Columna Infobae, 09.01.2020 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
Venezuela sigue empecinada en el camino político incorrecto y aumenta el aislamiento internacional. La autoproclamación de Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia en noviembre del 2019, complica gravemente el panorama parlamentario venezolano. América Latina y el Caribe casi de manera unánime se han pronunciado al respecto. El Grupo de Lima condenó el agravio de designar sin quórum y a través de un procedimiento irregular un titular de la Asamblea Nacional, como lo hicieron Argentina y México al reconocer que es una conducta inaceptable y que el funcionamiento democrático de Venezuela es fundamental para su futuro político.
Todos los países preponderantes de la región han destacado que el legítimo poder legislativo es un pilar inviolable de las democracias. El canciller argentino, en ese sentido, destacó con claridad que el Congreso debe elegir a su presidente con total legitimidad. Esta crisis en el legislativo venezolano es una gota adicional en un esquema de poder donde ya existe una Asamblea Constituyente que actúa de facto como brazo legislativo del gobierno. También replica la situación institucional terminal de Venezuela, que cuenta con un Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, no reconocido por la oposición. Ya dicho tribunal declaró en desacato a la Asamblea Nacional en el 2016, por lo que considera nula todas sus decisiones.
En el 2020 correspondería elecciones parlamentarias para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional. En principio la elección tendría que tener lugar el 6 de diciembre, aunque aún no hay confirmación oficial de fecha, y debería llevarse a cabo a través de votación universal y con verificación internacional. Los diputados electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones por el período constitucional entre el 5 de enero del 2021 hasta el 2026.
La oposición encabezada por Juan Guaidó exige, junto a las elecciones parlamentarias, comicios presidenciales sin la candidatura de Nicolás Maduro. Es de suponer que ese será el escenario de la próxima batalla por recuperar la democracia venezolana. Es también un desafío para encontrar una salida negociada y responsable a la larga crisis institucional que enfrenta trágicamente Venezuela.
Es hora de facilitar una nueva instancia de diálogo que plantee nuevas perspectivas. El estancamiento de los intentos anteriores como el de República Dominicana o el impulsado por Noruega, deberían estimular a la imaginación en la resolución del conflicto. El Grupo Contadora como el Grupo de los Ocho, en el caso centroamericano, podrían servir de guía de intenciones. Ambas instancias demostraron la importancia de la perseverancia estratégica en la búsqueda de soluciones.
Es de esperar que la diplomacia regional exprese disponibilidad y aproveche la oportunidad, con creatividad y dedicación, para contribuir a que Venezuela encuentre una salida institucional pacífica. También para hacer entender a Caracas que ya llegó la hora de encauzar la vida democrática de Venezuela y poner fin a los excesos y desbordes en materia de derechos humanos. La grave situación humanitaria que vive Venezuela no permite más demora.
