Columna Brújula Digital, 02.03.2024 Javier Viscarra Valdivia, abogado, periodista y diplomático boliviano
Desde la creación de la República ha sido muy difícil atender el perímetro limítrofe que Bolivia tiene con los cinco países vecinos y que hoy alcanza a 7.000 kilómetros, pero en la actualidad el descuido es patético; con ello se ha dejado que los tentáculos del narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando se extiendan con una facilidad alarmante, mostrándonos como el vecino malo del barrio.
Desde Chile han surgido voces en las que se tilda a Bolivia como “un país que se convirtió en un laberinto por donde ingresa la violencia” y, consiguientemente, con el que hay que revisar la relación.
Con ese argumento, el senador chileno José Durana, muy crítico de Gabriel Boric, expresó en una columna publicada en días pasados por El Libero su oposición a que se abra la llamada “ruta del litio”, un nuevo paso fronterizo para Bolivia a la altura del hito 60, que se destinaría al transporte de ese metal para su exportación.
El hecho de que la Cancillería de Bolivia haya virtualmente abandonado el trabajo de límites internacionales no es una novedad porque ya es conocida la deplorable ausencia de diplomáticos en el ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay otras dos instituciones fundamentales para esta tarea, las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin embargo, ni la una ni la otra tienen la capacidad logística para realizar un control pleno de nuestra soberanía territorial y, consiguientemente, frenar la delincuencia organizada.
Con Chile la situación adquiere una dificultad adicional debido a las posiciones encontradas sobre el acceso soberano al mar para Bolivia. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo enfoque en la relación bilateral parece crucial toda vez que la hoja de ruta con Chile, acordada en abril de 2021, no avanza.
Sin el ánimo de ingresar en la polémica generada en Brújula Digital por las consecuencias de nuestro forzado enclaustramiento marítimo debido a que coincido en varios aspectos con las tres propuestas, las de mi colega Andrés Guzmán, el politólogo Diego Ayo y la historiadora chilena Loreto Correa, considero que, si buscamos la construcción de un nuevo relacionamiento, los empecinamientos no ayudan.
Es incuestionable que la Corte Internacional de Justicia ha negado que Chile tenga la obligación jurídica de negociar el tema marítimo con Bolivia. Sin embargo, es importante destacar que en ningún pasaje de los extensos documentos generados durante los cinco años de juicio la CIJ niega el hecho de que Bolivia haya nacido con una costa marítima. Y, aunque ha rechazado la demanda boliviana, ha sugerido la continuación de las negociaciones, en el marco del principio internacional de la buena vecindad.
Es igualmente evidente que la Corte elevó los estándares para poder aducir que una acción es un “acto unilateral que generan obligaciones”, quizás para evitar socavar el delicado andamiaje jurídico internacional. Esta decisión implicó un revés considerable para el trabajo realizado por la comisión sexta de Naciones Unidas, la jurisprudencia existente y, como efecto letal, los argumentos presentados por Bolivia en el juicio contra Chile.
Casi se ha eliminado la buena fe con la que actúan los Estados, ahora todo debe ser escrito, firmado, sellado, refrendado con muchas estampillas y además apostillado para tener valor.
Las pruebas de Bolivia estaban basadas en documentos históricos, coincidencias bilaterales y virtuales acuerdos, como las notas de 1950, el llamado “Abrazo de Charaña” de 1975, o los múltiples intentos y declaraciones por parte de Chile de abordar el problema marítimo con miras a encontrar una solución al encierro injusto, Pero todas fueron inútiles.
En el párrafo 19 del fallo de la Corte se puede leer con claridad: “Al momento de su independencia, Bolivia tenía un litoral de más de 400 km a lo largo del Océano Pacífico”. Y parte del párrafo 21 afirma: “Chile ocupó el territorio costero de Bolivia”.
El párrafo 175 del fallo dice: “La Corte es, sin embargo, incapaz de concluir, en base al material presentado ante ella, que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”
Chile no tiene obligación jurídica de negociar; sin embargo, la controversia persiste.
Entre los resquicios de la moral de los Estados y el conjunto de principios éticos y valores que guían sus acciones y decisiones en el ámbito internacional, las partes siempre pueden dialogar.
En última instancia, la moral de los Estados en el derecho internacional está intrínsecamente ligada a la percepción pública y a la reputación internacional de un país.
Estas disquisiciones conducen a no ignorar otra parte de la sentencia de la Corte, en el párrafo 176: “la conclusión de la Corte no debiese ser entendida como un impedimento a las Partes de continuar su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad”.
En algún momento, la Cancillería de Bolivia volverá a contar con profesionales que sean capaces de tratar este problema desde una óptica moderna y también en Chile se entenderá que no se puede seguir arrastrando este problema ad infinitum, por la sola negación de la CIJ a obligarlos a negociar.
Entretanto, y en lugar de construir un nuevo enfoque en la relación bilateral, estamos supeditados a la parsimonia de una hoja de ruta que ha reducido la relación entre los dos países a temas de frontera, delitos y migración ilegal.
