Las FARC rebeldes y Maduro

Columna
La Tercera, 11.09.2019
Samuel Fernández I., abogado (PUC), embajador (r) y profesor (U. Central)

Los disidentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC no guerrillera), ya iniciaron sus acciones asesinando a la candidata liberal Karina García, y a su escolta,  en el Departamento del Cauca, uno de los habituales reductos de la otra FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que desde 1964 representaron uno de los más activos movimientos guerrilleros insurgentes del país. Por su parte, la calificación del Presidente Duque de que constituyen un grupo minoritario delictual y narcotraficante, y que lo reprimirán con todo, tampoco se hizo esperar. Nueve integrantes en una operación militar fueron abatidos horas después de hacerse pública la disidencia, seguida del apresamiento de otro grupo, según informaron. Una preocupante señal de que los enfrentamientos gobierno-guerrilla, que por más de cincuenta años dejaron una alarmante secuela de muertes, atentados, secuestros, y violencia desmedida, podría reanudarse en el país, con todo lo que significa para los esfuerzos de paz, vigentes desde el 2017.

Luego de dificultosas tratativas en reuniones efectuadas alternadamente, en Noruega y en Cuba, con facilitadores que incluyó a Chile, se alcanzó un acuerdo de paz entre el Gobierno del Ex Presidente Santos y las FARC revolucionarias. Un acuerdo inédito y verdaderamente único, por más que dejara a muchos descontentos, por considerarlo excesivamente generoso con quienes cometieron, por décadas, los más repudiables crímenes de lesa humanidad. Lo esencial del pacto, era la entrega de las armas y la reintegración al mundo civil y al proceso democrático colombiano. A cambio, obtuvieron numerosas compensaciones, entre ellas, cupos en el Parlamento, y la creación de una justicia transicional que juzgaría sus delitos, entre muchas otras facilidades otorgadas para terminar, definitivamente, con la insurgencia. Hubo que sortear innumerables obstáculos, hasta un plebiscito perdido, pero al fin se logró el acuerdo, con toda la publicidad aparejada, y con el Premio Nobel de la Paz al Presidente Santos.

Un período de tranquilidad de algo más de dos años logró vivir Colombia, hasta que algunos líderes de las nuevas FARC, como Márquez, Santrich y Velázquez, alegando incumplimiento del Gobierno en varios puntos acordados, así como otras acusaciones de haber sido engañados, han provocado que un número menor, estimado en alrededor de un 10% de los que depusieron las armas, rompiera con el Acuerdo y reanudara las acciones guerrilleras de las FARC tradicionales.

Pueden ser muchas la razones para esta decisión, pues el sólo ideal revolucionario no pareciera suficiente para terminar con un Acuerdo que les permitía vivir integrados a la sociedad y a la política colombiana, ajenos a una vida expuesta e insegura como la lucha armada tradicional. Lucha que a pesar de todos los crímenes y violencia que recurrieron, y por tanto tiempo, no logró sus objetivos de apoderarse del poder, ni razones reales para creer que  lo lograrían. Se especula que hay otros motivos adicionales, como el control de territorios ricos en producción de estupefacientes, cultivos agrícolas, minerales preciosos, y gente proclive al movimiento, para revitalizar el reclutamiento perdido por el acuerdo. De esta manera, estaríamos en presencia de mayores y más vastos intereses para una decisión tan drástica y extrema, como  volver a la guerrilla. Sobre todo, sabiendo que esta vez no habrá marcha atrás, ni podrán regresar a las negociaciones, ni se les posibilitará reincorporarse al acuerdo que han roto. Al Gobierno, no le deja otra alternativa que redoblar la represión hasta alcanzar la extinción o rendición total del grupo disidente. La ciudadanía no aprobaría ningún acuerdo pacificador futuro, sólo aplaudiría su sometimiento. Sus antiguos camaradas, todavía menos los aceptarán. Es mucho lo que arriesgan y no parecen dispuestos a someterse a esa minoría que pone en riesgo todo lo alcanzado. Sólo podrían presionar para que las autoridades cumplan mejor lo acordado.

Pero hay un elemento adicional. El Gobierno colombiano no ha demorado en culpabilizar de  esta ruptura, al régimen venezolano de Maduro, como su principal instigador y promotor. Inclusive ha acusado que, desde hace tres años, se ha venido gestando desde el propio territorio venezolano, con todo el apoyo y complicidad del chavismo revolucionario. Tal vez como una respuesta al apoyo colombiano a los contrarios de Maduro, con la fallida operación humanitaria desde Cúcuta, o la acogida a los millones de migrantes que escapan de Venezuela.

De ser así y de acreditarse los antecedentes necesarios para inculpar a Maduro internacionalmente, se puede configurar un escenario sumamente difícil, en lo regional como mundial. Intervenir desde un país para apoyar la ruptura en otro de un proceso de paz que ha llamado la atención mundial, va en contra de todas las normas de convivencia internacional, y permitiría al afectado no sólo defenderse, sino que urgir a sus partidarios a actuar, inclusive por las armas, ante una agresión externa materializada por grupos guerrilleros en su territorio. Podría configurarse una situación ilícita, y de ser efectiva, un error fatal de Maduro que podría dar cabida a una reacción internacional, hasta el uso de la fuerza, para defenderse de la agresión recibida. Nada indica que Colombia dejará pasar el intervencionismo de Maduro. Habrá que estar muy atento a las reacciones.

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