Columna El Nacional, 11.04.2022 Oscar Hernández Bernalette, embajador (r) y profesor venezolano (UCV)
Viví en Brasil, Colombia, en República Dominicana y en países del caribe Anglófono. He viajado por casi todos los países de la región. Desde México hasta Argentina. Siempre me he planteado la misma pregunta en el tiempo: ¿por qué nos atrevemos a compartir la misma geografía, en una zona de relativa paz histórica, una zona sin pretensiones nucleares y de rasgos culturales mucho más homogéneos que en ninguna otra región del mundo y entonces?; ¿por qué no hemos sido capaces de ampliar esta sinergia geográfica, cultural e histórica y alcanzar el mayor de los vínculos a través de una propia ciudadanía regional?
No tengo duda que son más los rasgos que nos unen, que los que nos separan. Aplaudo una propaganda de un canal de noticias que siempre nos recuerda que “somos la misma gente”, de allí que la opción de una integración concreta y tangible pasa más allá de la economía, del comercio, requiere derechos de movilidad humana, asentamiento, ejercicio profesional y trabajo. Entiendo, además que el avance en los procesos de integración está íntimamente ligado al logro de una identidad común que fortalezca los cimientos mismos de la unidad regional.
Me entusiasma, no por original, sino por persistente, que los países miembros del SELA abrieran una vez más la ventana para discutir y reflexionar sobre que implicaría y significaría una ciudadanía latinoamericana y caribeña. Tenemos un acervo histórico que nos obliga a seguir insistiendo en el tema, no son pocos los llamados a lo largo de nuestra historia en donde la bandera de la integración no haya estado presente. Más recientemente y desde la creación de la extinta UNASUR, creada en el 2004, se hicieron esfuerzos hacia la ciudadanía suramericana. Fue, precisamente con un acuerdo de supresión de visas de turismo en el 2006 y la habilitación del documento de identidad, lo que crea los primeros cimientos en este largo camino integrador en la búsqueda de una identidad sudamericana. Ya en el 2014 se había avanzado en preceptos y recomendaciones. Por ejemplo, se adoptó una resolución (14), “Aprobación del informe conceptual elaborado por el grupo de trabajo sobre ciudadanía suramericana”. De esas iniciativas en aquel entonces no solo se creó un grupo de trabajo sobre ciudadanía, sino que elaboraron proyectos que visualizaban temas como el del pasaporte suramericano, que buscaba precisamente ampliar la identidad regional con una herramienta fundamental que como tal contribuiría a generar una percepción de cohesión y pertenecía a una identidad más amplia y permitiría por igual identificar ante al resto de la comunidad internacional a una región con vocación integradora.
Grupos subregionales como Mercosur y la CAN cuentan ya con pasaportes nacionales con identificación comunitarios, que sumada a otras normativas que amplían el acceso a derechos, como facilitar la emigración, (tema que ampliaremos más adelante), certificados de salud, así como el establecimiento de canales preferenciales para los ciudadanos de la región en los aeropuertos, puertos y salidas terrestres.
En tiempos de Pandemia, emigración y hasta guerras del otro lado del atlántico, precisamente el mar que abraza más de la mitad de nuestro continente hace que nuestra “quimera” sea pertinente en el sentido de no permitir que se apague la llama que impulsó a las instancias correspondientes a visualizar lo pertinente de esta opción para nuestra región. Precisamente, el tema se refiere a la naturaleza del sueño que creó la institucionalidad regional, incluyendo al SELA, y que además es un llamado persistente que han dejado muchos pensadores, políticos, diplomáticos y personas del común de nuestra región; ser alguna vez ciudadanos de esta parte del continente. Hay que trabajar para volver a lograr voluntad política de nuevo alrededor de este tema.
Esto es, ser ciudadanos latinoamericanos, con derechos y obligaciones. Abrimos esta primera reflexión, para provocar una discusión y promover sinergias.
¿Como entiendo esta aproximación?
