Columna PanAm Post, 05.11.2023 Hugo Marcelo Balderrama, economista y columnista boliviano
Después de la recuperación de la democracia (octubre 1982) y la estabilización de la economía (agosto 1985), los diferentes gobiernos de Bolivia, sin importar a que sigla política pertenecieran, se preocuparon por manejar la geopolítica del país en función de la integración comercial y el desarrollo económico.
Por citar un caso, El 4 de diciembre de 1991, el presidente de Estados Unidos, George Bush, expidió el Andean Trade Preference Act (ATPA, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas), el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas de aquel país. La Ley se hizo efectiva a partir de julio de 1992, beneficiando a Colombia y Bolivia como elegibles para ser beneficiarios del ATPA.
El programa tenía como objetivo crear empleos y, al mismo tiempo, combatir el circuito coca/cocaína mediante la sustitución de cocales por productos alternativos o, en su caso, mercancías terminadas, por ejemplo, marroquinería y joyería.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, desde 1992 las ventas a Estados Unidos crecieron aceleradamente con el ATPA. Las exportaciones no tradicionales de Bolivia a EE. UU. llegaron a un tope de 229 millones de dólares en 1994 (sobre un valor global de 348 millones), incrementándose los bienes exportados a 163 productos (destacando los artículos de joyería, maderas trabajadas, flores, quinua).
La diversificación de las ventas preferenciales del país con alto valor agregado significó un mayor desarrollo productivo en Bolivia, pues el número de exportadores alcanzó las 551 empresas en la gestión 2007 ―la mayor parte de ellas micro, pequeñas y medianas empresas―, generando 40000 empleos, principalmente, en las ciudades de El Alto y La Paz.
Pero en el 2008, ya con el cocalero Morales en el poder, la dictadura boliviana expulsó a la DEA del país y cerró cualquier posibilidad de continuar con ese acuerdo comercial.
Sin embargo, no estábamos solamente frente a un final de un acuerdo comercial, sino a todo un giro geopolítico en las relaciones internacionales de Bolivia, ya que dejamos los acuerdos de integración con países civilizados para unirnos al club de las dictaduras antioccidentales.
De hecho, Morales y su grupo de secuaces, conformado por asesores cubanos y venezolanos, tejieron relaciones de «hermandad» con el fundamentalista Mahmud Ahmadineyad (presidente de Irán entre 2005 y 2013).
¿En qué consistía un acuerdo entre dos naciones tan distantes a nivel geográfico, comercial, político y, especialmente, cultural?
Básicamente, el vínculo es muy parecido el que tiene Irán con Venezuela: usurpar el uranio boliviano para fabricar armas nucleares, además de usar dinero iraní para montar un canal que transmita mensajes a favor de la dictadura del cocalero.
Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en un estudio titulado: “Uranio y agua de Bolivia para Irán”, explica lo siguiente:
El país de Mahmud Ahmadineyad tiene gran interés en el uranio boliviano, según se percibió durante la visita del ministro iraní de Industria y Minas, Ali Akbar Mehravian, el 2 de septiembre de 2010. En esa oportunidad, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que «hay intenciones de realizar trabajos de prospección» sobre uranio y para ello hace falta una «carta geológica en la que colaborará Irán». Según los cables filtrados recientemente por WikiLeaks de los que se hace eco El País (España), Irán busca uranio en Venezuela y Bolivia, al menos desde el 2006. Más curiosa, sin embargo, resultó la noticia que Bolivia eligió a Irán para explotar el litio del Salar de Uyuni, próximo a los yacimientos de uranio de Los Frailes. Según la agencia gubernamental ABI, Evo Morales declaró que «Bolivia está consciente del amplio conocimiento científico de Irán para que sea socio del país en la industrialización del litio». Lo curioso es que no existe litio en Irán y tampoco industria relacionada a él.
Por su parte, José Brechner, el mayor experto boliviano en temas de Oriente Medio e Islam, en su artículo titulado: “Progresa la incursión iraní en Latinoamérica”, asevera que:
Irán posee misiles de mediano alcance y mucho armamento liviano. El mismo que regala a Hamás y Jizbalá, servirá para armar las milicias comunistas. Además, es experto en entrenar guerrilleros. No hay que dejarse burlar por el cariño iraní hacia Sudamérica. Su verdadera meta es la conversión de las poblaciones autóctonas al islam. Su apoyo político y económico es un disfraz para imponer su convicción religiosa, como está haciendo en la Ciudad de El Alto, colindante con La Paz, donde obligan a las enfermeras bolivianas a usar el atuendo islámico (Jihab), en un diminuto y mediocre hospital que donó. No nos equivoquemos, Irán es una intolerante teocracia antioccidental. Sus líderes piensan acomodarse en Latinoamérica para atacar a los Estados Unidos, aliados con los neocomunistas.
Por ende, no debería sorprendernos que Gabriel Boric, Gustavo Petro, Luis Arce Catacora y Evo Morales hayan cerrado filas en apoyo a los terroristas de Hamás, pues ninguno de ellos toma decisiones de manera individual, sino en función de los intereses delincuenciales del Socialismo del Siglo XXI.
Sin embargo, en el caso particular de Bolivia, romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel demuestra que el país dejó de ser un punto estratégico de la integración comercial de la región para, tan sólo, convertirse en un trampolín del crimen transnacional y el terrorismo islámico. Todo ante la mirada indiferente de una población que parece, o no quiere, anoticiarse que el país está siendo destruido cada segundo, ¡qué déficit moral!
