Columna Wall Street International Magazine, 21.03.2021 Samuel Fernandez Illanes, abogado (PUC), embajador (r) y profesor (U. Central)
El arresto de Jeanine Áñez
La pública renuncia del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, junto con su vicepresidente García Linera, y los presidentes del Senado y la Cámara, en noviembre de 2019, luego de casi 14 años en el poder, no ha dejado de producir efectos y acciones revanchistas. Ahora se ha puesto en marcha una vengativa reacción política contra la ex presidenta interina, Jeanine Áñez, que ejerció hasta el 2020. Hoy gobierna el MAS (Movimiento Al Socialismo) que Morales dirige, y que triunfó con su candidato Luis Arce. En todo caso, la figura de Evo Morales está lejos de representar el regreso victorioso que pretendió al volver del exilio; sin embargo, procura mantenerse vigente. El actual gobierno, por su parte, que ha intentado marcar diferencias con el largo período de Morales, para no provocar las muchas reacciones adversas de su cada vez más autoritaria gestión, no solo entre adversarios políticos, sino que incluso entre antiguos partidarios, intenta seguir una postura prescindente, dejando que sea la justicia la que juzgue a la ex mandataria. Aunque confía en la mala memoria de los bolivianos, no ha sido así, y todavía se recuerda la cadena de hechos que dejaron a Morales fuera de la presidencia, que ejerció ininterrumpidamente, desde el 2006.
Estos hechos objetivos y desprovistos de evaluaciones ideológicas, son categóricos. Hizo caso omiso del plebiscito que perdió y que le impedía volver a postular por tercera vez consecutiva, en febrero de 2016, para continuar gobernando indefinidamente. En la elección de octubre de 2019, su candidatura no obtuvo la diferencia legal del 10% de los votos con su contendor, el expresidente Carlos Mesa, por lo que suspende por casi 24 horas los cómputos que lo obligaban a una segunda vuelta. Sorprendentemente, alcanza dicha diferencia en los conteos finales. La empresa electrónica encargada, afirmó claramente que hubo evidente manipulación. Los inspectores de la OEA, encargados de vigilar las elecciones, denunciaron un evidente fraude electoral, y así lo relataron oficialmente al organismo, que no reconoció los comicios realizados, y que el Secretario General declaró inválidos.
Paralelamente, en los Departamentos de Sucre, Cochabamba, Santa-Cruz, Potosí y Beni, estallaron rebeliones y la policía debió acuartelarse. En La Paz, hubo enfrentamientos y los altos mandos militares, «sugirieron que renunciara», y se declararon «dispuestos a actuar». Una clara amenaza de golpe para muchos. En medio de la confusión, y ya sin alternativas válidas, aunque aceptó ir a una segunda vuelta, Evo renuncia, e inicia su largo periplo para no ser alcanzado por la justicia. Fue acogido en México primero, y luego como exiliado preferente, por la actual dupla peronista-kirchnerista de Argentina, hasta regresar once meses después, cuando Luis Arce obtiene el triunfo.
Una ex legisladora del MAS ha iniciado la denuncia contra Jeanine Áñez, a la que Evo adhiere públicamente, acusándola de un «golpe de estado», de «terrorismo», «sedición criminal», delitos sumamente graves, y de ordenar la represión con cientos de heridos y miles de detenidos durante los disturbios que concluyeron con la renuncia presidencial. Igualmente, se le responsabiliza de obtener un préstamo irregular del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de violar los derechos humanos de bolivianos que no fueron autorizados a regresar al país. En ningún momento se tiene en consideración que Áñez asume interinamente, como resultado de la sucesión constitucional que nadie aceptó, y que finalmente le correspondió, por ser la segunda vicepresidenta del Senado. Ha sido apresada de manera preventiva, extensamente por cuatro meses, en plena pandemia descontrolada en Bolivia, y sin que se pruebe todavía su culpabilidad, en un proceso apenas iniciado en que no se ha permitido actuar a la defensa correspondiente. Ella alega una persecución política y un arresto irregular, pidiendo apoyo a otros países y organismos internacionales.
