Columna El Líbero, 30.05.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
El lunes se cumplirá un mes desde que se anunciaron las movilizaciones en Bolivia, haciéndose efectivas cinco días después. Los bloqueos tienen secuestrada a la capital y su vecina ciudad de El Alto. Juntas albergan a 1.650.000 personas. El cerco también afecta a Cochabamba, con 660.000 habitantes; a Oruro, con 300.000 y Potosí con 220.000. En el oriente del país el asedio es esporádico porque no cuenta con el favor de la población. Con otras zonas altiplánicas afectadas, cerca de 3,5 millones de personas son víctimas de la acción de grupos renuentes al diálogo civilizado y que buscan el quiebre de la legalidad democrática.
Las principales carreteras que unen a Bolivia con Chile se encuentran bloqueadas y, salvo para los que pueden pagar precios exorbitantes en el mercado negro, el país agota sus existencias. Esto obligó a los países vecinos a enviar ayuda humanitaria. Cerca de 8 toneladas de alimentos llegaron a La Paz en un avión de la Fuerza Aérea. ¿Como entraron? Gracias a que el boicot es intermitente cuando los activistas se van a dormir. Son las ventajas del realismo mágico en que vivimos.
Esa confusión entre realidad y fantasía, tan fructífera para la creación literaria, es un fardo pesado a la hora de gobernar y poner un país en orden. Un lastre para sacarlo de un mundo imaginado. La ficción de los manifestantes se alimenta por una mezcla de aprovechamiento, ignorancia, revanchismo racial, voluntarismo, aspiraciones de poder, disputas internas, ideologías extremas y sordera a la razón. Los que llaman a la rebelión (ellos o sus esposas) generalmente son capaces de manejar sus finanzas personales, pero pretenden seguir saqueando el Estado e hipotecando las posibilidades de crecimiento de Bolivia. De ese cóctel, Evo Morales es un sombrío referente.
El origen del conflicto se encuentra, formalmente, en la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) del pasado 1 de mayo por un incremento salarial del 20% generalizado, a pesar de la situación asfixiante de las finanzas y la economía; en la exigencia de rebaja de los sueldos de los miembros de la administración y el cese de las privatizaciones anunciadas por el Gobierno. Todo debía cumplirse, además, en un plazo perentorio de cinco días.
Al petitorio de la COB se sumó la demanda de los llamados Ponchos Rojos por la escasez y mala calidad del diésel; la petición de nivelación de tarifas de los pasajes y fletes de carga, por los transportistas; el rechazo a las reformas del Presidente Rodrigo Paz y la protección legal y política a Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo (MAS); la mejora de los presupuestos de salud y educación, por los sindicatos respectivos; la estabilización en el acceso a dólares en el mercado financiero, planteado por comerciantes minoristas, etc. Parece que todos creen que este gobierno, que lleva apenas seis meses en el poder, tiene una varita mágica para resolver sus problemas.
Esto ocurre porque el conflicto tiene un trasfondo complejo. El MAS, el grupo político que lideró Evo y gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, cooptó al poder Judicial, a otras instituciones del Estado, a sindicalistas, empresarios, medios de prensa, militares, artistas, intelectuales y grupos políticos. En este lapso generó un crecimiento espectacular de la economía, como en el año 2013 (6,8%), y también sumió al país en la crisis abismal del 2023 y 2024. Si Rodrigo Paz llegó a la Presidencia el año pasado fue, en cierta medida, por las profundas divisiones intestinas del MAS, que se autoexcluyó del poder a pesar de representar a un tercio del electorado (la suma de los votos nulos de los partidarios de Evo y de las otras tres fracciones en que se dividieron). En consecuencia, casi sin representación en el Legislativo este grupo heterogéneo manifiesta su poder en la calle que es, precisamente, lo que estamos presenciando estos días.
