Resolución (resumen sin considerandos) Estrasburgo, 18.07.2019 Parlamento Europeo
1. Reitera su profunda inquietud ante la grave situación de emergencia en Venezuela, que está poniendo en serio peligro la vida de sus ciudadanos;
2. Reitera su pleno apoyo al presidente interino legítimo, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, el único órgano democrático legítimo de Venezuela, cuyas competencias deben restablecerse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; condena la suspensión de la inmunidad parlamentaria de veintidós parlamentarios y el encarcelamiento de otros dos; reitera su preocupación por la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo de 2018;
3. Condena la represión feroz y la violencia, que han causado muertos y heridos; manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela y transmite su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas;
4. Hace hincapié, de conformidad con el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, así como de las fuerzas armadas y las unidades de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo, por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y la reinstauración del Estado de Derecho en Venezuela; condena el recurso, en cualquier circunstancia, a las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que están prohibidas en virtud de los convenios internacionales, incluidos aquellos de los que Venezuela es signataria;
5. Denuncia, de conformidad con el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los abusos perpetrados por funcionarios de policía y la brutal represión practicada por las fuerzas de seguridad; solicita el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente, con el respaldo de la comunidad internacional, que investigue las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante operaciones de seguridad, de modo que se garantice que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se proporcione a los familiares de las víctimas una reparación y protección frente a la intimidación y las represalias;
6. Pide urgentemente que se asegure la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, los medicamentos y los servicios sanitarios, prestando al mismo tiempo una atención especial a los servicios materno infantiles; pide a las autoridades venezolanas de facto que garanticen que la ayuda humanitaria se distribuya a toda la población sin sesgos políticos;
7. Destaca la necesidad de que se detengan, condenen públicamente, castiguen y eviten todos los actos de persecución y represión selectiva por razones políticas; solicita la liberación de todas las personas privadas de su libertad de forma arbitraria;
8. Recuerda que debe ponerse fin a la intimidación y los ataques contra los pueblos indígenas, incluidos sus dirigentes, y que las autoridades deben garantizar su protección y adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
9. Insiste en que no deben emprenderse megaproyectos destinados a encontrar fuentes de ingresos económicos para superar la crisis económica que sean perjudiciales para el medio ambiente, el clima y los medios de subsistencia de las comunidades que viven en la zona afectada; solicita la protección incondicional de los pueblos indígenas y de color asentados en zonas remotas que defienden el medio ambiente frente a actividades como la explotación de minas de oro en la zona del Arco Minero del Orinoco en Venezuela;
10. Pone de relieve la intensificación de la grave crisis migratoria en toda la región, y elogia a los países vecinos por los esfuerzos realizados y la solidaridad mostrada, en particular a Colombia, Ecuador y Perú; pide a la Comisión que siga cooperando con dichos países no solo prestando asistencia humanitaria sino también aportando más recursos y a través de la política de desarrollo;
11. Reitera que una solución pacífica, democrática e integradora es la única vía sostenible para salir del actual estancamiento político y de la grave crisis social y humanitaria que ha generado; señala que el diálogo en curso debe tener presente la hoja de ruta adoptada en la Asamblea Nacional de Venezuela; apoya el proceso de facilitación en curso auspiciado por Noruega y acoge con satisfacción el acuerdo de ambas partes de entablar un diálogo para alcanzar la paz; destaca que para que un proceso de facilitación tenga éxito deben aplicarse unas medidas mínimas de fomento de la confianza; insiste en que el único objetivo del diálogo debe ser la creación de condiciones que conduzcan a unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles sobre la base de un calendario fijo, en condiciones justas para todos los actores, transparentes y que cuenten con la presencia de observadores internacionales fiables;
12. Pide al Consejo que imponga sanciones adicionales a las autoridades estatales de facto responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión; considera que las autoridades de la Unión deben restringir los movimientos de dichas personas e inmovilizar sus activos y sus visados, así como los de sus parientes más cercanos;
13. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que lidere la política de la Unión sobre la situación en Venezuela y siga cooperando con el Grupo de Contacto y con los países democráticos de la región representados por el Grupo de Lima;
14. Reitera su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos y actos de represión generalizados perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que se sumen a la iniciativa de varios Estados parte en la CPI de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por el Gobierno de facto de Maduro y hacer así que los responsables rindan cuentas de dichos actos;
15. Apoya la iniciativa de establecer una comisión de investigación con el CDH de las Naciones Unidas que determine las responsabilidades individuales por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela;
16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
