Columna OpinionGlobal, 08.10.2017 Jaime Undurraga M., abogado (U. de Chile) y consultor de empresas
Ya todos sabemos lo ocurrido con el arriba mencionado proyecto minero (más bien del puerto minero del proyecto) y su rechazo ambiental por el Comité de Ministros. Hecho que, incluso, generó una crisis de gabinete grave por la renuncia del Ministro de Hacienda y el de Economía, a lo que la Presidente salió a explicar -tajantemente- que si había que elegir entre crecimiento y medio ambiente ella optaba por lo segundo. Y lo repetió después en la Asamblea de la ONU.
¿Es tan real el conflicto entre crecimiento y medio ambiente? Al día de hoy ¿Es necesario optar por uno u lo otro? ¿Son conceptos excluyentes? La verdad es que no. A menos que alguien se incorpore recién a la discusión del tema ambiental, la cual lleva más de 50 años.
Efectivamente, hasta comienzos de los 80, dichas categorías antagónicas dominaban la discusión ambiental en EEUU e, incipientemente, en el resto del mundo desarrollado. Pero es, precisamente, la llamada Comisión Bruntdlan de la ONU, dirigida por la Ministra Sueca, quien lleva la discusión a un estadio superior y con más futuro. Se establece, por primera vez, el concepto del Desarrollo Sustentable, que implica necesariamente tomar en cuenta el desarrollo económico, el cuidado ambiental y el desarrollo social. Son todos componentes de un mismo sistema y no se trata de conceptos antagónicos sino complementarios. Para ser breve, y producto de lo anterior, en las décadas siguientes se desarrollan y se van afinando las metodologías de evaluación de impacto ambiental que hoy conocemos y aplicamos. Antes de esta etapa, efectivamente la discusión existía: o se era partidario del desarrollo económico o se era partidario del Medio Ambiente.
Pero hoy esa diferenciación es tema del pasado. La disyuntiva no es real, al menos para el grueso de los especialistas en el tema.
Precisamente, para compatibilizar ambos conceptos, además del desarrollo social, es que en un estudio de impacto ambiental lo primero que se elabora es la llamada Línea de Base. Esto es, la descripción lo más completa posible de las características del lugar donde se pretende emplazar un determinado proyecto. Por eso se estudian aspectos tales como: flora, fauna, geología, aire, agua, medio ambiente humano, etc. Se trata de caracterizar el lugar tal cual está antes del proyecto. Luego se le “pone” el proyecto encima y se determinan y se miden los impactos que éste produciría al lugar estudiado previamente. Y de ahí surgen los aspectos fundamentales de la evaluación. Primero que nada, si el proyecto es viable en términos generales; luego si los impactos se pueden compensar (cuando no se pueden evitar) o mitigar (cuando el proyecto lo permite). Pero la evaluación final debe tomar en cuenta todos los factores mencionados. Por ello es que los estudios de impacto ambiental se demoran a veces años y el proceso de evaluación está reglado en forma detallada en nuestro ordenamiento jurídico. Ello, para poder decidir, no entre crecimiento o medio ambiente, sino para analizar cuán viable es un proyecto que debe tomar en cuenta los dos conceptos.
En el caso de Dominga, los estudios de línea de base duraron años y su evaluación formal por los organismos técnicos también. ¿Cómo es posible entonces que después de cinco años de estudios y de evaluaciones recién al final de proceso se determine que faltaban elementos de la línea de base del proyecto y, por tanto, no se podía aprobar? ¿Cómo después de cinco años de tramitación ambiental el órgano político final del sistema “descubre” recién dichas fallas cuando es lo que primero se desarrolla en un estudio de este tipo? ¿Nunca los organismos evaluadores notaron las falencias mencionadas?
Por ejemplo, entre las objeciones observadas y que me llama la atención, se encuentra la que hace mención al impacto que tendrán los buques que vienen a cargar el mineral al puerto (a lo más un par de veces por mes) y a su necesidad de medirlo exhaustivamente para no dañar la fauna marítima del lugar. Pero resulta que por la misma ruta circulan permanentemente más de 100 barcos al mes que hacen el viaje entre Quinteros y los diversos puertos del norte llevando combustible y otros productos. Y nadie los ha evaluado o no se sabe qué impacto negativo podrían estar produciendo. El tráfico marítimo en esa zona es intenso.
Dado los antecedentes con que se cuenta, no cabe duda que la decisión del Comité de Ministros fue eminentemente política (¿ideológica?) y no objeto de su competencia para hacerlo. Pero utilizar la excusa de un conflicto entre 'Crecimiento' y 'Medio Ambiente' por el cual hay que optar, es una mala razón para explicar lo ocurrido.
Esa era, efectivamente, una discusión válida en la década de los 70 o de los 80 del siglo pasado. Pero ya no.