Han pasado varios años desde que los esfuerzos en esta materia entraron en un “stand still”, el desmoronamiento de UNASUR, por diversas razones que no ampliaremos, pues no es el objetivo de esta nota conceptual, pero que a pesar de ello no sepulto el ímpetu de estas iniciativas. Lo vemos, por ejemplo, con la decisión más reciente de la CAN, la que se refiere al Estatuto Migratorio Andino (Decisión 878) que prevé la circulación de los ciudadanos andinos determinando los criterios para la residencia permanente Andina.
El Acervo Histórico
Sin duda que las bases conceptuales para una ciudadanía latinoamericana se generan en los esfuerzos que desplegaron un grupo de técnicos de UNASUR, quienes diseñaron una hoja que llevara a la región suramericana como ámbito de la naturaleza de la organización, hacia la ciudadanía suramericana.
Entre estas aproximaciones y que tienen un valor fundamental es la promoción de una política migratoria sudamericana: que asegurara la libre circulación de las personas, teniendo como base el respecto a los derechos humanos, que lleve a la realización de proyectos que promuevan el pluriculturalismo y la plena integración de los migrantes en los países de destino.
En el Informe conceptual sobre Ciudadanía Suramericana los países sudamericanos deberían concertar y promover una política que asegure globalmente, inclusive ante los países desarrollados, un tratamiento integral de la problemática migratoria y la adopción de normas universales sobre circulación de las personas. El acuerdo para exención de visas y pasaportes, firmado por los Cancilleres de la Comunidad en Santiago (noviembre 2006), fue el primer paso para la libre circulación y contribuye a la consolidación de una ciudadanía sudamericana.
El art. 3, inc. i) de ese Tratado, la UNASUR tiene como objetivo específico: La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana.
Mediante la Decisión 8/2012, adoptada en Lima el 30 de noviembre de 2012, el Consejo de jefes de estado señalo que: “La libre movilidad humana en la región es uno de los elementos fundamentales en la construcción de la ciudadanía suramericana”. En esa decisión se creó el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Suramericana (GTCS) y se le otorgó un mandato: “Elaborar una hoja de ruta y un informe conceptual que explore las diferentes dimensiones de la Ciudadanía Suramericana, tomando en cuenta entre otros, los instrumentos y experiencias particularmente subregionales, la normatividad interna de cada Estado miembro de la Unión, así como los avances vinculados a este tema que estén siendo tratados en los diferentes Consejos Sectoriales de la Unión. Varias reuniones del GTCS por medio de videoconferencia y presenciales tuvieron lugar, hasta junio de 2014, durante la Presidencia argentina de ese grupo, cuando se logró llegar a un acuerdo respecto al contenido del Informe Conceptual sobre Ciudadanía Suramericana.”
Uno de los aportes fundamentales de este grupo de trabajo fue afirmar que, la movilidad humana, era la base del concepto más amplio de ciudadanía. Es precisamente, esta premisa y en nuestro criterio, que considero que la libre movilidad de personas es precisamente la garantía para superar en sí misma la percepción de la emigración, pues, a los ciudadanos moverse libremente, se amplían las opciones de residencia y la movilidad deja de ser migratoria en su sentido amplio para convertirse en movimiento dentro del ámbito de su ciudadanía.
Entendía que la ciudadanía era “una ampliación, no sustitutiva, de las ciudadanías nacionales”. Los ciudadanos tendrían entre otros, tal como lo recoge el informe del GTCS el derecho a:
- La libre movilidad y residencia dentro de la región.
- La consecución de la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas en cualquiera de los países.
- La protección y defensa de sus derechos contra el racismo, la xenofobia y la discriminación y el abuso de autoridad, así como contra la criminalización por su calidad de migrantes.
- La convivencia, la inclusión sociolaboral, la participación ciudadana y la integración.
- Peticionar ante los organismos que a tal fin formen parte de la estructura institucional de la UNASUR para el reconocimiento, reivindicación y defensa de estos derechos, en cualquier circunstancia que así lo amerite.
Todos estos derechos se garantizarán sin ningún tipo de discriminación a los ciudadanos de los países miembros de UNASUR, en cualquier territorio de la región suramericana.
