Columna El Líbero, 29.08.2023 Alejandro Kusanovic, senador por Magallanes y Antártica Chilena
La política antártica chilena no es más que una política de prestigio, de titulares y de fotos, que juega al solitario, elude las obligaciones históricas y carece de una visión estratégica.
Se van a cumplir tres años desde que se publicó el Estatuto Antártico, cuerpo legal muy esperado que -tras 6 años de discusión- vino a concretar el marco legal chileno en el Territorio Antártico Chileno, adecuado al Tratado Antártico de 1959.
Dicho Estatuto, fijó un plazo de dos años desde su entrada en vigor (septiembre de 2020), para la dictación de diversos reglamentos para garantizar y materializar la gobernanza en el Territorio Antártico Chileno. Cumplido ese plazo (septiembre de 2022), ninguno de ellos se encuentra vigente. Entre ellos, se encuentra: el Reglamento del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental; el Reglamento de los Comités Nacionales Antárticos; el Reglamento para las actividades antártica que requieren autorización previa conforme a la normativa del Protocolo Ambiental al Tratado Antártico; el Reglamento para homologación de las actividades antárticas de operadores no estatales; y el Reglamento para las actividades turísticas antárticas, etc.
Una omisión grave e inexcusable, que corona una tendencia imperante en el Estado chileno respecto de las zonas extremas en general y la Antártica Chilena en particular. La política antártica chilena no es más que una política de prestigio, de titulares y de fotos, que juega al solitario, elude las obligaciones históricas y carece de una visión estratégica.
Lo anterior, es especialmente grave en el ámbito de la fiscalización de las actividades económicas permitidas en la Antártica y el Mar Austral, esto es, el turismo y la pesca. En el primer caso, es claro que el aumento sostenido del número de visitantes que cada verano se concentran en el área de las islas Shetland del Sur y el sector occidental de la Península Antártica rebasó los límites razonables. No solo en términos del número total anual de visitantes, sino de la exagerada concentración de turistas en pocos días y en pocos sitios de interés, cuyo impacto ambiental desde hace tiempo alerta a los científicos.
El turismo en el sector sudamericano de la Antártica interesa a la economía de Ushuaia, lo que contrasta con la pasividad de nuestra política exterior en el ámbito de la regulación de bacalao y krill que tiene lugar en el ámbito de CCMLAR (uno de los llamados pilares del Sistema del Tratado Antártico). Allí la industria chilena se enfrenta con problemas y falta de apoyo -incluso- con falta de cooperación de servicios públicos que, conforme con lo que los reglamentos del estatuto antártico, debería estar disponibles para facilitar faenas totalmente ajustadas a las más exigentes normas de conservación.
Por donde peca de indolencia ambiental el gobierno, paga la industria pesquera de Chile en el mar austral. La negligencia y el notable abandono de deberes del gobierno con la materialización del Estatuto Antártico, se suma a la exclusión de la Provincia Antártica como territorio especial en el borrador del texto constitucional, ungiendo el ocaso de una política antártica territorialista, construida peldaño a peldaño, con patriotismo y participación de numerosos gobiernos en el pasado.
