Columna Infobae, 11.03.2023 Felipe Frydman, economista argentino, exembajador y consultor del CARI
El Instituto de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció el primer financiamiento para la industria de semiconductores previsto en la Ley CHIPS and Science. El Instituto tiene a su disposición 50.000 millones para “colocar” a los Estados Unidos en la vanguardia de nuevas tecnologías como se explicita en el documento “Una Visión para el Éxito”. El total de CHIPS es 280.000 millones en 10 años.
Estos documentos se suman al “Buy America Act” y la “Inflation Reduction Act”, que también prevén financiamiento, exenciones y créditos impositivos a la industria con el propósito de favorecer la transición hacia una economía verde. Los tres forman parte de la política industrial implementada por la Administración Biden para revertir el proceso off-shoring de las últimas décadas.
La decisión de no avanzar con una política comercial activa forma parte de esa visión industrialista que prevalece en el Partido Demócrata para recuperar el apoyo de trabajadores del cinturón manufacturero. Esta Administración no hizo ningún esfuerzo para renovar el TPA que venció en 2021. El reciente informe del Servicio de Análisis del Congreso dice que la Administración eligió negociar acuerdos ejecutivos en vez de solicitar la renovación del TPA que implicaría un debate en el Congreso sobre prioridades y objetivos comerciales que dejaría en evidencia la falta de voluntad para efectuar concesiones arancelarias y reducir los obstáculos de acceso al mercado.
La Representante Comercial, Katherine Tai, es la encargada de recorrer los Estados para explicar a los sindicatos y organizaciones empresariales los objetivos de la nueva política comercial externa. El informe del Congreso la define correctamente cuando cita “una política comercial centrada en los trabajadores para promover una prosperidad inclusiva”. El USTR emprendió reuniones bilaterales del Consejo de Comercio y Tecnología con la UE; los Acuerdos Marco de Prosperidad para el Indo-Pacífico (IPEF) y Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) y la iniciativa comercial con Taiwán. Todos estos proyectos excluyen tarifas y acceso.
Durante su participación en el lanzamiento de APEP, la Representante Tai expresó que “la forma tradicional de hacer comercio nos dio mercancías más baratas y más producción, pero al mismo tiempo contribuyó a aumentar la desigualdad, múltiples cadenas de valor pero también más vulnerabilidad sumado a trabajadores y comunidades desplazadas y postergadas”.
La Embajadora Tai ha repetido en sus presentaciones casi diarias que su trabajo consiste en crear oportunidades para la gente común ejemplificando sus palabras con soja, manzanas y acero. En sus dichos sobre la política centrada en los trabajadores americanos no abre ningún espacio para las preocupaciones de los productores de terceros países que necesitan de los mercados de los países con capacidad de compra. La persistencia de sus declaraciones la hacen parecer más a una militante o candidata pensando en las próximas elecciones que en la representante de los Estados Unidos para consolidar los vínculos internacionales a través del comercio y ampliar los objetivos de prosperidad más allá de reclamos inmediatos.
Las referencias de Tai a la OMC siguen el modelo. Junto a las críticas a la organización por cuestionar las decisiones basadas en seguridad nacional, propone una agenda de reformas que proteja el planeta, mejores los estándares laborales, avance con igualdad de género, equidad y empoderamiento, facilite la inclusión en la economía digital y contribuya a una prosperidad compartida. Un discurso paralizante que indica el desprecio por el multilateralismo confirma el abroquelamiento centrado en los problemas electorales domésticos y no dice nada sobre cómo piensa compartir la meneada prosperidad con el mundo en desarrollo.
