudicar en la restauración democrática en aquel país, la mayor garantía para que Venezuela se dote de instituciones que respeten los derechos de participación de su propia ciudadanía, vaya restaurando la concordia interna y contribuya a la paz y seguridad regionales. Esto parte por gestos que van más allá de lo que han expresado hasta ahora. Quedan en sus cárceles más de 500 presos políticos que no podemos olvidar; queda pendiente el diseño de un calendario electoral transparente y el regreso sin condiciones de esos venezolanos que fueron forzados a exiliarse. Entendemos que no puede ocurrir todo a la vez, pero las señales tampoco pueden tardar.
