Columna Realidad & Perspectivas, N*107 (julio 2022) Milos Alcalay, embajador (r) y exviceministro de RR.EE. de Venezuela
La llegada al poder venezolano del teniente coronel Hugo Chávez Frías, en las elecciones de 1998, produjo al inicio una reacción favorable, inclusive en algunos sectores democráticos del Continente. El desgaste de más de cuatro décadas de la experiencia democrática, con sus éxitos y sus fracasos –falsas promesas de construir un sistema robusto para combatir la corrupción, las violaciones de derechos humanos, empoderar a los pobres, cumplir el mandato de la Justicia Social y cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)– permitieron a un militar golpista, en ese entonces desconocido, llegar a la presidencia. En poco tiempo los hechos demostraron el verdadero talante del régimen chavista. En esencia, su estrategia consistió en la reforma a la Constitución para su permanencia indefinida en el poder. De paso, con violación a los derechos humanos, con tráfico ilícito de coca, ejerciendo control militar y destruyendo sistemáticamente a la oposición.
La megalomanía del líder venezolano no se quedó solo en gobernar para su propio país, sino que se asoció con los lineamientos de su gran maestro, Fidel Castro, para financiar con los enormes recursos del petróleo el modelo de exportación del Socialismo del Siglo XXI.
Tras evidenciar el colapso de la Unión Soviética y la desintegración de sus aliados en Europa del Este, además de la inviabilidad del modelo cubano para llegar al poder (vía revolución armada), Castro, Chávez y otros líderes de la región se agruparon a través instituciones la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) –y después el Grupo de Puebla o Foro de Sao Paulo– para asegurar con elecciones el poder y permanecer indefinidamente en él.
La estrategia, de hecho, logró convertir a nuevos aliados como jefes de Estado. El primero de ellos fue, por supuesto, asegurar el triunfo del movimiento indigenista y de los cocaleros en Bolivia a través de Evo Morales (a quien Chávez ya lo había respaldado anteriormente al invitarlo a giras presidenciales viajando en el avión oficial, rompiendo los protocolos, y como presidente repitió la estrategia chavista para seguir en el poder, reformando la Constitución). Luego aseguraron el retorno del Sandinismo en Nicaragua con Daniel Ortega, la llegada al poder del Partido de los Trabajadores en Brasil con Lula da Silva, de los Justicialistas radicales en Argentina con Néstor Kirschner y Cristina Fernández, revolucionarios de Salón en Ecuador con Rafael Correa, compañeros de ruta como Manuel Zelaya en Honduras, y la lista suma y sigue.
A juzgar por los hechos, durante la segunda década del Siglo XXI, los gobernantes de izquierda como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y posiblemente nuevamente Lula da Silva en Brasil, entre otros, han actuado de manera más cautelosa ante el problema de la violación de los derechos humanos, la democracia y el respeto a la oposición. Esperemos ese sea el camino, y no el de la solidaridad automática con regímenes totalitarios asociados con el crimen organizado que caracterizó la primera década del Siglo XXI.
