Columna La Tercera, 11.11.2022 Jorge Schenke, abogado (socio de Schenke & Brancoli Abogados)
El mecanismo trajo rápidamente grandes frutos, especialmente porque somos un país y un mercado pequeño que necesita de aliados para avanzar, por lo cual, tres décadas después, vemos con orgullo cómo la apertura hacia otras economías se ha transformado en una política de Estado, que han profundizado todos los gobiernos sin importar el color político.
Y precisamente porque estamos hablando de una tradición que ha generado impactos muy positivos en Chile y en su imagen hacia el mundo, cuesta entender el manejo que ha tenido la política exterior del Gobierno en relación con la tramitación del TPP-11. Nuestro país necesita urgentemente certezas, para crecer y dar estabilidad a nuestra deteriorada institucionalidad y economía.
Revisando en detalle la discusión que se ha generado en relación con el TPP-11 y los argumentos de sus detractores (incluidas autoridades de Gobierno y el Congreso), nos encontramos con varias frases “aprendidas” o “cliché” que carecen de sustento técnico –al borde de las fake news–, y que revelan, más bien, un sesgo político que nos mantiene entrampados en su aprobación.
En este sentido, uno de los cuestionamientos más repetidos tiene que ver con la solución de controversias: se dice que habrá “excesiva injerencia exterior”, que los tribunales internacionales “fallan siempre a favor de las multinacionales”, o que los que son hoy árbitros, mañana son abogados de las partes.
No obstante, si uno revisa –por ejemplo– los juicios tramitados ante el CIADI, que es la principal institución destinada a conocer los conflictos entre inversionistas y Estados, vemos que, de las cuatro demandas entabladas por inversionistas extranjeros en contra de Chile, tres han sido rechazadas –resueltas a favor nuestro país– y solo en una acogida. Es más, al hacer una revisión del total de las estadísticas de los fallos del CIADI, también existe una simetría entre los dictámenes que culminan a favor de los inversionistas, con los que ganan los Estados Miembros.
Otra crítica repetida es el peligro de la creación de “tribunales ad hoc sin posibilidad de apelar”. Pero, muy por el contrario, este sistema busca contar con árbitros técnicos, especialistas en las materias que se someten a su decisión, cuyo fallo será definitivo y no estará pendiente de cumplimiento en interminables instancias que, finalmente, ocasionan la pérdida de oportunidad de sus decisiones y de la justicia que contienen.
Si a lo anterior sumamos la acuciosa investigación que se hace de los árbitros seleccionados para la conformación de este tipo de Tribunales, el cuadro no sólo da garantía de seriedad a las partes involucradas, sino que además no dista lo que actualmente está vigente en el país por los tratados internacionales que Chile tiene suscritos, los que dan cuenta de una nación moderna, abierta y con intenciones serias de insertarse en la comunidad internacional.
Además, visto desde la otra cara de la moneda, sus detractores no mencionan –o no se han percatado– que estos mismos mecanismos de solución de controversias aplican no sólo “en contra” de Chile, sino que también “a favor” de las inversiones chilenas que se hagan en alguno de los 11 países del TPP-11. Recordemos que esas naciones representan un mercado de casi 500 millones de personas, equivalente al 13% del PIB mundial, y por lo mismo, se trata del cuarto acuerdo comercial internacional más importante del mundo.
Es sano que, por lo mismo, los acuerdos regulen la forma de solución de conflictos entre las partes, siendo indispensable cuando se trata de países e inversionistas. De esa forma, las reglas del juego son claras, conocidas con anticipación y objetivas, lo cual es esencial en momentos donde se requiere crecimiento, agilidad y gestión, para no seguir en el letargo, la politiquería y la parálisis.
