Columna OpinionGlobal, 17.11.2023 Rodrigo Gaete Vidal, embajador (r) y exdirector general bilateral de la Cancillería
El texto del proyecto de Constitución presentado por el Consejo Constitucional, que será sometido a votación el 17 de diciembre próximo, debe ser aprobado -a mi juicio- por dos razones fundamentales:
La primera, es que este es un texto elaborado en democracia, conforme a las orientaciones del presidente de la república y con un mecanismo aprobado por el Congreso Nacional, dentro de bordes muy definidos y acotados. Contó, además, con la participación de expertos constitucionalistas elegidos por el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados y de un consejo de representantes electos democráticamente en una votación popular libre, informada y de paridad.
En segundo lugar, porque después de cuatro años, con dos intensos procesos de redacción constitucional, es necesario poner fin a la discusión, y colocar todas nuestras energías en construir sobre estas bases un país en paz, con certezas, seguridad, próspero, con crecimiento, inclusivo y más igualitario y más sensible al calentamiento global y al deterioro del medio ambiente, y que sea respetado internacionalmente como lo fuimos gracias a una transición a la democracia ejemplar que trajo estabilidad y crecimiento durante tres décadas.
Las constituciones latinoamericanas y las chilenas, por cierto, surgen de momentos especiales en que los países han llegado a situaciones de crisis o quiebre institucional y se estima necesario por parte del gobierno o de las fuerzas que detentan el poder, redefinir nuevamente el estado y las prioridades nacionales. En nuestro país, fue el caso de 1833, de 1925 y de 1980. Y también lo fue en 2019, cuando un desolador estallido social y político hizo temblar todas nuestras bases institucionales y los logros de los que creíamos eran los mejores años de muestra historia patria, así como también hizo crisis el sistema político y se pusieron en duda nuestros principios como nación, poniendo en serio riego la democracia y el estado de derecho. Surgieron con fuerza y a la fuerza demandas variadas y entrecruzadas en términos de cambio radical del sistema político y judiciario, por una plurinacionalidad mal definida, lucha por la igualdad, por la defensa y participación igualitaria de la mujer, por una protección del medio ambiente, por mejores pensiones y el fin del sistema de AFP, por sistemas de salud y de educación estatales más accesibles y de mayor calidad y por un reconocimiento a los pueblos originarios y a otros grupos genéricos, entre otras muchas.
En este contexto, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la necesidad de una nueva constitución que reemplazara a la de 1980 considerada ilegitima en su origen. Es verdad que ninguno de los dos procesos iniciados con este fin logró concitar un apoyo transversal como hubiera sido el ideal, y de hecho ello llevó al contundente rechazo del texto elaborado por la Convención Constitucional.
Sin embargo, creemos que la mayor parte de estas demandas como fuera definido en los bordes constitucionales, están reflejadas de alguna forma en el texto del Consejo Constitucional que se nos presenta para su aprobación o rechazo. A veces con poca profundidad, es cierto, y otras con un vacío como es el caso de la demanda de los diplomáticos de carrera en pos de una mayor profesionalización del servicio exterior.
Pese a esto, vemos que este texto reúne las características de una constitución como la que Chile necesita y que es mejor que la constitución que se quiere reemplazar, porque actualiza instituciones y readecua el sistema político e incorpora temas nuevos que antes no estaban como el medio ambiente, la mujer, el reconocimiento a los pueblos originarios y la defensoría de las víctimas, y mantiene algunos conceptos que fueron esenciales para la estabilidad del chile post transición.