Con este telón de fondo, era obvio que el “ultimátum” de la COB al Gobierno se traduciría en la exigencia de renuncia del presidente y la demanda de nuevas elecciones generales dentro de 90 días, requerimientos que obviamente no han sido aceptados. Mientras tanto, el “evismo” insiste en la entrega de “garantías políticas” para su dirigente histórico. Todos estos planteamientos suenan a un golpe de estado civil en curso e implican un quebranto de la Constitución. Representan la intolerancia de los que no creen en la democracia, ni en la alternancia en el poder. La violencia y la calle reemplazan a sus propios errores, película ya conocida por nosotros.
Bolivia es fértil en planteamientos maximalistas. El 2008, diferencias sobre el contenido del futuro texto constitucional, particularmente sobre el reparto de los dividendos de los hidrocarburos y demandas de mayor autonomía de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), dieron origen a paros, protestas, bloqueos de caminos y aeropuertos en aquellos departamentos. Parecía que se quebraba la unidad nacional. Evo Morales acusó entonces a los gobernadores de esos estados de intentar dar un golpe de estado. Esto motivó la mediación de UNASUR, presidida entonces por Michelle Bachelet. Su resultado principal fue facilitar el diálogo del que emergió la actual Constitución. Esa que contiene el derecho “irrenunciable e imprescriptible” de Bolivia al Pacífico.
No pretendo insinuar que la entonces presidenta tuviera algo que ver en la redacción de ese artículo. Fue producto de consensos independientes. Sin embargo, nuestra intervención consolidó en el poder a Evo Morales que, al proclamar su nueva Constitución el 2009, expresó su voluntad de enfilar a Bolivia por un camino del cual no habría vuelta atrás: “Este proceso de cambio es sin retorno; digan lo que digan, hagan lo que hagan. No volverá el neoliberalismo a Bolivia”. Pues bien, el año pasado hubo elecciones, el pueblo eligió un camino distinto al soñado por Evo que, con sus sucesores, dejó el país en ruinas. El exmandatario no toleró el resultado y junto a grupos afines hoy quiere torcer la democracia boliviana según su voluntad.
Todos recordamos las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, a las cuales Evo concurrió cuando el Tribunal Constitucional autorizó su derecho a la “reelección indefinida”. Escrutados el 83,8% de los votos era seguro un balotaje con Carlos Mesa, su principal contendor, y podía perder. Entonces se produjo un apagón. Pocos días después el Tribunal Supremo Electoral lo proclamó vencedor. La OEA y la UE denunciaron las irregularidades y algunos poderosos partidarios de Evo se apartaron de él. Trató de convocar nuevas elecciones con la anuencia del Legislativo, pero había perdido el apoyo de la poderosa COB, de la Policía y del Ejército. A continuación, salió del país para proclamar al mundo ser víctima de un “golpe de Estado” y para hacerle la vida imposible a su sucesora, Janine Añez, recién liberada de un encarcelamiento injusto.
El gobierno de Rodrigo Paz se encuentra presionado no sólo por la COB y demás movilizados, por el mundo “evista” y por la izquierda extrema. En sus propias filas le apremian los partidarios de la mano dura y la oposición tenaz del vicepresidente, Edman Lara. Por otro lado, el presidente necesita mantener y hacer respetar la institucionalidad democrática y la Constitución, para lo cual requiere de las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario, pero sin arriesgar un precio en vidas humanas. Esto último es lo que quiere provocar la COB para repetir la historia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, que tuvo que abandonar Bolivia para no volver nunca más.
Hay gestiones de mediación en curso, pero el tiempo se agota y el desastre humanitario se aproxima. Igualmente, se pierden unos US$ 20 millones diarios. El sufrimiento y los US$ 600 millones ya esfumados son una verdadera calamidad para el país que Evo, el MAS y los ideólogos de izquierda arruinaron con sus sueños afiebrados. Frente a este panorama, no podemos permanecer impávidos en la región.
