Embajador Juan Salazar Sparks¹
No pasaron más de diez días después que asumiera el segundo gobierno de Michelle Bachelet para que se conocieran sus primeros nombramientos diplomáticos en el exterior y lo que la prensa local pronto acuñó como el proceso de renuncia de embajadores “históricos” de la Cancillería. El nuevo ministro de relaciones exteriores Heraldo Muñoz salió rápidamente al paso para hacer la afirmación poco feliz de que los nuevos embajadores habían sido elegidos siguiendo una “combinación virtuosa” entre políticos destacados, mujeres, y diplomáticos jóvenes. Si bien todavía queda un tercio de las vacantes diplomáticas por llenar, resulta clara la tendencia indicada y, por ende, quisiéramos demostrar lo desacertado que ha sido el criterio de las designaciones para el futuro del servicio exterior de la República: la politización de la carrera diplomática.
El nombramiento de políticos de fuste, porque son supuestamente de la confianza de la presidente para desempeñarse en ciertos cargos de responsabilidad especial, no se justifica si se toma en cuenta que: no todos ellos son cercanos a la primera mandataria (provienen de ternas o quinas presentadas por los partidos), algunos de los mismos ya se encuentran ''en retiro'' (retirados de la política), no han sido reelectos o han concluido su carrera parlamentaria, o lo que es peor aún, no tienen la experiencia adecuada para servir en el destino al que fueron asignados (idiomas, capacidades, etc.). Sea cual sea la razón, generalmente los políticos no han sido un gran aporte a la diplomacia chilena y su selección responde más que nada a un ''pago de favores'' del gobierno de turno.
En los países más avanzados (excepto los EE.UU. por razones que no vienen al caso analizar), no existen embajadores ''políticos'', porque los nombramientos tanto en las direcciones de la Cancillería como en las jefaturas de misiones en el exterior recaen exclusivamente en sus funcionarios profesionales. En otros países, los cargos políticos en la diplomacia son ocasionales, o bien, como en el caso argentino, existe por ley una cuota para las designaciones políticas que no exceden al 15% del total de los cargos de embajadores. Pero, en Chile, a partir de la Constitución de Pinochet (1980) los embajadores pasaron a ser una facultad discrecional del Presidente de la República, norma que no fue reformada por los gobiernos posteriores de la Concertación ni por el de la Alianza. Por ende, todavía no hay distingos legales entre embajadores ''políticos'' o de ''carrera'', dándose así en la práctica una proporción entre los primeros y los segundos que ha fluctuado desde el 50-50% al 35%-65% (Piñera). Durante el actual gobierno el porcentaje se ubica alrededor del 40%-60%.
El tema del género, que tanto promociona la presidenta Bachelet, siendo una práctica justa y necesaria es todavía impracticable en el ministerio de relaciones exteriores (RR.EE.). El servicio exterior chileno constituye una carrera jerárquica y piramidal, con escalafones, rangos y grados similares a los de las fuerzas armadas. Ello, permite que en la cúpula (embajadores) se ubiquen los funcionarios de mayores méritos y más experiencia. Hace veinte años atrás el número de mujeres que ingresaban anualmente a la Cancillería -vía la Academia Diplomática Andrés Bello (ACADE)- era alrededor de una de cada diez alumnos ingresados. Hoy, esa participación ha subido sustancialmente hasta alcanzar un 50% en cada curso de la ACADE. Pero esas nuevas camadas todavía no han arribado al rango superior (ministros consejeros) y, por lo tanto, no hay muchas profesionales disponibles para la selección como embajadoras. Por lo tanto, el reciente nombramiento de embajadoras de carrera fue posible sólo mediante el expediente de ascender a funcionarias de un rango inferior (consejeras), saltándose el de ministros consejeras. Ello equivale en el Ejército a que un mayor ascienda a general sin haber sido antes coronel, cosa que por cierto no ocurre en la práctica. En la Cancillería, sí se ha permitido, tal vez pensando en la justicia del género y en sus dividendos políticos, pero no en lo nefasto del precedente para la estabilidad de la carrera diplomática.
El tercer factor de la ''combinación virtuosa'' sería la necesidad de promover funcionarios jóvenes en el servicio exterior. Nadie podría discutir la validez de tal aspiración. Sin embargo, lo que no se reconoce es que la lentitud en los ascensos y el estancamiento general de la carrera funcionaria no se debe a embajadores ''históricos'' que no quieren jubilarse tempranamente, sino al gran número de nombramientos ''políticos'' (sin límite de edad) que ocupan las mismas vacantes de embajadores. A los embajadores de carrera se les fija normalmente como edad de jubilación el de los 65 años, lo que no es una norma legal sino una práctica arbitraria (la media mundial para la jubilación de diplomáticos fluctúa ente los 68 y los 70 años). Tal criterio no se aplica a los embajadores ''políticos'', los que no jubilan ni tienen límites de edad para ejercer sus funciones. Por lo tanto, la promoción de los funcionarios jóvenes es una falacia y escusa para esconder la evidente discriminación que hace el gobierno entre sus partidarios políticos y los funcionarios del estado.
En virtud de los tres elementos señalados precedentemente (nombramientos políticos, igualdad forzada de género y ascenso de funcionarios jóvenes), lo que está ocurriendo en la actual Cancillería chilena es un severo proceso de politización y de desprofesionalización: se discrimina a favor de los nombramientos ''políticos''; no hay estabilidad para los embajadores de carrera (al igualarse a los políticos pueden perder la confianza de un gobierno a otro); si hay mujeres que pueden saltarse grados, por qué no también otros colegas aventajados, lo que pone fin a la carrera funcionaria; y para lograr ascensos más rápidos en el servicio exterior se ha recurrido al llamado ''canibalismo'' diplomático, esto es, conseguir más vacantes con la eliminación de los funcionarios de carrera más antiguos en lugar de disminuir los nombramientos políticos. El resultado final de todas estas malas prácticas es que los funcionarios diplomáticos se sienten indefensos, no creen en la independencia del servicio exterior, y tienden hoy a inscribirse en los partidos para basar su carrera en el proselitismo político.
Las autoridades de la Cancillería han señalado que se ha constituido una comisión de expertos, presidida por un destacado ex diplomático de esa casa, para estudiar y proponer una reforma para la modernización definitiva de RR.EE.- Dicho sea de paso, ese es un viejo anhelo y que hay proyectos pendientes desde los últimos tres gobiernos. La pregunta es por qué ha costado tanto aprobar una reforma de este tipo. Al parecer, la respuesta es que, como la modernización de nuestra Cancillería implica su profesionalización (reconocimiento de una carrera funcionaria autónoma e inmune a la politización), la mayoría de los políticos chilenos no desea perder esa ''hijuela pagadora'' ni los gobiernos que sustentan se atreven a aprobar una política de estado en esa materia.
Bibliografía: Reseñas:
