Carta La Tercera, 05.05.2022 Demetrio Infante, exembajador
La Convención Constitucional aprobó la idea que Chile es un país plurinacional, lo que no solo me parece esencialmente equivocado, sino que puede conllevar consecuencias serias a nuestra política exterior. Lo graficaré con un ejemplo.
En el norte de Chile vive la “nación” aimara. Al otro lado de la frontera está Bolivia, que también se declara plurinacional y donde habitan aimaras. Es decir, la “nación” aimara iría más allá de los estados respectivos. Cabe preguntarse, ¿qué harán las autoridades de Santiago si los aimaras chilenos en un acto de amistad inician con los aimaras bolivianos conversaciones para darles a estos un corredor soberano al mar? Lógicamente, La Paz respaldaría la idea y personeros altiplánicos, como el amigo del presidente Boric, Álvaro García Linera, empujarían la iniciativa a nivel continental y también mundial.
Ese acuerdo no tendría valor jurídico internacional alguno. Pero recuerdo que existe dentro de la ONU el Comité de los 24, al cual pertenece Chile representando a América Latina, junto con Nicaragua, Venezuela y Cuba. Aquél, más allá de ocuparse del tema de la descolonización da cabida a otros, en especial si se plantean por una “nación”. El temario de este Comité no está cerrado y puede la Asamblea ampliarlo, e incluso podría autoincrementar su competencia. Argentina, sin estar el caso en la agenda permanente, logró el ingreso del tema Malvinas, y todos los años la Asamblea General adopta un acuerdo al respecto con la oposición inglesa.
Las resoluciones del Comité no tienen la trascendencia de la Corte de La Haya, pero nos veríamos arrastrados anualmente a la Asamblea General para obtener el rechazo de esa petición de la “nación” aimara.
Adicionalmente se debe considerar que la conducta de los otros miembros regionales del Comité -por su orientación política- podría no ser amistosa hacia Chile. Por último, debe considerarse que los países africanos, que son numerosos, por su historia tienden a apoyar peticiones de este tipo.
Lo indicado demuestra la ligereza del actuar de la Convención Constitucional. La defensa corporativa de algunos de sus miembros es el modo de justificar acciones personales a un proceder ideologizado y poco cuidadoso que no interpreta a la mayoría del país y pone en riesgo intereses de Chile.
