Editorial La Nación, 16.05.2015
La activa Fundación Friederich Naumann organizó en Lima, Perú, un importante seminario regional en el que expositores de distintos países latinoamericanos se refirieron al doble estándar utilizado en materia de derechos humanos en la Argentina, Bolivia y Venezuela, entre otros países, así como al preocupante crecimiento del autoritarismo en la región.
En la intervención a cargo del experto argentino Carlos Manfroni, que concurrió en representación de la Fundación Libertad y Progreso, se expusieron estadísticas, documentos y filmaciones que evidencian el doble estándar de los jueces argentinos a la hora de juzgar los hechos de terrorismo cometidos durante el conflicto armado interno argentino de los 70 y las violaciones concretadas por algunos militares en aquella época.
Manfroni destacó que la imposición solapada de ese doble estándar resultó el primer paso en el quebrantamiento de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial argentino. "Al amparo de un tema tabú acerca del que pocos se atreven a discutir, el Gobierno comenzó a ejercer su dominio sobre los jueces", explicó el especialista, quien se refirió al desamparo total en que han quedado las numerosas víctimas de la guerrilla marxista de la década de los 70. También se refirió a las modalidades de inversiones realizadas fundamentalmente por Irán en países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, que apuntan a edificar y sostener a los gobiernos autoritarios de la región.
Por su parte, el representante del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, de Bolivia, puntualizó que durante el gobierno de Evo Morales se han registrado 65 muertos como consecuencia de la represión de la administración actual. Agregó que hay en Bolivia 16.000 presos políticos, la mayoría de los cuales están en la cárcel con prisión preventiva. Entre los abusos de la administración nacional boliviana, se refirió específicamente al caso de un opositor que fue acusado de terrorismo, por lo que estuvo detenido con prisión preventiva a lo largo de seis años hasta que fue liberado por falta de pruebas.
El representante del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, un ex magistrado del Tribunal Constitucional de ese país, manifestó que, cuando el presidente Rafael Correa critica a una persona, a sus manifestaciones les sigue normalmente el inicio de causas penales contra el criticado. Para hacer su presentación más explícita, agregó una filmación en la que Correa manifiesta que no sólo es titular del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En tanto, el representante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala describió cómo los movimientos de la izquierda de su país han copado casi todos los principales cargos en materia de derechos humanos para usar políticamente el tema, mientras que el enviado del Observatorio de Política y Estrategia en América latina, de Colombia, describió la iniciativa del secretario general de la Unasur, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, en procura de establecer una Corte Penal Sudamericana con una orientación distinta de la de la Corte Penal Internacional.
Todos los expositores coincidieron en que, desgraciadamente, los temas de derechos humanos son con mucha frecuencia utilizados mañosamente y con propósitos persecutorios por las autoridades de algunos de los países de la región y exhortaron a todos a seguir trabajando para que se imponga la racionalidad sobre estos autoritarismos disfrazados de democracias.
