Columna El Mostrador, 11.02.2023 Juan Pablo Glasinovic, abogado y exdiplomático
Como ha sucedido en otros procesos electorales en la región, ha predominado la lógica del castigo y no una preferencia ideológica en uno u otro sentido. La población quiere soluciones concretas a sus múltiples problemas y necesidades y votará por quien crea pueda hacerse cargo de ellas efectivamente, independientemente de su color u orientación. En Ecuador hace unos años se produjo una reacción contra Correa por su autoritarismo y corrupción favoreciendo un giro hacia la derecha. Pero ahora la marea popular parece querer otra alternativa. Lo dramático es que la oferta política parece consistir en las sillas musicales, con los mismos liderazgos e ideas que en contextos anteriores. Esto como bien lo sabemos, puede derivar en la elección de liderazgos rupturistas que mayoritariamente pueden ser peligrosos para la gobernanza democrática.
El domingo pasado Ecuador tuvo una gran jornada electoral de mitad de período gubernamental. Ese día se renovaban en todo el país los prefectos y viceprefectos provinciales (equivalentes a gobernadores y vicegobernadores), alcaldes, concejales y vocales. Se sumó además un referendo propuesto por el gobierno con ocho preguntas con las alternativas del “sí” y “no” para cada una.
El resultado fue desastroso para el gobierno de Guillermo Lasso y se abre una gran interrogante sobre su capacidad para seguir gobernando el país durante los próximos dos años de su mandato.
La oposición correísta (por el expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica en condición de prófugo y condenado a 8 años de prisión por corrupción) triunfó en la mayoría de las provincias y municipios, arrebatándole al oficialismo Guayaquil, que llevaba 31 años en manos del social cristianismo (derecha), e imponiéndose también en Quito.
A la derrota territorial se suma el rechazo de todas las propuestas gubernamentales en el referendo. El origen de esta consulta fue el crítico momento que vive el país, especialmente en materia de seguridad, buscando apoyo político para el gobierno, y consecuentemente oxígeno, para enfrentar una serie de problemas. Entre los temas consultados (casi todos sujetos a reformas constitucionales) estaban: permitir la extradición de ecuatorianos involucrados en criminalidad transnacional; garantizar y reforzar la autonomía de la Fiscalía General del Estado; reducir el número de parlamentarios; exigir a los partidos políticos un número mínimo de afiliados; dar más espacio a la participación ciudadana en la designación de ciertas autoridades; establecer un subsistema de protección hídrica dentro de las áreas protegidas; y un sistema de compensaciones ambientales a las comunidades por su apoyo a la generación de servicios ambientales.
En todas las preguntas del referendo ganó la opción “no”, lo que indica claramente que los votantes castigaron al gobierno por su gestión y no se atuvieron mayoritariamente al mérito de cada asunto planteado. La consulta entonces fue el gran chivo expiatorio de la jornada, para demostrar el descontento ciudadano.
Ecuador, al igual que el resto de nuestra región, ha vivido años muy complicados. Guillermo Lasso triunfó hace 2 años fundamentalmente porque aún estaba vivo el rechazo al correísmo y porque este fue dividido. Pero desde que asumió en mayo del 2021, con una bancada absolutamente minoritaria en el congreso unicameral, ha debido enfrentar a una oposición que no le ha dado tregua ni en el parlamento, ni en la calle. En junio del año pasado, producto de violentas manifestaciones en el país lideradas por organizaciones indígenas, trataron de destituirlo por las muertes que se generaron con la represión policial (6 civiles muertos y 180 heridos en dos semanas), pero no pudieron conseguir el quórum necesario.
Aparte de la efervescencia social con protagonismo indígena, el año 2022 registró la más alta tasa de homicidios desde que existe catastro en el país. Esto se debe a la penetración del crimen organizado transnacional con los carteles mexicanos y colombianos luchando entre sí y por el control territorial y su ascendiente sobre la estructura estatal.
A la alta inseguridad reinante se suma una mala situación económica y la profundización de la polarización.
Ante el creciente acorralamiento al gobierno y la mala proyección para el mismo en los comicios provinciales y municipales, Lasso apostó por intentar romper el cerco con el referendo, que pensaba se hacía cargo de las mayores inquietudes populares, partiendo por el tema de la seguridad y el fortalecimiento de las atribuciones estatales para poder combatir al crimen organizado. Lamentablemente para él, como ya se mencionó, perdió estrepitosamente, quedando en una posición muy vulnerable. Sucedió como tantas veces, que primó el rechazo a la racionalidad de cada propuesta y la gente quiso mandar un mensaje fuerte y claro.
