Columna Brújula Digital, 01.01.2025 Loreto Correa, historiadora y docente universitaria chilena
Hagamos una evaluación de las relaciones entre Bolivia y Chile: los dos países concluyeron dos pleitos internacionales en 2018 y 2022. En ambos, las decisiones fueron claras. Por un margen amplio, los dictámenes definieron que las peticiones realizadas por Bolivia eran no ha lugar. En ese esquema de cosas, las situaciones han dado por cerrado el tema marítimo y la contrademanda boliviana respecto del Silala.
Veamos el tema marítimo. Hay que recordar que por 12 votos contra tres la Corte Interamericana de Justicia decidió que no había la obligación de negociar. Lo he señalado en innumerables ocasiones: Chile debe responder al espíritu del Tratado de 1904 y a las obligaciones que se han impuesto en este esquema. Respecto del Silala, las definiciones concretas son que el Silala es un río, un curso de agua internacional y que Chile no le debe dinero a Bolivia. Por eso, Bolivia es libre de desmantelar los canales y la mampostería. De hacerlo, debe cumplir las normas del derecho internacional. En ambos casos eso no es gobernanza, como se ha esgrimido en Bolivia, sino cumplir con el fallo.
Sin embargo, las cosas no se concretan en el aire. Bolivia posee un gobierno sin Cancillería de carrera desde la suspensión de la reforma hecha por la canciller Karen Longaric (2020) y que el gobierno de Arce borró del sistema. Al respecto, antiguas voces de Cancillería aún se sienten con la autoridad de pautear a un gobierno que no escucha y al que no le interesan aquellas voces.
En efecto, el gobierno de Luis Arce ha transitado ya cuatro años con operadores que desempeñan la agenda que él dispone, cumpliendo los mecanismos institucionales dispuestos en la CPE boliviaana; esto es que el jefe de Estado sea responsable de la política exterior y que solo en casos especiales se le consulte al Congreso. En este sentido, ninguno de los acuerdos recientes suscritos por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en Chile contradice los artículos 255 al 265 de la carta magna boliviana. En consecuencia, mal hacen estos exfuncionarios del Estado Plurinacional en retrucar gestiones que buscan una mejora en la armonización de cuestiones fronterizas, policiales, comerciales, migratorios, todos temas que intentan ayudar respecto del clima de inseguridad brutal que existe en la zona andina.
Al otro lado de la frontera, no hay drama legal: toda la política exterior chilena depende del presidente de turno. Por ello, tras el fallo del Silala, la entonces canciller Antonia Urrejola señaló que “La voluntad de nuestro país es, de aquí en adelante, continuar trabajando con la hermana República de Bolivia” (2022). Por eso es que podrán pedirse explicaciones respecto a qué ha solicitado la semana pasada Bolivia a Chile a cambio para firmar los últimos acuerdos vinculados a temas migratorios, pero esa petición no descalifica que se pueda dialogar. Chile quiere una Bolivia estable, próspera y democrática. Esa es la agenda.
Así las cosas, las miradas sobre la política fronteriza vertidas recientemente en Bolivia, una estirando los argumentos respecto del Silala y otra, insistiendo en que habría la necesidad de un diálogo que “busque ganancias inmediatas” para Bolivia (Javier Viscarra, Brújula Digital 28|12|24|) e indicando lo que deben hacer las cancillerías de Bolivia y Chile, resulta odioso. Otro tanto, las desmedidas declaraciones de dos exfuncionarios de Cancillería de Bolivia y un gran amigo, Ronald MacLean, quienes insisten en algo aún más criticable, decir que Bolivia se ha puesto de rodillas respecto de Chile (Javier Viscarra, Gustavo Aliaga y Ronald MacLean, Brújula Digital |22-12-24) y Ronald MacLean (Brújula Digital |31|12|24|). Eso no es cierto ni Chile pretende semejante cosa.
Respecto de lo primero: Bolivia puede hacer lo que desee con el Silala siempre y cuando respete la normativa internacional de flujo de aguas. Chile –de ser necesario– observará los incumplimientos si los hubiera y ante quien corresponda. Sobre este particular entonces, lo mejor que puede hacerse es dejar que las instituciones funcionen. La verdad sea dicha, muchos años tuvo la diplomacia boliviana para estudiar si el Silala era o no un curso de agua internacional.
Respecto de ponerse de rodillas, las cosas claras: Los intereses de la zona fronteriza andina afectan profundamente a los dos países. Si Bolivia deja transitar por su territorio a criminales o personas que pasan por paso no habilitado hacia Chile, el problema es compartido, no es solo de Chile. Si esto “ha de intercambiarse” por algo que le convenga a Bolivia, es una simpleza porque Bolivia tiene población tan vulnerable como Chile viviendo en los Andes y esa población merece que se la respete como cualquier ciudadano.
¿De qué se trataría entonces la agenda reciente de las autoridades de ambos países? Se trata de resguardar derechos humanos, mitigar pobreza y cumplir la agenda 2030 que tanto se pregona desde el socialismo del siglo XXI. Por otra parte, es fundamental remarcar que la ausencia de control de personas ocurre en las mismas rutas por donde se producen el tráfico de personas, el contrabando y el mismo narcotráfico. O sea, se asiste a problemas respecto de territorios en los que se ha instalado el crimen organizado transnacional y que afecta caminos, puertos, ciudades y el paisaje total del altiplano, hoy tapizado de delitos e inseguridad y por donde transita el comercio exterior de Bolivia. Si esto no se entiende, mal juzgamos.
Por fin se acabó la ley del hielo
Todos, moros y cristianos, dicho coloquialmente, deberíamos alegrarnos en Chile y en Bolivia de haber salido de la vergonzosa ley del hielo que surgió tras el fallo de La Haya el 2018 y luego, condicionada por el COVID. Bien haríamos, esta vez, en dejar trabajar a las autoridades –nos gusten o no– y, sobre todo, en no parecer que se sangra por la herida porque no se toman las decisiones en las que uno hubiera deseado figurar. Traspasar estos temas a un falso orgullo nacional o a las frustraciones a la relación binacional resulta tóxico, y replica décadas de un nacionalismo de espaldas que no conduce a ningún sitio.
Nuestro deber como sociedad civil es recuperar el diálogo, revisar qué podemos mejorar, pensar en el comercio, las exportaciones seguras, finalmente, acompañar en pro del bienestar concreto de las poblaciones y los países. Eso es lo que se ha venido haciendo en los encuentros empresariales binacionales (2021, 2022 y 2023) y particularmente en los dos últimos encuentros de historiadores, cientistas sociales e intelectuales de Chile y Bolivia en Iquique (2023) y Santa Cruz (2024) y que volveremos a replicar en noviembre de 2025 en Chile.
El mundo está demasiado angustiado para que encima, vengamos a poner más piedras a una relación de por sí difícil.