Guerra política sin cuartel

Columna
El Montonero, 18.07.2019
J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
  • … para establecer un orden a la medida?

Fuimos ingenuos quienes pensamos que la elección de PPK era una gran oportunidad para el Perú.  Las visiones coincidentes de vencedores y vencidos sobre el desarrollo económico nos llevaron al error de subestimar el rencor provocado por las heridas de campaña. El resentimiento recíproco envenenó la situación atípica generada por los resultados electorales: un Ejecutivo sin base política propia enfrentado a la mayoría aplastante de una oposición parlamentaria amargada. Las confluencias programáticas fueron relegadas y comenzó la guerra política sin cuartel.  Vizcarra la heredó e intensificó. Con su estilo provinciano y rotundo detonó las cargas explosivas de Lava Jato y los CNM Audios, e instrumentó la creciente antipatía ciudadana hacia Fuerza Popular para destrozar la imagen del Congreso.

La lógica de la guerra que se viene aplicando a la política alienta la ilusión de aniquilar al enemigo para establecer un orden normativo constitucional que permitiría concretar un proyecto de gobierno trascendente, manteniendo el poder en mano propia o de aliados confiables. Es una hipótesis avalada por el sostenido ataque de Palacio a los principales activos de su mayor enemigo en el parlamento: una mayoría abrumadora, un partido disciplinado y una Constitución cuyo mayor crédito proviene de los logros del régimen económico que consagra.

Como la variopinta amplitud de la mayoría exige la fuerza de un liderazgo que imponga orden y disciplina, la ofensiva presidencial apuntó a neutralizarlo. El faccionalismo y la  deserción de congresistas alimentó la percepción de una oposición debilitada por una estrategia eficiente de demolición. Con la mira de romper una jefatura partidaria tan ligada a la familia del ex Presidente Fujimori se atizó el conflicto entre los hermanos. Las delaciones y los acuerdos de colaboración eficaz de ex partidarios sirvieron a la Fiscalía para conseguir que la justicia encarcele a la lideresa de FP.

Al reducirse la prioridad necesaria para un manejo eficiente de la política económica, el crecimiento disminuyó progresivamente y se abrió un espacio para criticar la Constitución de 1993.  Vía la reforma política que el Congreso apruebe bajo presión o mediante una asamblea constituyente, lo que se busca es una nueva base normativa para sustentar el ejercicio del poder en lo que resta del mandato presidencial y a partir del 2021.

El plan de operaciones de la guerra política emprendida por los gobiernos PPK-Vizcarra cumple fielmente las “diez reglas” del consultor Maximiliano Aguiar, contratado desde la campaña electoral de 2016. Su doctrina predica que el éxito de un político depende de que se posicione acertadamente frente a las demandas ciudadanas. Ese “posicionamiento” debe ser “permanente” y responder a las exigencias populares.  Siendo la principal fortaleza de un político, funciona como un corsé de hierro para evitar escapatorias inconsultas (aunque admite un “reposicionamiento” si las circunstancias lo exigen). Otra regla del decálogo subraya la importancia de traducir el “posicionamiento” en “un relato con héroes y villanos” capaz de viralizarse y engendrar una “épica colectiva” que lo consolide triunfalmente (ver https://youtu.be/ctbpj3hoB20).

Es importante observar que el recetario del asesor argentino (properonista) responde exclusivamente al objetivo de encumbrar al cliente político individual, sin el menor interés de fortalecer su gestión de gobierno en función del interés nacional.

La secuencia del mandato de Vizcarra demuestra que ha seguido fielmente el decálogo de Aguiar.  Su “posicionamiento” en el Mensaje a la Nación del 23 de marzo de 2018 (poner el “punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”) fue revertido a raíz de los CNM Audios difundidos tres meses después. El escándalo que provocaron marcó el reinicio del hostigamiento al Congreso.

El “posicionamiento permanente” que postula la doctrina del asesor presidencial lleva a suponer que su próxima recomendación sería cerrar el Congreso y liquidar al enemigo. Esperemos que la prudencia del Jefe de Estado resistirá a la tentación de ensayar una aventura antidemocrática que causaría un daño irreparable a la Nación. La decisión es de Martín Vizcarra.

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