Columna El Mostrador, 14.10.2022 Jorge G. Guzmán, abogado, exdiplomático e investigador (U. Autónoma de Chile)
Por supuesto que nuestra avifauna es un activo invaluable que el conjunto de la sociedad exige proteger. No obstante, para que ello ocurra, podemos suponer que los organismos del Estado poseen –especie por especie– los estudios de etología y de distribución espacial y temporal para, a su vez, exigir a la industria que los proyectos de inversión se ajusten a normativas y estándares con precisión y de antemano establecidos en virtud de esos mismos estudios. Solo así el regulador podría asegurar que cada proyecto industrial se ajusta a estándares biológicos, geográficos y de ingeniería concretos y específicos, esto es, que cada proyecto se ajusta a su ecosistema, y no al revés, que el ecosistema es sacrificado para abaratar aspectos económicos de ingeniería.
Profunda y transversal preocupación ha generado el anuncio del consorcio europeo HIF-ENEL de retirar el estudio de impacto ambiental de su proyecto de generación eólica y producción de combustibles sintéticos en un área adyacente al estrecho de Magallanes.
Por años ese proyecto ha representado la esperanza en una nueva y deseada industria que, por una parte, satisfaga la demanda nacional y mundial de combustibles carbono-neutro y, por otra, sea una contribución chilena de sustancia a la lucha contra el cambio climático.
Para los magallánicos, el proyecto HIF-ENEL lidera una nueva industria que pondría en valor las extensas estepas patagónicas y fueguinas, que antes cobijaron a la ovejería y las explotaciones de petróleo y gas, e hicieron posible la ocupación de un enorme territorio históricamente desatendido por los gobiernos centrales. Hoy, sin embargo, la ganadería extensiva y la producción de hidrocarburos se hallan en franca declinación. No es casual que en los últimos períodos intercensales las comunas rurales de Magallanes fueran las que, a nivel nacional, más habitantes perdieran.
Por lo mismo, para las familias del extremo sur, la naciente industria del hidrógeno verde es sinónimo de esperanza de trabajo y prosperidad.
Sería un error atribuir la decisión HIF-ENEL al estado anímico de esa compañía. El hecho debe asumirse como una señal de grave preocupación de toda una industria que, muy importante, ya ha sido presentada urbi et orbi como un aporte del marco regulatorio transparente y seguro que nuestro país ofrece a los inversionistas internacionales.
Por este motivo algunos observadores la consideran una muy mala señal, especialmente hacia los gobiernos europeos dedicados a preparar el funcionamiento de sus economías con cada vez con menos gas ruso. Desde este ángulo, esos observadores interpretan que no solo el prestigio de Chile se enreda por causa de una burocracia a la que consideran sin adiestramiento estratégico, sino que temen que el posible fracaso un proyecto emblemático termine excluyendo a Chile del anillo de preferencias estratégicas del mundo desarrollado.
Hace pocas semanas, el propio presidente de la República y su ministro de Hacienda invitaron en Nueva York a la comunidad internacional de inversionistas a participar de nuestro desarrollo económico y social, especialmente en el campo de proyectos de inversión en energías renovables.
Pese a esto, el ministro de Economía, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes han preferido atribuir el referido impasse a una suerte de decisión apresurada de HIF-ENEL, agregando que, de ninguna forma, ni el proceso de evaluación ha concluido, ni menos el proyecto ha sido rechazado.
Sin embargo, de sus declaraciones entre líneas se puede entender que el regulador percibe que esta empresa pretende ejercer presión política para obtener condiciones excepcionales para su proyecto. In situ, no obstante, la impresión es otra. Esta y otras empresas están verdaderamente preocupadas por la falta de claridad en materia de aplicación de estándares ambientales, problema cuya responsabilidad asignan a los propios servicios públicos competentes.
Desde el punto de vista de HIF-ENEL (y por extensión de proyectos similares) el problema es que los servicios reguladores exigen información fundamental (información de base) que ellos mismos (el Estado) deberían poner a disposición. Esto es especialmente así en el campo de la conservación de la avifauna austral endémica y migratoria que –se entiende– constituye el núcleo duro del problema.