Se está frente a una represalia boliviana, es decir, una reacción ilegal que se legitima frente a otra igualmente ilícita, siempre y cuando quede en evidencia, probada jurídicamente, la primera, en un juicio transparente, imparcial, y demostrado en un debido proceso. Actualmente, de lo obrado, se puede deducir claramente, que obedece a razones inspiradas en un revanchismo y venganza, instigadas por Evo y sus partidarios, ante la pasividad del gobierno de Luis Arce, que se escuda en la acción de la justicia.
Hay que recordar que, en su mayoría, los jueces, no son totalmente independientes, y que ejercen sus cargos de manera interina; si bien el gobierno ha prometido terminar con esta situación. Esto ha sido materializado en Jeanine Áñez, que hoy en día, no representa ningún poder político importante, al no lograr una votación significativa en las elecciones presidenciales recientes, ni en su candidatura a gobernadora del Departamento del Beni. Igualmente, se han apresado o se encuentran juzgados, varios exministros de su gobierno interino. También se les acusa y priva de la libertad por lo que significaron al suceder a Morales, perteneciendo a un signo político contrario que, a la postre, lo ha alejado de la presidencia, tal vez definitivamente, lo que le resulta imperdonable. Todo un abuso de poder.
Un gusto político, reaccionando a las acusaciones y juicios similares, que durante el período de gobierno interino se le siguió en tribunales, y pretende advertir que no resultó fácil y menos aceptable, sacarlo del poder. Esos mismos tribunales ya lo exoneraron de toda responsabilidad. La intención queda de manifiesto, y se ejerce por medio de una pretendida reparación a los afectados, sin consideración a los hechos; si fueron víctimas inocentes de una represión deliberada de la autoridad interina, para restablecer el orden legal, y que deben ser compensadas, o bien, fueron arrastrados a la confrontación, para validar los intentos fraudulentos de Morales de permanecer en el poder a toda costa, mediante elecciones probadamente irregulares, o amparado en un levantamiento por la fuerza de sus adherentes.
Han obtenido lo pretendido, por ahora. Sin embargo, es posible que hayan apuntado a una adversaria política, machistamente considerada más débil, aunque no sea responsable, y logrado un triunfo momentáneo y escaso. Las reacciones internacionales condenatorias no se han hecho esperar, inclusive de parte de organismos internacionales, como la OEA, y de aquellos competentes en materia de derechos humanos, que exigen un juicio justo, independiente e imparcial. Hasta Human Rights Watch ha señalado que no le merece dudas de que se trata de un juicio político, sin un poder judicial verdaderamente prescindente. No sería raro que organizaciones afines a Morales, como el llamado Grupo de Puebla, que hasta ahora ha mantenido silencio, reitere su apoyo y siga acusando a Áñez de un golpe de estado, dentro de su línea ideológica tradicional.
Por cierto, la política interna boliviana también ha protestado por el arresto de la exmandataria, liderada por ex presidentes y otros actores destacados, por lo que encuentran un motivo adicional para acusar al actual gobierno. Es posible que todo lo anterior, sea un exceso innecesario en la situación institucional de Bolivia, que no la favorece y que la fragiliza, por el riesgo de consecuencias no previstas. Más bien es demostrativa de debilidad que de fortaleza de la actual administración, que lo deja en manos de la justicia, con todas las acusaciones de que no actúa de manera propia e independiente del ejecutivo. También es probable que se le haya brindado a Morales una compensación a su imagen deteriorada, y a la poca relevancia que hoy tiene dentro del país, o haya sido la respuesta a los juicios que en el gobierno anterior se siguieron en su contra por acusaciones parecidas, hoy perdonadas. Todo es posible, y la maniobra parece desmesurada. Justamente por eso, ya que no les reporta ningún beneficio tangible, ni interno ni externo, sino todo lo contrario.
Los propósitos de revancha política vengativa de Evo y sus seguidores, desarrollada como una represalia, con toda su carga personal de resentimiento y frustración, no debieran condicionar la endeble institucionalidad boliviana, sino únicamente a quienes la promueven.
