Columna Brújula Digital, 03.08.2024 Javier Viscarra Valdivia, abogado, periodista y diplomático boliviano
El veloz pronunciamiento del Gobierno del presidente Luis Arce tras divulgarse el resultado de las elecciones en Venezuela, felicitando a Nicolás Maduro por su “victoria” en las urnas de un viciado proceso electoral, deja un sabor amargo. Bolivia fue el único país en América del Sur que reconoció el informe oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ignorando toda la cadena de irregularidades que se observaron en esos comicios.
La comunidad internacional ha tenido dos reacciones muy claras. La primera, con sorprendentes pronunciamientos de apoyo en la madrugada del lunes 29 de julio, casi inmediatamente después de la lectura del escueto boletín del CNE, respaldado escasamente por pocas cifras y contradiciendo todas las proyecciones de encuestas previas y resultados serios a boca de urna. El informe oficial se publicó con una fetidez nauseabunda debido al inescrupuloso manoseo, la visible falta de transparencia de todo el proceso y las denuncias del impedimento que tuvieron los testigos (delegados) electorales del frente de oposición para acceder a las actas del voto.
El segundo tipo de reacción mostró una comunidad internacional más cautelosa, incluso entre los aliados de Caracas. El denominador común fue pedir la presentación desglosada de las actas electorales, que no se produjo. Y ya de nada valdrá que las presenten más adelante, pues su retraso generará dudas sobre su alteración. El libreto utilizado es harto conocido y no cambió; esa noche apareció el viejo y malhadado recurso de la caída del sistema de conteo de votos. Y, sorpresa, subsanada la falla del sistema, Maduro había ganado.
La oposición ya lo tenía previsto y el comando de María Corina Machado pidió a los miles de testigos que no se movieran de los centros electorales y esperaran las actas. El lunes por la tarde/noche presentó las actas y las abrió a la comunidad internacional. Alrededor del 80% de las mismas demostraban la contundente e irreversible victoria del candidato opositor Edmundo Gonzales, según la líder opositora.
Después los acontecimientos políticos fueron vertiginosos: nueve países se lanzaron en picada contra el régimen madurista: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.
Desde la Secretaría General de la OEA, un comunicado oficial señaló que como “la CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado (Maduro), lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo una exhortación a que se publiquen puntualmente los resultados de las elecciones, con un desglose por colegios electorales. De los pocos observadores aceptados, el Centro Carter fue categórico al señalar que las elecciones en Venezuela “no pueden ser consideradas democráticas”.
En la región hubo sorpresas, como la de Chile, cuyo presidente Gabriel Boric sostuvo que el resultado era poco creíble y que se deberían presentar las actas. Hoy esa voz se replica en todos los países, excepto en unos pocos, entre ellos Bolivia.
Lula da Silva fue errático, pidió la presentación de las actas, pero luego no votó a favor de transparentar las actas en la OEA, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que fue para el olvido. Los presidentes de Colombia y México siguieron la misma conducta, pero nunca tan precipitada como la reacción de Bolivia.
En el caso boliviano, la obsecuencia en el apoyo a Maduro se puede atribuir a la falta de una Cancillería profesional que asesore correctamente al jefe de Estado en emitir una declaración más moderada, con una inteligencia diplomática que muestre un país serio, sin restar apoyo a su aliado, pero sí abriendo la necesidad de transparentar los resultados leídos.
Entre las curiosidades anecdóticas, la viceministra de Comunicación salió al paso para justificar la felicitación de Arce y dijo que fue por “protocolo”, pero quedó mal parada cuando el jueves por la noche la Cancillería ratificó en un comunicado la posición de apoyo a Maduro, sin observar un mínimo de prudencia diplomática. O, cuando menos, escuchando a su embajador en Caracas, Sebastián Michel, que en un programa de RTP compartido con el autor de esta columna señaló que las actas que presentó Machado eran las que se obtuvieron en los centros electorales. Ergo, la oposición ganó las elecciones.
El trasfondo de la actuación del Gobierno boliviano es preocupante, por lo que le espera a Bolivia para las elecciones del 2025. La falta de escrúpulos para reconocer un proceso fraudulento como el venezolano invita a pensar que todos los intentos por tener elecciones justas en Bolivia pueden derrumbarse.
Es imperativo que los bolivianos exijamos la transparencia y confiabilidad del padrón electoral de Bolivia, que los miembros del órgano electoral se nutran de miembros imparciales o propuestos también por la oposición para generar equilibrios, pues hoy solo trabajan en esa debilitada institución funcionarios que están visiblemente alineados al MAS y eso es un riesgo para la credibilidad del proceso que se aproxima. Cualquier candidatura opositora en Bolivia, sea producto de una plataforma unitaria o de candidatos independientes, fracasará si no se ofrecen todas las garantías.