Columna Clarín, 12.01.2016 Marcelo Cantelmi
- La despiadada ofensiva sobre el Congreso en Venezuela es una operación golpista pero a la vez suicida del régimen que ignora la crisis terminal en que se debate el país.
- Es cuestion de tiempo que se produca un estallido social de una poblacion hambreada e ingorada por el régimen.
El edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición. / AP
La intención apenas disimulada del gobierno de Nicolás Maduro es cerrar el Congreso. La maniobra, como la razón que la alimenta, es sencilla: bloquear un poder del Estado porque dejó de estar colonizado. La traducción de esta operación tampoco es compleja: se trata de un golpe, sin militares, de palacio, como se lo quiera definir, pero es una ruptura del orden institucional. Y también, una operación suicida. Es sólo cuestión de tiempo para que el país, si sigue perdido en estos laberintos, se revele en un estallido social imprevisible. El resto de América Latina debería observar atentamente ese desastre y sus posibles esquirlas.
El problema de Venezuela no es solo este choque de poderes sino la bancarrota de la economía que late por detrás de esta disputa. Es el efecto en una amplia franja de la población originalmente chavista que se ha empobrecido particularmente en los últimos dos años y que sufre problemas de inseguridad alimentaria. La derrota del gobierno en las parlamentarias del 6 de diciembre se debió a esa enorme contradicción entre el relato y la realidad económica. El oficialismo perdió más de dos millones de votos entre esos comicios y los presidenciales de 2013. Esa enorme masa frustrada es parte del 60% de la población con ingresos insuficientes para atender sus necesidades mínimas. La mística de una revolución que nunca fue, con el Estado exangüe, no alcanza para convencerlos de que alguien en algún sitio los tiene en cuenta.
La pelea por el control del Congreso y el nombramiento por el chavismo de 13 jueces de la Corte antes de entregar la Asamblea a sus nuevos líderes, son indicadores de las prioridades de la estructura que controla el país desde hace 17 años. Existe ahí una ceguera explosiva sostenida en los intereses oscuros que defiende la burocracia de la nomenclatura. Eso es el extendido mercado negro, el contrabando de combustibles a Colombia y Brasil y el pedaleo en el mercado de cambios donde los cercanos al poder compran dólares del petróleo en 6,4 bolívares y los revenden en el mercado negro por encima de los 800.
Venezuela está en el centro de una bancarrota espectacular. No tiene ingresos para atender sus gastos y la única apelación es emitir sin respaldo generando una bola inflacionaria que ya supera el 200% anual. Como el chavismo apostó a que el petróleo jamás bajaría sino que estaría condenado a una suba incesante por la inestabilidad mundial, gastó a cuenta. Nacionalizó más de un millar de empresas, multiplicando el gasto estatal y en un gesto bobo expropió los únicos campos en el país que producían alimentos. Al fin del día, el petróleo explica el 97% de las exportaciones nacionales, no hay otro producto alternativo que regenere los ingresos que ya no están y, debido a la ineficiencia y desidia en el manejo de esas compañías, ahora debe importar cemento, acero y también naftas, además de la mayoría de los alimentos y artículos sanitarios que consume la población. El desabastecimiento que ya involucra a seis de cada diez productos de la canasta básica se origina en ese desmadre. La importación es limitada y cara porque se realiza con el dólar que se transa en el mercado negro.
El tamaño de esta crisis económica ha transformado al régimen de una estructura reformista con fuertes alianzas con la burguesía local –a despecho del relato libertado–, en un gobierno de corsarios sin capacidad para enhebrar acuerdos que moderen el desastre. Esa la razón por la cual Maduro designó como nuevo ministro de Economía a Luis Salas, un sociólogo antisistema que no cree en la existencia de la inflación. Y es que cualquier medida seria que se adopte para intentar corregir los desequilibrios pisaría los callos de los negociados armados por la llamada “boliburguesía”.
Ese entramado oscuro de barones acaudalados a la sombra del chavismo tiene, entre sus figuras más rutilantes, al ex presidente del Congreso, Diosdado Cabello, uno de los más duros adversarios de cualquier autonomía opositora. No debería sorprender que ese político sea quien lleva la iniciativa para que la Sala Constitucional de la Corte asuma las competencias del Congreso por un rebuscado trámite de “omisión legislativa” para que el Parlamento vuelva a ser una parte dócil del poder y, especialmente, de sus oscuridades.