Se establecieron lineamientos estratégicos y se los dividió en dos grupos: el de ampliación de acceso a derechos y el de iniciativas de identificación con la región. En algunos de los lineamientos estratégicos se identificaron cursos de acción puntuales a modo de ejemplo. Se acordó, igualmente, que el tratamiento de estos lineamientos estratégicos debería realizarse de manera transversal y articulada con los diferentes Consejos Sectoriales y otras instancias de UNASUR.
En materia de ampliación de acceso a derechos se acordaron los siguientes lineamientos estratégicos:
- Generación de una agenda educativa común con contenidos que promuevan un conocimiento más profundo de las realidades regionales, desde una perspectiva de interculturalidad, dirigida a fortalecer la ciudadanía e identidad suramericanas.
- Establecimiento de redes académicas y agendas de investigación multidisciplinarias conjuntas, con énfasis en las ciencias sociales, históricas y culturales, desarrolladas desde la perspectiva regional.
Entenderíamos, tratando de responder nuestra propia pregunta, sería ciudadano latinoamericano, toda persona que ya tenga la nacionalidad de cualquiera de los países miembros de nuestra región y que se adhiere a la misma por tal condición y sin perder la originaria. En el mundo el ejemplo más avanzado en este concepto es el de ciudadano de la Unión Europea, que fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992. Figura en la Parte 2 (artículos 18 a 25) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Título V de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; “ La ciudadanía de la Unión es complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado.”
La ciudadanía Latinoamericana nos permitiría una mayor convergencia política y jurídica, nos daría mayor identidad como región y fortalecería nuestra capacidad de negociación e inserción ante los retos de la globalización. Igualmente, como ciudadanos de una comunidad nos permite superar las propias de limitaciones de movilidad humana que se generen en cualquiera de nuestros países por crisis coyunturales, por una parte, o por oportunidades de trabajo ante nuevas demandas de desarrollo en cualquiera de nuestros países. No hay duda de que construir ciudadanía es complejo, pero la tarea está en ir creando nuevos cimientos sobre facilidades concretas que permitan en el tiempo que sean los propios ciudadanos quienes impulsen el futuro bagaje jurídico que les amplié mayores derechos y beneficios tangibles. Es en esencia la asimilación de beneficios medibles lo que hará al ciudadano exigir su derecho de que se mantenga un proceso de integración.
Una manera de visualizar en el tiempo y en el espacio logremos implementar medidas tangibles, a través de un acuerdo amplio, con progresión en la adhesión de acuerdo con las disposiciones nacionales, pero contundente en el sentido que se inicie basado en la convergencia del acervo que ya existe en Mercosur, la CAN, Sieca y Caricom.
Por supuesto, el ámbito (scope) estaría decidido en deliberaciones entre los gobiernos para ir generando la aceptación entre los gobiernos y la sociedad civil sobre los méritos de esta iniciativa. El ciudadano latinoamericano, se identificará con un pasaporte (ya existe la experiencia CAN y Mercosur) y carta de identificación homologadas. Ya UNASUR había definido en los siguientes términos el pasaporte; “suramericano se constituirá en un instrumento que coadyuvará a la consolidación de una conciencia y cohesión comunitaria entre los nacionales de los Países Miembros y a la identificación internacional de la UNASUR como un conjunto de países comprometidos con un proyecto integrador común.”
Además, tendrían los ciudadanos LAC, derecho a: a circular y residir libremente en los Estados miembros; trabajar libremente en el territorio de los Estados miembros, estudiar en los Estados miembros, a ocupar cargos públicos de instancias regionales, protección de las autoridades diplomáticas y consulares de Estados miembros distintos del suyo; acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos regionales así como ser sujetos a la defensa por las autoridades y los defensores del pueblo.
Pudiera parecer esta una propuesta imposible. Estamos lejos de alcanzar los consensos, pero sin duda vale la pena seguir trabajando hacia generar una nueva hoja de ruta con los antecedentes de la CAN, Mercosur, Sieca y Caricom, que nos permitan a mediano plazo iniciar un consenso regional hacia la constitución de esta ciudadanía.
“Soñar, no siempre converge en realidades, pero no hacerlo es perder oportunidades para brindarle a las generaciones del futuro una región más prospera, inclusiva y más propensa a mantener a nuestra región como una región de Paz.”
