Columna El Líbero, 08.02.2025 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Un pariente lejano, chileno a carta cabal que vertebró nuestro país recorriéndolo a caballo hasta Puerto Williams con la bandera flameando a tope en tiempos de insensatez y desvarío, comentó hace unos días en estas páginas que:
“así como el Estado de Chile requiere una urgente intervención para reducir su tamaño y sus ineficiencias, también sería recomendable un análisis serio de lo que gasta Chile en organismos multilaterales y caminar hacia una posterior reducción de costos vía fusiones de algunos organismos y la desaparición de otros”.
Tiene toda la razón. Sin embargo, este ejercicio debiera encaminarse a fortalecer el multilateralismo, la gobernanza global, el ordenamiento del sistema internacional, el diálogo intercultural para la cooperación y defensa de valores y libertades fundamentales. Necesitamos el desarrollo del derecho internacional público, y no podemos permitirnos debilitar este y aquellos supuestos. Todos son imperativos de la política exterior de Chile que ha arrojado resultados tangibles y positivos como el derecho del mar, el sistema antártico, la consagración de la libertad de comercio, entre muchos otros. Lo multilateral es un espacio necesario para la defensa y proyección de los intereses nacionales.
Países como el nuestro necesitan de instituciones internacionales fuertes, reglas claras de alcance universal en las que podamos ampararnos frente a la agresividad de quien pueda controlar la fuerza. Más aún en los tiempos que corren. No hacerlo, equivaldría a quedar a merced de los más poderosos y aceptar, por ejemplo, un intolerable desplazamiento de los palestinos desde Gaza para crear la “Riviera del Medio Oriente”. Ese puede ser el sueño de un constructor, de un developer, pero no de un estadista.
No obstante, durante décadas hemos asistido impasibles a una corrupción del sistema multilateral, particularmente de sus organismos. El 2010, durante la primera administración del expresidente Piñera, a quien recordamos agradecidamente en estos días, hicimos una lista de aquellas entidades a las que contribuíamos desde el presupuesto de Relaciones Exteriores. El propósito era, justamente, fortalecer el concepto de lo multilateral para que volvieran a su verdadera sustancia ante la percepción de que muchas de las instituciones -regionales o globales – habían extraviado su propósito, multiplicado sus funcionarios al alero de mandatos que nadie supo o quiso frenar para no “quedar mal”, o multiplicado hasta el infinito el llamado “lenguaje acordado”.
Ocurre hasta hoy que los organismos nacen, pero rara vez desaparecen, aunque cambie radicalmente la realidad que justificó su origen. Queríamos demostrarle a la opinión pública que éramos responsables con el gasto y resaltar el valor que le asignábamos a los organismos mundiales.
El ejercicio comprendía revisar si se justificaba o no gastar parte de los impuestos de todos los chilenos en entidades tan particulares como la Unión Matemática Universal, que puede ser necesaria y sus actividades muy loables, pero que se alejaban de los objetivos generales de la política exterior. Quisimos evitar las duplicaciones, como era el caso del SELA (Sistema Económico Latinoamericano) con sede en Caracas, destinado a “concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración…..”, que subsiste hasta hoy; o corregir el pago automático, sin mayor debate, a organismos obsoletos para Chile, como era el caso de UNIDO (United Nations Development Organization) que desde su glamorosa sede en Viena “promueve, dinamiza y acelera el desarrollo industrial” (incluso en el lejano Chad) y cuenta con 680 empleados según la información oficial.
En paralelo, aquel año 2010, a pesar de la reconstrucción en curso por el terremoto de febrero, pagamos US$ 44.125.000 a diversos organismos internacionales con lo que se cubrieron cuotas atrasadas por cerca de US$ 18 millones, además de la anualidad pertinente. El 2011, nuestra contribución fue de unos US$ 42 millones, ya que adelantamos el 63% de las obligaciones correspondientes al 2012.
Lo que nunca sopesamos fue el tremendo lobby de apoyo, interno y externo, que cada sugerencia de recorte o fusión iba a suponer. Por ahí, una candidatura insignificante que habíamos presentado de pronto peligraba por afectar los intereses de un país cuyo voto necesitábamos. Por allá, los países sede se sentían agraviados y movían sus influencias para detener la sensata disminución del gasto. Por acullá, de pronto surgía una institución chilena que defendía a ultranza un programa que “enriquecía” su posición relativa en la burocracia local. En otros casos, estábamos allí sólo para que no nos “metieran goles”. Eran numerosos los entes nacionales imbricados en una red internacional de conexiones sobre cualquier materia, y hacían casi imposible proceder con una poda o una fusión a todas luces necesaria. Algo logramos, pero no lo que queríamos.
La red no se limitaba a contactos políticos, simpatías ideológicas. No. Creo recordar que las conexiones académicas, culturales, las de intereses pequeños, o equilibrios regionales fueron aún más poderosas para detener una iniciativa que, me temo, se ha hecho aún más necesaria. Si la “permisología” nos ahoga internamente, la cantidad de entidades internacionales y compromisos de todo tipo ha crecido análogamente.
No es la cantidad de dinero que gastamos en cuotas a los organismos internacionales la variable que debiéramos asumir como principal. Ese monto es relativamente pequeño. Según las cifras oficiales del presupuesto para este año, gastaríamos poco más de US$ 45 millones en contribuciones a estos, además de “transferencias de conocimiento”, cooperación internacional y sustento de las distintas variables de las relaciones económicas internacionales.
Lo cuestionable radica en la cantidad de organismos existentes, activos o no, que reflejan un problema. A nivel mundial, según las cifras proporcionadas por el Anuario de Organizaciones Internacionales, son 75.000, de las cuales 42.000 se encuentran activas. De estas, una parte importante corresponde a ONG, pero otra a entidades intergubernamentales. No quiero especular acerca del número de estas últimas a las que Chile pertenece y contribuye. Cuando revisamos la lista el 2010, ocupaba unas cuantas páginas.
Otro elemento que debemos analizar es la cantidad de funcionarios. Solamente las 15 agencias autónomas que comprende el sistema de Naciones Unidas emplean a 64.718 personas. Esta cifra no incluye todavía a quienes trabajan en las sedes de Nueva York, Ginebra, Viena o Nairobi. A priori, hay que estudiar la pertinencia de los números, pero, sobre todo, los mandatos recibidos.
La solución no radica en salirse de los organismos, tal como la Argentina acaba de anunciarlo con la OMS. Creo que es necesario estimular una alianza mayor junto a otros países que compartan nuestra visión, para recuperar la esencia de las mayores entidades multilaterales, preservar sus logros, y apuntar a una depuración antes que salirse de los mismos, irreflexivamente. A nivel global, tendremos que aguantar el inmediato deterioro de toda la institucionalidad mundial, ya que la tarea deberían encabezarla las futuras administraciones norteamericana y china. A nivel regional, sin embargo, ya deberíamos ir pensando en esto como parte del programa del próximo gobierno.
