Columna El Líbero, 04.10.2023 Jorge G. Guzman, abogado, exdiplomático y profesor (U. Autónoma)
El miércoles 27 de septiembre el canciller argentino, Santiago Cafiero, compareció ante el Senado de su país y afirmó que, hace un año y en los hechos, su país invocó el sistema de solución de controversias del Tratado de Paz y Amistad (TPA), invitando a Chile a someter la cuestión de la plataforma continental magallánica a -se entiende- del Procedimiento de Conciliación previsto en ese Tratado (Art, 5 y Anexo I).
Con esto el canciller argentino confirmó la existencia de un diferendo limítrofe que, nos parece, puede incluso ser más complejo que aquel por las islas “al sur del canal Beagle” (que condujo a la crisis de 1977-1984).
De cierta forma el señor Cafiero lamentó que Chile no haya, hasta ahora, respondido la invitación argentina, no obstante que ya notificó la designación de su representante, y pesar de la insistencia de su Ministerio ante embajada chilena en Buenos Aires (hoy vacante).
De lo explicado por el canciller argentino se entiende que el argumento central de su país girará en torno a dos premisas:
Primero, que conforme con la interpretación argentina del TPA, Chile está limitado al “meridiano del cabo de Hornos”. En el caso de la plataforma continental -y conforme con la Convención sobre el Derecho del Mar y una interpretación literal del TPA- esto no es así. Si Chile aceptara tal argumento, aceptaría la invención geopolítica del “principio bioceánico” (rechazado durante los procesos del Laudo arbitral y la Mediación Papal).
Segundo, que toda vez que durante el proceso de validación de la presentación de la plataforma argentina (2009-2016), nuestro país no hizo ninguna observación relativa a la plataforma continental al suroriente de las islas Diego Ramírez, por omisión la Cancillería chilena estuvo de acuerdo con el planteamiento argentino (“el que calla, otorga”).
Mientras el señor Cafiero y su país errónea e interesadamente insisten en afirmar que el diseño de su plataforma continental ha sido “validado por Naciones Unidas” (en realidad un organismo técnico-científico con potestades muy específicas), tampoco es correcto que Chile concedió de plano.
Ello, porque en 2009 Chile hizo un “reserva general” que, en este caso, resulta aplicable: los Estados no necesitan declarar su plataforma continental de 200 millas. Sí lo deben hacer los Estados que, como Argentina, pretenden espacios más allá de esa distancia (por ejemplo, la “medialuna” de territorio submarino que Argentina pretende al sureste de las islas Diego Ramírez y cabo de Hornos).
Con todo, lo que ha quedado en evidencia son los imponderables resultantes de la postergación a la que, por demasiado tiempo, la Cancillería chilena sometió a la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica.
Siempre refugiada en tecnicismos (“el joker” de la “reserva general” para no equivocarse y no arriesgar nada) la diplomacia chilena contribuyó a que en el imaginario geopolítico argentino se creara la percepción (y ahora la convicción) de que Chile no tiene voluntad política para enfrentarla en un tema de límites, complejo y de graves potenciales consecuencias.
Esto, por supuesto, no debe ser así.
Toda vez que nuestra Cancillería (y sus asesores) no han sido capaces de prevenir que el problema escalara al nivel de diferendo limítrofe (como lo ha reconocido el canciller argentino), resulta de principal importancia que sea el propio presidente de la República quien tome cartas en el asunto.
En esta materia los argumentos y derechos de Chile son claros y contundentes. De hacerlos valer depende, en buena parte, nuestra soberanía sobre la Antártica Chilena, que la ley reconoce como parte del territorio nacional.
Por ello es esperable que el presidente Gabriel Boric nombre lo antes posible al representante nacional ante la Comisión Permanente de Conciliación prevista en el TPA, que ahora, conforme los derechos que le asisten, Argentina solicita movilizar.
Esa persona debe dar transversales garantías de capacidades intelectuales, trabajo profundo y patriotismo sereno para, con el apoyo del gobierno, del conjunto de la clase política y de toda la sociedad, en esta complicada circunstancia -y conforme con los compromisos vigentes y el Derecho Internacional- los mejores derechos de Chile prevalezcan.
