Columma El Líbero, 22.01.2021 Jorge G. Guzmán, Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis
“Es indiscutible -sentencia el historiador francés Marc Bloch- que la ciencia siempre nos parecerá de una u otra forma incompleta, si antes o después no nos ayuda a vivir mejor”. Un axioma de toda actualidad para el Austro chileno, que por décadas ha sido instrumentalizado como un mero “laboratorio“ al servicio de intereses extra-regionales y del voluntarismo universalista liviano de contenido propiamente científico. Un enorme hándicap para el desarrollo de Chile, si se considera que nuestros territorios terrestres y marítimos entre Chiloé y el Polo Sur abarcan, literalmente, millones de kilómetros cuadrados de biodiversidad y recursos naturales de importancia material para las futuras generaciones de chilenos.
Bajo la bandera de un “ecologismo profundo”, grupos heterógeneos han convencido al Fisco chileno de allegar recursos públicos a proyectos “de desarrollo científico” que poco y nada hacen al progreso intelectual y material de la enorme mayoría de los ciudadanos del sur más lejano del país. Dicho colectivo se apoya en una red transversal de contactos, públicos y privados, en los que interesadamente se repite, según convenga, el “himno a la alegría” o la “leyenda negra” de la ocupación europea de las Américas. Esto, para “victimizar” ecosistemas aún poco estudiados, o para instrumentalizar las necesidades de los conciudadanos que ahora les gusta separar del resto de nuestra sociedad bajo la categoría de “pueblos originarios”. Su transversalidad permite a estos grupos adaptarse a “gobiernos centrales” de todo signo político, unidos por la consigna del “vivir bien”.
De esta estirpe es la iniciativa del Centro Antártico Internacional (CAI) en Punta Arenas, falaciosamente publicitado como un gran albergue de “cientos de científicos de todo el mundo”. Todo justificado por el eslogan “Punta Arenas, puerta de entrada a la Antártica” (en realidad, desde el siglo XIX, Punta Arenas es la capital de la Antártica Occidental). Como megaproyecto inmobiliario, el CAI hipnotiza a los amigos de la industria del cemento, sin importar si ello hipoteca proyectos de real importancia par las familias que viven a miles de kilómetros al sur de Santiago. Se trata de un edificio de 15 mil metros cuadrados, equivalentes a 150 dptos de 100 metros cuadrados, planificado en el borde costero de Punta Arenas, expuesto a los vientos, la marea y a la licuefacción asociada a los movimientos telúricos (como aquel de diciembre de 1949). Este “mega-proyecto”, ideado durante el gobierno de Bachelet II con un costo de circa $32 mil millones, debió ser reevaluado por el gobierno de Piñera II: su costo no será inferior a los $60 mil millones (82 millones de dólares).
Si, como se pretende, se implementa la conexión de fibra óptica entre Puerto Williams y la Base O´Higgins (tierra firme antártica), ¿será necesario un CAI de 15 mil metros cuadrados? ¿No sería más realista ampliar dicha base al servicio de una ciencia con horizonte político y, en términos mensurables, al servicio de las prioridades de nuestra Política Antártica?
El Austro chileno fue inteligentemente imaginado por O´Higgins, Bulnes, Aguirre Cerda, González Videla e Ibáñez y, también, por figuras superiores de la política nacional como Clodomiro Almeyda y Hernán Cubillos. Sin embargo, la globalización de los 90 incubó en una generación de políticos la idea de convertir a nuestra región magallánico-antártica o en parte del patrimonio universal de la humanidad en “moneda de cambio” a piacere de la globalización económica o, también, como “bien transable” y zona de sacrificio según la coyuntura política vecinal.
De lo contrario cuesta entender que una Cancillería con más de 150 años no haya entendido por más de dos décadas el sentido geopolítico de la disputa con Argentina sobre la plataforma continental magallánica (proyección antartica de Chile), o que tres años atrás haya avalado el Decreto que creó el “Parque Marino Islas Diego Ramírez Paso Drake“, obstruyendo el derecho natural de nuestro país a los territorios submarinos al Este del meridiano del Cabo de Hornos.
Tampoco han reparado los gobiernos centrales que parte de las 300 mil hectáreas del Parque Natural Karukinka (Isla de Tierra del Fuego), de propiedad de la ONG norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) -con sede en Washington y dirigida desde Providencia-, abarca desde la costa del Seno Almirantazgo hasta el límite con Argentina. Dicha propiedad constituye una verdadera “frontera interior” que, a ojos vista, afecta la continuidad territorial entre el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle.
Con razón vecinos de nuestra Tierra del Fuego -a quienes no se consultó si querían o no este parque privado- se preguntan cuál es el aporte de Karukinka al progreso material de la isla. Tampoco está clara cuál es la relación entre dicha ONG norteamericana con el Estado chileno, especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Recibe (o ha recibido) la WCS aportes financieros del Fisco?
Si bien el origen de este parque natural de propiedad extranjera estuvo en una justificada reacción a proyectos de explotación de los recursos naturales y grave impacto sobre la biodiversidad fueguina, su existencia importa la creación de enclaves de soberanía extranjera de baja intensidad en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. ¿Alguien cree que EE.UU. no está atento a cualquier intervención del Estado esta zona?
En los próximos tiempos la sociedad chilena enfrentará la histórica misión de construir una nueva Constitución. Empoderar a los Gobernadores y otras autoridades regionales con las potestades de la soberanía popular (que hoy equivocadamente residen en la política exterior) es de vital importancia si efectivamente queremos que la ciencia y la gestión de nuestros territorios esté en beneficio de la ciudadanía. De otra forma, la ciencia seguirá al servicio de unos pocos, incapaces o indolentes frentes a los desafíos estructurales que nos impone la realidad del siglo XXI.