Conocidos los resultados, el presidente Lasso se dirigió al país aceptando el veredicto popular y haciendo un llamado al diálogo político y a la unidad para salir del atolladero. Junto con eso se produjeron renuncias y cambios en su gabinete con la salida de asesores de su máxima confianza, para dar una fuerte señal de que estaba acogiendo el mensaje mayoritario. Pero para la oposición correísta, partiendo por su líder, esto no fue suficiente. Tras el discurso y la invitación presidencial, Rafael Correa llamó a adelantar las elecciones o en subsidio a remover constitucionalmente a Lasso.
Esta exigencia ha sido recogida por la oposición en general, la que pide que el presidente aplique el mecanismo constitucional que permite disolver el congreso y cesar su propio cargo, lo que autoriza anticipar las elecciones siempre y cuando esto ocurra dentro de los primeros tres años del mandato y en función de condiciones que incluyen “una grave crisis política”.
Como es natural, Lasso y su partido no quieren acceder a esta defenestración voluntaria e insisten en concentrarse en los problemas reales del país: seguridad, economía y salud. El tema es que recibió un doble batacazo y su estrategia de cambiar el momento político centrándose en las “necesidades concretas de la población” recibió un portazo popular. Eso lo deja sin piso, sin capacidad de iniciativa inmediata y más vulnerable ante una oposición fortalecida. Quizá su única tabla de salvación es que la alternativa sea peor que lo que él representa y ofrece. En efecto, si se adelantaran las elecciones, ya sea porque el presidente se ve forzado a hacerlo o bien porque es destituido, y se levanta la opción de Correa, ya sea por un adlátere o porque ha sido perdonado y habilitado (tiene 3 vías para ello: Corte Suprema mediante recurso de revisión; Tribunal Constitucional por eventual violación al debido proceso y las garantías individuales; o amnistía), se reeditaría la gran fractura entre partidarios y opositores al correísmo, abriendo tal vez la oportunidad para alguna alternativa populista o más populista, sin respaldo parlamentario. Eso agravaría el marasmo del país y la crisis multidimensional.
Ecuador enfrenta actualmente un triple drama: la cartelización del país que amenaza la institucionalidad democrática con su efecto corruptor y su control territorial criminal con un alto precio en vidas; la persistencia del correísmo que tiene fracturado políticamente al país y que impide el desarrollo de otros liderazgos viables en las izquierdas; y el factor institucional con serias trancas y disfuncionalidades producto de la constitución que hizo aprobar el mismo Rafael Correa. En este último punto destaca el enfrentamiento sistémico casi inevitable entre un congreso unicameral y la presidencia, cuando esta no tiene mayoría legislativa como ha sido el caso de los gobiernos post Correa.
Como ha sucedido en otros procesos electorales en la región, ha predominado la lógica del castigo y no una preferencia ideológica en uno u otro sentido. La población quiere soluciones concretas a sus múltiples problemas y necesidades y votará por quien crea pueda hacerse cargo de ellas efectivamente, independientemente de su color u orientación. En Ecuador hace unos años se produjo una reacción contra Correa por su autoritarismo y corrupción favoreciendo un giro hacia la derecha. Pero ahora la marea popular parece querer otra alternativa. Lo dramático es que la oferta política parece consistir en las sillas musicales, con los mismos liderazgos e ideas que en contextos anteriores. Esto como bien lo sabemos, puede derivar en la elección de liderazgos rupturistas que mayoritariamente pueden ser peligrosos para la gobernanza democrática.
Ante impasses políticas como la de Ecuador y la de Perú en la dinámica presidente-congreso, tal vez sería institucionalmente un gran paso (para los que no lo tienen) establecer elecciones legislativas de mitad de período y así canalizar por el conducto más apropiado el apoyo o rechazo al gobierno. Quien lo ha hecho bien podría mejorar su representación parlamentaria (e incluso tener el control legislativo) mientras que al revés, una mala gestión sería sancionada con la pérdida de escaños (y eventualmente de la mayoría parlamentaria), dando así un claro mensaje popular de cómo debería actuar el gobierno en su segunda mitad. Ojalá esto sea recogido en nuestro propio proceso de redacción de una nueva constitución.
Volviendo a Ecuador, más allá del claro castigo al gobierno no están a la vista las reales alternativas de solución para hacerse cargo de los problemas del país.
