Columna El Montonero, 23.07.2020 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Brigadas de médicos sometidos a “trabajo forzoso”
Los diarios El País (progresista) y El Mundo de España denuncian: “El control absoluto de Cuba sobre los médicos de sus misiones evidencia la vulneración de derechos básicos”, según el destacado titular del primero. Es la misma situación que el Secretario General de la OEA caracterizó como “un sistema de esclavitud moderno”, y las relatoras especiales de las NN.UU. sobre las formas contemporáneas de esclavitud tipificaron como “trabajo forzoso”. Sobre la base de la Convención Interamericana de DDHH, el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirma que “Los países que reciben médicos cubanos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de todas las personas en su territorio”, puntualizando que sus autoridades “podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”. Es una clara alusión a la responsabilidad internacional del Gobierno peruano por los 85 “brigadistas médicos” de Cuba en el Perú.
El Washington Post presenta el dato de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba precisando que la exportación de servicios de salud son su principal fuente de divisas, y recuerda que, según esos datos oficiales de 2018, los ingresos por este concepto ascendieron a US$ 6,400 millones (provenientes del 75% de los salarios de sus médicos en el exterior). A lo largo de casi 60 años 400,000 personas han estado sometidas a ese régimen, sin contar los recientes contingentes de cooperantes médicos contra el Covid-19. A razón de US$ 2,000 como salario por persona durante tres meses (sin considerar otros ingentes gastos), el Perú está pagando US$ 510,000 –de los que La Habana se apropiará del 75%–. Nosotros también contribuimos al negocio fenicio que la propaganda castrista presenta como colaboración “solidaria”.
En declaraciones al programa Agenda Política, (19/7) el nuevo Canciller Mario López informó que los brigadistas vinieron a pedido de algunos gobiernos regionales. Respaldan su afirmación las numerosas gestiones realizadas por el Gobernador de Moquegua (ver www.regionmoquegua.gob.pe), miembro de Izquierda Unida. Sus esfuerzos fueron infructuosos hasta que el ex Ministro Zamora les dio curso. Lo hizo en base al Acuerdo Interinstitucional que los Ministerios de Salud del Perú y Cuba firmaron para cumplir el compromiso concertado durante una de las varias visitas del Presidente Humala a La Habana (enero 2013).
Invocando tal acuerdo, el doctor Zamora informó al Canciller del Perú (Oficio 247-DM/MINSA de 13/5/2020) que en coordinación con el entonces Primer Ministro Zeballos, se consideró conveniente aceptar “la oferta” cubana y “las condiciones subyacentes a ella”, suscribiendo otro Acuerdo Interinstitucional y un Memorando de Entendimiento –que a pesar de su carácter internacional no se han hecho públicos como se ha solicitado y la Constitución dispone–. Este manejo irregular no exime a la Cancillería de la obligación de dar a conocer íntegramente los instrumentos suscritos por el ex Ministro de Salud.
¿Dónde están actualmente los 85 brigadistas? Hace más de un mes, el Embajador de Cuba Sergio González informó al portal www.otramirada.pe (9/6) que serían destacados a Ayacucho (16), Moquegua (16), Arequipa (26) y Ancash (27). ¿Permanecerán en esas regiones? Aparte de algunas quejas sobre su pobre desempeño profesional y de sus homenajes públicos al Che Guevara acompañados de las autoridades de Moquegua y Arequipa, el problema ha pasado a segundo plano no obstante que sus acciones de propaganda eran un claro anuncio de las censurables intenciones injerencistas de los “cooperantes” que, ojalá, hayan concitado la atención de nuestros distraídos servicios de inteligencia, ya que no merecieron siquiera una protesta de la Cancillería.
Estas lamentables experiencias deberían ser objeto de una rigurosa reflexión en Torre Tagle con miras a revisar las normas que rigen la negociación y formalización de los llamados “acuerdos interinstitucionales” con las más diversas autoridades sectoriales de otros países. Se trata de convenios internacionales atípicos que se firman con prescindencia de la diplomacia profesional, a la que se notifica cuando el hecho está consumado. No puede ser más evidente que en los últimos lustros esta ha sido la puerta de escape para cerrar negociaciones y suscribir, a veces de contrabando, acuerdos internacionales inconvenientes para el interés nacional.
