Reportaje El Líbero, 09.11.2017 Uziel Gómez Padrón
La modernización del Estado ha ocupado un lugar preferente en la campaña presidencial luego de que el ex Presidente Sebastián Piñera propusiera recortar US$7 mil millones de gasto en personal y burocracia para redestinar esos recursos a otras prioridades sociales.
El anuncio ha generado una polémica importante respecto de qué programas se eliminarán o reformarán, sin embargo, el tema de la modernización estatal es un desafío que cada gobierno intenta abordar, debido al enorme presupuesto fiscal (US$60 mil millones) y la burocracia que genera.
Nueva Zelanda, el ejemplo inspirador para Chile
En este contexto de mejora continua, el Centro de Estudios Públicos (CEP) se abocó hace un año y medio a la tarea de estudiar a fondo el problema y, para ello, creó la “Comisión de Modernización del Estado”, integrada por 29 especialistas de diversas tendencias políticas, que entregará hoy su informe de 152 páginas, titulado “Un Estado para la Ciudadanía”.
Entre los integrantes están varios ex ministros de Estado, como Javier Etcheberry, Alejandro Ferreiro, José Pablo Arellano, Manuel Marfán, José Joaquín Brunner y Paulina Veloso, el rector Carlos Peña, el ex contralor Ramiro Mendoza y empresarios como Eliodoro Matte y Bruno Phillipi.
Los investigadores del CEP, Isabel Aninat y Slaven Razmulic, fueron los coordinadores de la comisión, que estudió en detalle ejemplos exitosos de modernización del Estado, como Nueva Zelanda -líder mundial en la materia-, y contaron con la asesoría directa de especialistas de la OCDE.
“El desafío propuesto era construir, en conjunto, una agenda de propuestas para modernizar la estructura central del Estado chileno”, plantea el estudio que podría convertirse en un “faro” que guíe los cambios que se realicen en dicha materia durante el próximo gobierno.
En un adelanto del estudio, que tuvo en exclusiva “El Líbero”, se enumeran decenas de ejemplos burocráticos que entorpecen el buen funcionamiento del Estado en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Los últimos tres gobiernos han creado 30 comisiones y comités interministeriales, y el ministro de Economía integra 63 de estas instancias. En promedio, cada ministro participa en 25,9 mesas de coordinación entre carteras.
Además, si un futuro gobierno quisiera poner como prioridad la primera infancia, tendría que exigir la coordinación de una serie de servicios y ministerios, incluyendo Justicia, Desarrollo Social, Salud, Educación.
“Situaciones complejas como las de niños en riesgo social no son diagnosticadas considerando todas las dimensiones relevantes. Si se pudiera integrar registros de salud, educación, empleo y justicia, podríamos tener mejores diagnósticos y eventualmente prevenir problemas mayores”, señala el texto.
Los convenios de desempeño colectivo, que entregan un cuantioso bono trimestral si se cumplen ciertas metas, se obtiene en el 100% de los casos, como ocurrió el año pasado. Entre 2014 y 2015 el porcentaje de cumplimiento osciló entre 97% y 99%, lo que no es realista.
“Es por esto que, al momento de postular a un cargo público, los propios portales de postulación consignan ‘rentas mensuales promedio’ asumiendo que siempre se obtiene bono. Hay problemas serios de diseño que hacen que estos incentivos no operen como tal”, sostiene el informe.
Entre los años 2000-2010, se creó una matriz de riesgos para cada ministerio y servicio, llegando a tener identificados más de 83 mil riesgos. Además, a marzo de 2016, la red de auditores ministeriales e internos estaba compuesta por 969 personas, siendo el Ministerio de Salud el sector que más aportaba con 309 auditores.
970 indicadores de desempeño y 300 mil actos administrativos
Otro dato relevante es que entre 2013 y 2016, el 72% de los programas evaluados obtuvo un desempeño insuficiente o no demostró resultados, lo que hace “imprescindible contar con un sistema de evaluación realmente independiente del Ejecutivo y que pueda alimentar críticamente el ciclo presupuestario a fin de mejorar programas o cerrar los que consistentemente no logran sus objetivos”.
Los especialistas plantean que se requiere modificar la forma de control de la Contraloría, ya que se someten, sólo en materia de personal, 300 mil actos administrativos ex ante, lo que debiera repensar para darle mayor agilidad.
Actualmente, las instituciones públicas cuentan con 970 indicadores de desempeño, y persiguen 681 productos estratégicos, lo que da un promedio de 4,3 objetivos por institución. El cumplimiento de dichas metas no ha bajado del 93% en los últimos 10 años, “lo que lleva a preguntarse si las metas son o no exigentes”.
También se detectó que la gestión documental es muy precaria, ya que se usan correos electrónicos, carpetas compartidas o planillas excel para gestionar documentos, y las condiciones de almacenamiento de información, tanto físicas como digitales, son muy deficitarias.
“Existen estimaciones de que cambios en la forma de llevar a cabo la gestión documental permitirán ahorros de US$500 millones al año sólo por concepto de horas de personal”, señala el documento.