Por supuesto que nuestra avifauna es un activo invaluable que el conjunto de la sociedad exige proteger. No obstante, para que ello ocurra, podemos suponer que los organismos del Estado poseen –especie por especie– los estudios de etología y de distribución espacial y temporal para, a su vez, exigir a la industria que los proyectos de inversión se ajusten a normativas y estándares con precisión y de antemano establecidos en virtud de esos mismos estudios.
Solo así el regulador podría asegurar que cada proyecto industrial se ajusta a estándares biológicos, geográficos y de ingeniería concretos y específicos, esto es, que cada proyecto se ajusta a su ecosistema, y no al revés, que el ecosistema es sacrificado para abaratar aspectos económicos de ingeniería.
Adicionalmente, la industria percibe que subyace cierto ideologismo, a los efectos plasmado en una carta publicada en abril último en la revista Nature. Ese documento, suscrito por una serie de personas afiliadas a la Universidad Santo Tomás (sede Punta Arenas) y algunas ONGs, advertía que la industria de las energías renovables amenaza a la Región de Magallanes. Toda vez que la propia Seremi del Medio Ambiente proviene del mundo de las ONGs ambientalistas, la industria parece sentirse confirmada en esa percepción.
Como sea, estamos en presencia de un empate técnico, que no beneficia ni a la industria, ni al país, ni a la comunidad magallánica. El riesgo es que, si el impasse no se resuelve satisfactoriamente, HIF-ENEL y otros proyectos migren hacia países que también poseen condiciones naturales favorables. Pensar que Chile es el único país con condiciones para la producción de combustibles sintéticos a gran escala no pasa de ser una expresión de deseo. Como sabemos, el mercado es cruel.
Lo anterior es especialmente preocupante si se considera que las previsiones para el desempeño de corto y mediano plazo de nuestra economía son pesimistas.
Mientras el FMI prevé que en 2023 el PIB chileno registrará desempeño negativo, entidades como Golden Sachs advierten que la industria chilena del cobre sigue perdiendo ventajas en relación con sus competidoras. Si a ello se agregan los efectos del alto precio de los hidrocarburos, el transporte y la inflación asociados, entre otras causas, a la guerra en Ucrania y a la tensión en la Península de Corea, concluimos que el escenario es menos que auspicioso.
Por lo mismo, el impasse gatillado por la decisión de HIF-ENEL se ha constituido en problema que largamente supera aspectos técnicos o de procedimiento administrativo: es un problema político.
Todo aconseja que las autoridades políticas intervengan disponiendo que los servicios reguladores establezcan instancias ad hoc de cooperación con la industria y las empresas, para que, de conjunto y en forma y fondo, a la brevedad se resuelvan las dificultades que pudieran existir.
En este plano, el propio Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena está llamado a demostrar la importancia de su aporte a la gobernanza del territorio. Ello, a pesar de que a la fecha sus facultades legales en materia ambiental son mucho menos que las deseables. Aun así, el Gobierno elegido de Punta Arenas debería desempeñar un rol catalizador de la cooperación entre la industria y los servicios, en el entendido de que la solución debe ser favorable para todos.
Lo anterior exige, por supuesto, disponibilidad del sector privado que –damos por supuesto– asume que la protección de los ecosistemas patagónicos y fueguinos es asunto de preocupación del conjunto de la sociedad (no solo de los reguladores).
De paso, esto contribuirá a evitar que cierto ambientalismo interesado (carente de capacidades científicas relevantes y huérfano de propuestas concretas) continúe tratando de reducir a nuestra Patagonia y Tierra del Fuego a un mero laboratorio natural. Desde hace algún tiempo por nuestro extremo sur pululan ciertos grupos para los que la Patagonia, la Tierra del Fuego y los espacios más allá de las islas al sur del Beagle deben reservarse para el turismo de verano o los documentales sobre naturaleza para los canales de la TV por cable o, en el mejor de los casos, para proyectos de investigación básica financiados por el Estado, pero con escaso o ningún impacto sobre la innovación, la inversión, el empleo y el futuro de las familias.
