Opinión El Mercurio, 30.10.2017 Carlos Huneeus, cientista político
La eliminación del binominal en 2015 es una de las reformas políticas más importantes de los últimos años. Puso fin a una institución creada para favorecer a la primera minoría e impuso una competencia en dos bloques, que debilitó y fragmentó a los partidos. Fue complementada por una nueva ley de partidos, que les otorga financiamiento público, establece límites al gasto y a la propaganda electoral, como asimismo transparencia de los aportes recibidos por estos. Su importancia es comparable a la de 1958, que eliminó la cédula única y derogó "la ley maldita" de 1948, que había excluido al Partido Comunista (PC) de los registros electorales y de las elecciones.
Sin embargo, las reformas legales no ponen fin a las instituciones, que pueden existir con autonomía de su vida legal. Pueden existir sin o contra una ley. Lo esencial es que imponen a las personas prácticas estables, las cuales les reconocen poder para imponer conductas.
La ley de 2015 derogó el binominal, pero no terminó la práctica del mismo, que continúa como institución en la derecha y en la izquierda de la Nueva Mayoría (NM), con un candidato presidencial común y una lista parlamentaria. Solo fue rechazada por el PDC y el Frente Amplio. Los antiguos socios del PDC lo acusan de volver al "camino propio", como si ellos no tuvieran uno que privilegia sus intereses.
La política de bloques en un sistema múltiple de partidos impide movilizar al electorado, porque muestra uniformidad de posiciones políticas en los bloques, sin la diversidad del sistema múltiple de partidos, como el de Chile, lo cual quita atractivo a las elecciones y lleva a una menor participación. Su desplome, del 89% en 1989 al 49% en la primera vuelta de las presidenciales de 2013, es una consecuencia de ello.
Una alianza de tres décadas entre el PDC y la izquierda ha tenido beneficios muy desiguales. Mientras el PS y el PPD mantienen el porcentaje electoral, el PDC ha perdido votación, del 26% en las parlamentarias de 1989 al 15,6% en las de 2013. Su debilitamiento no comenzó el 2013, con su alianza con el PC en la NM, sino mucho antes, en las elecciones parlamentarias de 1997, cuando perdió cuatro puntos porcentuales, más de medio millón de votos.
El PDC enfrenta una competencia dual: con la derecha, histórica desde antes de su fundación en 1957, y con la izquierda, con la cual no ha competido desde las presidenciales de 1964. En las elecciones de 1970 su candidato, Radomiro Tomic, no compitió con Salvador Allende (PS), de la Unidad Popular, porque impulsaba la tesis de la "unidad política y social del pueblo" y rechazó las recomendaciones de su comando político de diferenciarse de este. Tomic salió tercero, con casi la mitad del porcentaje electoral que recibió Eduardo Frei Montalva en 1964, que fue electo Presidente con el 56%.
La UDI, el PS y el PPD rechazan competir solitariamente. Aquella, porque carga con el hecho de ser un partido identificado con la dictadura. Los otros, porque la izquierda es minoría en el país, prefiriendo usar la etiqueta de "centroizquierda", para contar con el electorado centrista. Una coalición de izquierda recuerda la Unidad Popular, que sus dirigentes evitan.
Además, las colectividades de izquierda de la NM están muy debilitadas como organización, optando por un candidato presidencial independiente, Alejandro Guillier, y rechazando a un distinguido militante del PS/PPD, el ex Presidente Ricardo Lagos. Tienen caudillismos y prácticas de clientelismos en el Estado, que llegan a extremos en el caso del PS, con un vicepresidente, alcalde de San Ramón, expulsado por contratar a narcotraficantes en el municipio y crear una red de nepotismo. No tienen propuestas programáticas para enfrentar las debilidades del sistema económico, con la concentración económica y de la riqueza y prácticas monopólicas y de colusión que la ciudadanía rechaza. La "agenda valórica" no llena este vacío.
Las elecciones del 19 de noviembre debieran poner fin al binominal como institución, indispensable para superar la crisis de representación y mejorar la participación electoral, que dé la necesaria legitimidad al Presidente y al Congreso. Las coaliciones deben ser para la formación de los gobiernos y no permanentes. ¡Hay un antes y un después de la reforma de 2015!
