Columna El Mostrador, 11.08.2022 Jorge G. Guzmán, abogado internacionalista y exdiplomático
Pasados cinco meses de Gobierno, no conocemos de ninguna iniciativa concreta que, salvo algunos “seminarios” en la Academia Diplomática, en el campo de los derechos humanos, haya emprendido la Cancillería de Gabriel Boric
No sorprende que la Cancillería desestimara respaldar una candidatura a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del destacado jurista Claudio Grossman. Según ese ministerio, una candidatura de esa envergadura requería planificación de largo plazo o, dicho de otra forma, exigía que esta hubiera sido formulada antes de que –por la prensa– lo hicieran excancilleres, expertos y políticos del más diverso signo. Toda una confesión de parte.
No obstante que la vacante para un juez latinoamericano en la CIJ es conocida, al menos, desde comienzos de año (por la larga enfermedad del destacado jurista brasileño, fallecido en mayo de este año, Antonio Cançado), ni antes ni después de marzo de 2022, la diplomacia chilena se planteó la posibilidad de presentar un candidato a un cargo internacional de evidente relevancia para el interés permanente del país (es decir, una cuestión de “Política Exterior de Estado”). La canciller Urrejola se ha limitado a asignar la responsabilidad al Gobierno anterior.
En su lugar, la Cancillería ha hecho público el anuncio de que ha privilegiado la postulación a uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se puede deducir que, según ese ministerio, este último “puesto” es –al menos– tan importante como el de un juez chileno en la CIJ. Toda una falacia.
Ocurre que, entre otras cosas, mientras “el puesto” en el Consejo “dura” solo tres años, el cargo de juez de la Corte Internacional de Justicia “dura” 9 años: esto es, el triple. El citado tribunal internacional está compuesto solo por 15 jueces reelegibles y tiene, por ejemplo, competencias en materia de cuestiones de límites.
Aun así, la ministra Urrejola ha insistido respecto que la candidatura al Consejo de Derechos Humanos es consistente con las prioridades de su “política exterior turquesa”, cuyo epicentro lo constituye la defensa de esos derechos.
En 2018 el país ya logró que la expresidenta Michelle Bachelet fuera nombrada Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo al que, después de innumerables críticas de gobiernos y ONGs, no repostulará. ¿Qué de concreto ganó el conjunto del país con que una expresidenta ejerciera ese cargo por 4 años? ¿Qué problemas concretos de Chile ayudó a resolver el cargo de la señora Bachelet? ¿Aportó, por ejemplo, a proteger los derechos humanos de miles de niños, mujeres y “otras minorías” afligidas por el estado de violencia en La Araucanía?
Es más, pasados cinco meses de Gobierno, no conocemos de ninguna iniciativa concreta que, salvo algunos “seminarios” en la Academia Diplomática, en el campo de los derechos humanos haya emprendido la Cancillería de Gabriel Boric.
Por ejemplo, sin alterar las relaciones con el agresor (Rusia), en el caso de la crisis humanitaria de Ucrania (millones de desplazados y refugiados, decenas de ciudades y pueblos destruidos por la artillería de Putin), Chile ha permanecido en la comodidad de la “denuncia a distancia”, ignorando la abultada evidencia de crímenes de guerra, crímenes contra la población civil y el uso de armas prohibidas por el Derecho Internacional.
Tampoco le conocemos al Gobierno ninguna acción concreta respecto de las violaciones sistemáticas de esos derechos en Myanmar (incluidas ejecuciones sumarias de disidentes de la dictadura militar de ese país) o, más cerca aun, ni siquiera un sencillo “gesto humanitario” respecto de la condena que afecta a la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Esto último, a pesar de que la prisión de la señora Áñez ha sido duramente criticada por las propias Naciones Unidas, a cuyo Consejo de Derechos Humanos la canciller señala como “la prioridad” de nuestra Política Exterior.
Desde el punto de vista práctico, por ahora la “política color turquesa” se reduce a la iluminación con ese color del edificio de la Cancillería, esto es, a lo que los artistas visuales denominan “una instalación”.
La cuestión del candidato argentino a la CIJ
De todo esto se puede inferir que, en esta materia, Chile se contentará con apoyar a “un tercer candidato” a la CIJ, por ejemplo, al abogado argentino Marcelo Kohen. Ilustrativo de la importancia que para Argentina tiene el cargo en la CIJ es que la candidatura del señor Kohen tiene un doble carácter: primero, para reemplazar al citado juez brasileño o, “si no resulta”, reemplazar al juez jamaicano, que en 2024 cesará en su cargo (ergo, hay dos cargos disponibles para un juez chileno).
Diversas opiniones han hecho ver que, en el pasado reciente, el señor Kohen reiteradamente expresó abierta simpatía por las tesis territoriales del Perú, amén de haber sido uno de los asesores de Bolivia en su demanda en contra de Chile por la supuesta (y fallida) “obligación de negociar” una solución para la aspiración marítima del citado país.
