Artículo Realidad y Perspectivas, N*144 (abril 2026)
Esta es una colaboración escrita conjuntamente por los cientistas políticos Sebastián Briones y Rodrigo Saavedra con el diplomático de carrera Francisco Devia, en el marco de una pregunta que se hacen recurrentemente todos los entendidos y semientendidos en política internacional: ¿cómo se forman nuestros funcionarios diplomáticos para que puedan cumplir eficientemente sus tareas?
La Orden de Servicio N° 39, del 12 de febrero de 2026, firmada por la subsecretaria Gloria de la Fuente, aprueba el plan de estudios de la Academia Diplomática “Andrés Bello” para este año. Es un listado pulcro de 25 actividades por semestre: talleres de redacción diplomática, diplomacia cultural, policy papers y viajes a Paranal. Parece ordenado. Pero es solo eso: un temario. No es un plan de estudios. Y esa diferencia explica por qué la institución que forma a quienes representan a Chile en el mundo sigue anclada en el Decreto 463 del año 2001, un reglamento que ya cumplió un cuarto de siglo y que hoy luce más como una reliquia que como una herramienta moderna.
El problema no es nuevo. El documento interno que circula en la Cancillería lo dice con crudeza: la Academia sigue haciendo modificaciones exógenas, sin presión por resultados medibles. Agrega un taller aquí, un workshop allá, pero nadie pregunta lo esencial: ¿qué debe saber hacer un diplomático chileno el día que egresa?
¿Negociar bajo presión? ¿Detectar riesgos geopolíticos antes de que estallen? ¿Defender los intereses nacionales con argumentos sólidos frente a una mesa multilateral? ¿O solo repetir contenidos de clases expositivas?
El plan 2026 no responde ninguna de esas preguntas. No define un perfil de egreso. No establece criterios claros de aprobación. No contempla reconocimiento de aprendizajes previos (RAP). Y, sobre todo, no dice cómo se mide que un alumno realmente aprendió, en vez de solo memorizar. Un magíster en Derecho Internacional o tres años en el consulado no sirven de nada: todos empiezan de cero. El inglés y el francés se repiten sin diagnóstico real de nivel. Parece más una conferencia de dos días que un programa universitario serio.
Peor aún: la gobernanza es opaca. El director decide el plan cada año. El Consejo Docente solo consulta. No hay registro público de por qué se eligió un curso y se descartó otro. No hay rendición de cuentas sobre resultados. Nadie sabe qué alternativas se evaluaron ni qué evidencia respalda las decisiones.
Es un modelo de “viejos que hablan” disfrazado de modernidad. La comparación con West Point, que aparece en los mismos análisis internos, duele. Aquella academia militar estadounidense revisa su currículum cada tres o cuatro años desde hace décadas. Exige méritos reales, forma cuerpo y espíritu, y mide resultados. La ACADE, con 70 años de historia, sigue sin una estrategia de mediano plazo que trascienda al director de turno. Y lo más grave: ni siquiera exige nacionalidad chilena para ingresar al curso de formación ni revisión obligatoria de antecedentes por la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso, en un mundo de lealtades cruzadas y espionaje, es un riesgo innecesario.
La reforma que Chile necesita es concreta y factible en 18 meses:
Primero, actualizar el Reglamento Orgánico por decreto. Definir por ley el perfil del diplomático: negociador, comunicador, gestor y analista de riesgos. Todo el plan debe construirse hacia atrás desde ese perfil (inducción inversa, como se enseña en distintas casas de estudio).
Segundo, transformar el plan de estudios en un verdadero modelo por competencias. Expresarlo en créditos SCT Chile, no en meses. Incluir obligatoriamente geopolítica, negociación, inteligencia estratégica, prospectiva y liderazgo. Mínimo 40% de simulaciones, policy papers reales y pasantías evaluadas. Máximo 60% de clases magistrales. Reconocimiento automático de estudios previos convalidables. Idiomas, solo los que falten, según el diagnóstico inicial.
Tercero, cambiar la evaluación. Dejar de medir memorización y empezar a medir productos útiles: una negociación simulada ganada, un informe de inteligencia que sirva de verdad, un argumento que defienda el interés nacional. Rúbricas públicas. Nota mínima real. Reprobación posible. Evaluación psico laboral de egreso independiente.
Cuarto, profesionalizar la gobernanza. Que el Consejo Docente pase de consultivo a decisorio en el plan de estudios, selección docente y evaluación. Que las decisiones se publiquen con justificaciones. Que el director rinda cuenta anual pública de resultados: cuántos egresados realmente están preparados y qué dicen los que ya están en el servicio exterior.
No se trata de copiar modas de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ni de convertir la Academia en una universidad más. Se trata de que la institución que selecciona y forma a los funcionarios del Servicio Exterior deje de producir fotocopiadoras de contenidos y empiece a entregar negociadores, analistas y representantes que Chile pueda enviar al mundo con confianza. El costo es casi cero: reasignación de lo que ya se gasta en talleres y pasantías. El beneficio es estratégico: un Servicio Exterior que entiende que la diplomacia no es sólo protocolo y conferencias, sino una herramienta de poder nacional en un mundo cada vez más duro.
La Orden de Servicio N° 39 es solo el síntoma. La enfermedad es un modelo de 2001 que ya cumplió su ciclo. Chile merece una Academia Diplomática que forme diplomáticos del siglo XXI, no del XX. Es hora de cambiar el temario por un plan de verdad.
