Carta La Tercera, 09.05.2015 Beatriz Corbo, Fundación Jaime Guzmán
Después de los alegatos de ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, podemos concluir que los esfuerzos bolivianos enfocados a que la Corte obligue a Chile a negociar, con el propósito expreso de cederle parte de su territorio, carecen de sustento legal para seguir siendo analizados por dicho tribunal.
Reconociendo la existencia de precedentes sobre declaraciones unilaterales de estados, que al hacerlas generaron obligaciones con terceros, la demanda boliviana tensiona la credibilidad de los escasos argumentos aportados a la CIJ. La argumentación boliviana pone en un difícil trance a los magistrados, forzándolos a redoblar su capacidad de imaginación para crear derechos sobre débiles bases. Las veces que Chile ha conversado con Bolivia sobre este asunto ha dejado constancia de su intención de atender a una aspiración, no a un derecho, y las negociaciones han tenido como marco el respeto a los tratados vigentes. Conviene recordar que las declaraciones unilaterales de las que Bolivia busca extraer, vía CIJ, obligaciones no atendidas por Chile, han sido sacadas de procesos bilaterales de negociación que no llegaron a concluir o plasmarse en acuerdos. Por lo tanto, nada tienen de unilaterales, pues a Bolivia le cupo una participación determinante en su desarrollo y -lo que es más importante- en el hecho de que no hubiesen podido llegar a un acuerdo.
Chile hizo bien al presentar la objeción preliminar de incompetencia de la CIJ; lo hace no sólo en resguardo de sus intereses permanentes -conforme al Derecho Internacional- sino también por el alto respeto que tiene a la Corte y al Derecho Internacional, ya que estima que la CIJ no merece transformarse en instrumento facilitador de una manipulación política.
