Carta El Mercurio, 10.06.2016 Jorge Canelas U.; Benjamín Concha G.; María Eliana Cuevas; Cecilia Mackenna E.; Felipe Du Monceau P.; Carlos Klammer B.; Juan Salazar S.; y Enrique Subercaseaux M., embajadores
El secretario general de la OEA tuvo el valor de activar el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana para que el Consejo Permanente se pronunciase sobre la grave crisis que afecta a Venezuela, rompiendo así el inmovilismo que había marcado a la organización anteriormente y que permitía que Maduro fuese construyendo su dictadura.
Lamentablemente, y en forma sorpresiva, la presidencia del Consejo (Argentina) hizo caso omiso del informe jurídico de Luis Almagro y aprobó una declaración incolora, insulsa y aguada, que se limita a instar a las partes del conflicto venezolano a resolverlo a través del diálogo. Es decir, ofrece muy poco, muy tarde.
Lo peor es que la maniobra argentina, que se explica por una candidatura a la Secretaría General de la ONU, contó con el consenso de los Estados miembros (Chile inclusive). Todos han convertido la Carta en letra muerta y permitido que se siga perdiendo el tiempo, lo que favorece a un Maduro empecinado en evitar el referendo revocatorio antes de fin de año.
A estas alturas, el gobierno chileno forma parte de esas componendas, ya sea por acción u omisión. No quiere reconocer los sufrimientos del pueblo venezolano. Su falta de liderazgo en defensa de la democracia y de los derechos humanos (principios básicos de la política exterior chilena), en el apoyo a Almagro y la Carta Democrática Interamericana, demuestra que lo guía únicamente la solidaridad ideológica con un régimen dictatorial.
La deuda de muchos chilenos con los demócratas venezolanos, adquirida durante la dictadura militar, sigue pendiente.
