Columna El Líbero, 09.05.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
Hace unos meses el “bolsonarismo” parecía derrotado. Desde estas líneas advertimos contra tal espejismo y las recientes encuestas de opinión confirman la impresión que tuvimos. El hijo del exmandatario, el senador Flavio Bolsonaro, se encuentra en empate técnico con el presidente Lula para las presidenciales de octubre (la primera vuelta sería el 4 y la segunda el 25).
Según las cifras de la empresa demoscópica Genial/Quaest, dadas a conocer esta semana, Lula aventaja al senador por 4 puntos en primera vuelta, en un escenario donde la izquierda y la centroizquierda están principalmente aglutinados en torno a la candidatura del presidente, pero con poco margen para crecer a base de partidos. Al otro lado, la derecha y centroderecha están dispersas en tres opciones, dos de ellas muy contrarias a una cuarta elección del Mandatario. En segunda vuelta Flavio Bolsonaro tendría una ligera superioridad (45,3% contra 44,7%). Se trata, en todo caso, de un empate técnico con el carismático Mandatario, hábil para atraer electores en campaña.
Con este escenario, la sociedad brasileña no sale todavía de una polarización que se arrastra desde las postrimerías de la segunda administración de Lula (2006-2010). Es un fenómeno que se hizo notar durante las masivas protestas de 2013 contra la expresidenta Dilma Rousseff, que antes de ser elegida fue Ministra de la Casa Civil del poderoso Mandatario. La brecha fue notoria en el proceso de destitución de Rousseff del cargo, en 2016. Luego, en el encarcelamiento de Lula a raíz del caso Lava Jato; en el lenguaje agresivo y ponzoñoso usado por ambos bandos en campañas y en redes sociales; en el proceso y encarcelamiento de Bolsonaro por la insurrección del 2023, etc.
Sin embargo, en los liderazgos políticos brasileños de segunda fila prima un fuerte pragmatismo. El regionalismo, el caciquismo y la altísima fragmentación partidaria inducen a una parte importante de los grupos de poder a situarse en posiciones de conveniencia para sacar provecho de uno u otro bando, de Lula o de Bolsonaro. Es el famoso “Centrão”. Así, la polarización se acota primordialmente a la competencia presidencial, pero contamina todo el ambiente durante elecciones generales donde se disputan, además, 54 escaños de los 81 del Senado, los 513 puestos de la Cámara, los gobiernos y asambleas legislativas de 26 estados y un distrito federal. En un país de 214 millones de habitantes (la mitad de la UE) los comicios brasileños son importantes para todos.
La dicotomía en la disputa presidencial arrastra a macrorregiones enteras. El Nordeste apoya mayoritariamente a Lula; el Sur y Centro-Oeste a Bolsonaro. La división contagia el voto laico y el religioso. Además, tiene rasgos emocionales, despierta pasiones en torno a dos figuras y deja poco espacio para otras opciones programáticas o personalidades emergentes. De este modo, la próxima contienda presidencial será un desafío de estrategias y no tanto de ideas. Implicará un buen diseño de candidaturas al Parlamento y a gobernadores; un hábil “juego de piernas”; fotos efectistas como la de ayer de Lula en la Casa Blanca; más empeño en estados clave como Minas y São Paulo; movilización de caciques; “subasta” de promesas creíbles para satisfacer a fuerzas políticas pequeñas en un Legislativo fragmentado; un fuerte activismo en redes sociales, entre otros.
Con todo, para muchos observadores el principal problema político brasileño del momento no es la polarización ante la competencia presidencial, que lo es, sino la erosión de la institucionalidad.
El reciente rechazo en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado del candidato Jorge Messias para integrar el Tribunal Superior de Justicia (Corte Suprema), propuesto por el gobierno de Lula, fue el último reflejo de una falta de sintonía y diálogo entre poderes, además de una declaración de rebeldía de los legisladores ante el Ejecutivo y el Judicial. Predominó entre los senadores la idea de que la Corte se ha convertido en apéndice del gobierno y que había que frenar el crecimiento de esa “bancada” en el Supremo. Se añade a ello la sensación de que el Judicial quiere ahogar al Legislativo cuando critica a algunos de sus miembros por sus opiniones políticas.
La censura al nombre de Messias, raro en la cultura política brasileña, vino justo después de otro importante pulso entre el gobierno y el Legislativo, donde el Congreso se impuso contundentemente al veto de Lula por el proyecto de Ley de Dosimetría, que rebaja las penas de los condenados por los actos insurreccionales del 8 de enero de 2023, entre ellos, las del expresidente Jair Bolsonaro. La votación en la Cámara fue de 318 votos contra 144 del gobierno. En el Senado de 49 a 24.
Ambas derrotas fueron contundentes. Varios ministros del Supremo rechazaron las decisiones del Congreso calificándolas como políticamente sesgadas, herramientas para atacar al Ejecutivo y al Judicial, productos para la campaña electoral. Reaccionaban también a la amenaza del Senado de iniciar procesos de destitución de magistrados. En esta guerrilla de declaraciones algunos supremos criticaron la pasividad del Congreso frente a temas controvertidos como los medioambientales, matrimonio igualitario, regulación de las redes sociales. Añadieron que su inacción legislativa obliga a la Corte a hacerse cargo de estos temas.
El telón de fondo de esta última pugna tiene más de una década. Efectivamente, el mundo político fue depositando progresivamente en el Judicial decisiones que debían ser producto del diálogo entre actores. La politización de la Justicia se hizo inevitable y con ello los jueces se colocaron involuntariamente una soga al cuello. El síntoma se agravó durante el gobierno de Bolsonaro y con el posterior enjuiciamiento y condena al expresidente por tentativa de golpe de Estado. En este último episodio, el actor principal fue el ministro del Supremo, Alexandre de Moraes.
Mientras el Judicial adquiría más relevancia por “dejación”, se incrementaba el poder del Congreso como retador del Ejecutivo. En una década, el manejo presupuestario pasó de un sistema donde el Ejecutivo tenía el control casi exclusivo, a otro donde el Legislativo se hizo de algunas de estas facultades a través de medidas como el “presupuesto impositivo” (reformas constitucionales por las que el gobierno se vio obligado a entregar recursos por voluntad de los legisladores) o las “enmiendas parlamentarias” (orientadas a beneficiar proyectos de bases electorales al margen del Ejecutivo). En el presupuesto de este año se estima que estas últimas alcanzarían unos US$ 11.000 millones. De este modo, se ha erosionado la capacidad de cualquier presidente para construir mayorías sólidas en el Congreso y se ha debilitado temerariamente la gobernabilidad del país.
Con lo ocurrido en estos días es perfectamente posible que el Legislativo pueda sentirse tentado a tutelar otros nombres del presidente sometidos a su ratificación, o avanzar hacia un control mayor del presupuesto socavando la autoridad presidencial. Se profundizaría así una crisis que es más institucional que coyuntural. Este tipo de escollos no se resuelven únicamente mediante elecciones.
A lo anterior se agregan los casi sistémicos escándalos de corrupción que enrarecen el ambiente. A los más recientes nos hemos referido en algún artículo anterior. Estos monopolizan la información y generan una deslegitimación de la institucionalidad ante la opinión pública.
Para nosotros, todo lo que ocurre en Brasil es de la mayor relevancia. Allí invertimos, vendemos, buscamos mayor integración. De allá provienen turistas y productos sofisticados. Sin embargo, no analizamos suficientemente su compleja realidad, que va más allá de Lula o Bolsonaro.