No solo eso. En el curso de los años, el señor Kohen se ha especializado en las “cuestiones territoriales” y la dimensión geolegal de “la cuestión de Malvinas”. Desde hace meses integra un grupo reservado en la Cancillería argentina, dedicado a preparar la disputa con Chile respecto de la plataforma continental magallánica-antártica, que Argentina erróneamente se atribuye.
La opinión pública está informada que en 2009 Argentina presentó un reclamo de plataforma continental extendida más allá de la 200 millas. En ese ejercicio –con un ambicioso diseño geopolítico– desde “las Malvinas” nuestros vecinos proyectaron un “reclamo territorial” sobre la Antártica americana y, desde el extremo Sureste de Tierra del Fuego, “reclamaron” una “medialuna de territorio” que, hasta y más allá del área marítima del Punto F del Tratado de Paz y Amistad de 1984, se sobrepone a la proyección natural chilena. Con esto –y entre otras cosas– Argentina alteró el modus vivendi del Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Sumados ambos casos, Argentina “reclama” millones de km2 de territorio pertenecientes a la Región de Magallanes y Antártica Chilena (de la cual es oriundo el propio Gabriel Boric). ¿Llegará la solución de estos asuntos a la CIJ?
La presencia del señor Kohen en la Corte Internacional de Justicia puede interpretarse como una potencial amenaza para el interés de Chile. Por ello, la canciller Urrejola debería, sin demora, aclarar si dicho experto argentino será “el candidato de Chile” y, si no, cuáles son las alternativas.
La canciller debe considerar que la opinión pública está al tanto de que, por largos años, su ministerio fue incluso renuente a hacerse cargo de la problemática de la plataforma continental magallánico-antártica y que, en definitiva, a partir de 2020, solo terminó sumándose a una dinámica impuesta por autoridades y servicios públicos con “prioridades distintas” a las del establishment diplomático y de Difrol.
Por toda una década, y a pesar de las reiteradas señales provenientes desde Argentina respecto a que, cumplido un plazo de 10 años contados desde 2009 para declarar nuestra soberanía submarina al sur del Cabo de Hornos, la Cancillería contribuyó a difundir la percepción internacional de que –por omisión– Chile había decido renunciar a su proyección geolegal en el Océano Austral y la Antártica (soberanía sobre incalculables volúmenes de recursos naturales vivos y no vivos). La presentación de comienzos de 2022 con los primeros antecedentes de nuestra plataforma continental magallánico-antártica solo subsanaron una deficiencia que debió haber sido anticipada y resuelta muchos años antes.
Una razón de Estado para la Política Exterior
Aunque la falta de apoyo a la candidatura del Dr. Grossman no sorprende, sí preocupa.
Si el “candidato chileno” termina siendo el señor Kohen –a quien algunas fuentes señalan como el recién nombrado representante argentino ante la Comisión Permanente de Conciliación del mecanismo de solución de controversias del Tratado de Paz y Amistad–, será imposible no concluir que la falta de prospectiva (y de interés) de los responsables de la Cancillería por los asuntos de la integridad territorial austral comienza a adquirir otra connotación.
Desde ya la renuencia a presentar la candidatura de un destacado experto nacional a un cargo internacional de evidente relevancia para el interés permanente de Chile puede entenderse como una renuncia voluntaria de consecuencias incluso mayores si el juez elegido en la CIJ es el señor Kohen.
Suponer que un juez internacional de evidente espíritu antichileno no tendrá ninguna importancia es una falacia. Más aún si –como se comienza a observar– Argentina parece formalizar un juicio con Chile (que puede referir o a la cuestión pendiente del Campo de Hielo Sur, o a la cuestión de la plataforma continental, o a ambos), ese cargo en la Corte Internacional de Justicia puede ser de enorme importancia para el país. Hace solo unos meses, el propio Alberto Fernández afirmó que prefería a ese tribunal para resolver los problemas limítrofes pendientes.
Chile no debe subestimar esta advertencia. No debe volver a ocurrir lo sucedido en 2008 con Perú. El país debe comenzar a prepararse para el caso de que Argentina catalice una solución judicial de problemas territoriales pendientes, ambos incluso más complejos que aquel por “las islas al sur del Canal Beagle”.
En el caso del Campo de Hielo Sur, porque ya es evidente que para Chile resulta inaplicable el acuerdo de 1998. En el caso de la plataforma continental magallánico-antártica, porque de ello depende demostrar la continuidad que, conforme con nuestro ordenamiento jurídico, caracteriza a nuestro territorio hasta y desde el Polo Sur. Para Argentina estos son “temas de cohesión nacional” (el enemigo externo) y tienen, por lo mismo “amplio uso” en política interna.
Subestimar esta realidad constituiría un acto voluntario de miopía, que no solo podría tener gravísimas consecuencias, sino que convertirse en el “legado histórico” de la “política exterior turquesa”.
