Blog El Internacionalista del Fin del Mundo, 24.10.2026 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado (PUC), exdiplomático y columnista
Las protestas que comenzaron en Francia a mediados de septiembre desencadenaron una ola de movilizaciones en varios países europeos, marcada por el aumento del costo de vida, el deterioro de servicios públicos y tensiones estudiantiles.
La combinación de malestar social estructural y movilización multisectorial ha generado una de las mayores oleadas de protesta en Europa desde la década de 2010.
Para quienes vivimos el estallido en Chile, pero también en Ecuador y Colombia, lo que ocurrió en Francia el 17 de octubre con una orgía de delincuencia y violencia, es un déja vu de nuestra experiencia. Lo que comenzó como legítimas protestas de los estudiantes escolares por el estado de la educación pública (en Chile con su famoso eslogan no son 30 pesos son 30 años) rápidamente degeneró en vandalismo, saqueos, incendios, destrucción de los bienes públicos y agresiones a personal policial. Casi el mismo guion, pero en el mundo desarrollado.
La violencia y el saqueo que se desencadenaron en las principales ciudades francesas ese día, se extendieron a otros países del continente, pero más intensamente en Italia y España. Paradójicamente en las ciudades más destacadas y ricas es donde más pillaje y destrucción hubo: Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Barcelona, Milán, Turín, Roma. Pero en Francia tampoco se salvaron ciudades menores como Limoges, donde quemaron el municipio.
Aunque cada país tiene sus propias causas, parecieran compartir tres factores transversales: el encarecimiento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo, con una inflación persistente desde la pandemia del COVID agravada por la crisis del petróleo; una crisis de los servicios públicos, en particular educación, salud, transporte, con una administración pública crecientemente desfinanciada; y una desconfianza política y un malestar generacional. Los jóvenes y los trabajadores menos calificados sienten que las instituciones no responden a sus demandas y que su proyección de vida es peor que la de sus padres.
Las preguntas que surgieron entonces en nuestros países sudamericanos y que vuelven a plantearse ahora es ¿por qué esta violencia y estallido delictual que ha pasado por encima de quienes querían protestar pacíficamente? ¿Por qué destruir la infraestructura pública al servicio de todos, pero particularmente de los más humildes? ¿Por qué saquear y destruir los negocios y almacenes, incluyendo numerosas pymes que podrían no recuperarse?
De los miles de detenidos en Francia, el perfil mayoritario consiste en hombres, entre 18 y 25 años. La mitad de ellos no tenía antecedentes penales previos, aunque la otra mitad sí. Desde mi perspectiva, es muy preocupante que una mitad sin antecedentes haya concurrido a delinquir junto a otra mitad que ya tenía delitos previos y que podría entenderse su reiteración.
En Francia hubo intentos de atacar los centros de poder, específicamente el palacio del Eliseo (sede presidencial), el palacio de Matignon (sede del primer ministro) y la Asamblea Nacional. Los ataques no lograron penetrar los edificios, pero fueron lo suficientemente graves como para que el Gobierno los calificara como una maniobra política violenta y reforzara la seguridad nacional.
Las investigaciones en los procesos penales en curso demuestran cierta coordinación, al menos en algunos grupos por las redes sociales.
Otra pregunta necesaria que nos volvemos a hacer recordando lo acontecido en Sudamérica es: ¿Cuán espontáneas fueron estas acciones y si hubo alguna injerencia externa?
Revisadas las fuentes y noticias, está claro que ciertos grupos se aprovecharon del malestar de fondo para azuzar la violencia y cometer delitos e incluso tratar de atentar contra los centros del poder estatal. O sea, a lo delictual se debe sumar también una motivación política de asalto o debilitamiento del poder democrático constituido.
El gobierno francés no ha atribuido los disturbios a otros países hasta ahora, aunque sí a grupos violentos internos (mayoritariamente de ultraizquierda) con una coordinación transfronteriza demostrada con otros grupos radicales en Italia.
Sin perjuicio de lo anterior y al igual que en Sudamérica, no es posible descartar algún tipo de injerencia extranjera. En esa línea, Rusia podría ser un actor en el contexto de su guerra híbrida en el continente, como extensión del conflicto en Ucrania.
¿Qué puede seguir en Francia y los otros países donde se extendieron las protestas?
En primer término, el gobierno de Macron que termina el 13 de mayo de próximo año, queda sumamente debilitado más allá del clásico fenómeno del “pato cojo”. La violencia no fue prevista y la reacción fue tardía e insuficiente. Además, las protestas siguen y es muy probable que en lo que resta del mandato deba pasársela entre el control del orden público y la negociación política para aplacar los ánimos y reivindicaciones.
Desde el punto de vista del sistema político, la polarización existente ha incidido en los hechos. Como por estos lares, mientras unos representantes políticos justificaban la violencia o al menos no la condenaban, otros exigían mayor represión.
Lo ocurrido, en mi opinión, no hace más que pavimentar el camino de la candidata Marine Le Pen como favorita a la presidencia, dándole razón sobre la necesidad de fortalecer el orden público y la seguridad frente al liderazgo de la izquierda que aparece como ambiguo o derechamente justificando la violencia.
Desde el punto de vista internacional, la llegada de Le Pen al poder tendrá repercusiones en la dirección de la Unión Europea y probablemente también en el apoyo de Francia a Ucrania.
En lo primero, si además España gira a la derecha y en 2029 o antes ocurre lo mismo con Alemania, la Comisión Europea podría verse bien debilitada y el bloque quedar paralizado en lo sustantivo, en detrimento de la proyección de Europa en el sistema internacional, cuando más se requiere un actor que morigere la competencia entre Estados Unidos y China.
Más allá del tradicional espíritu contestario e inconformista de los franceses, lo sucedido en estos días es muy grave porque deja en evidencia la erosión de las convicciones democráticas, así como la disposición de ciertos sectores políticos a justificar cualquier medio para avanzar en sus propósitos. Eso lo vimos en esta parte del mundo y es indispensable condenarlo sin condiciones.
Esa condena política es indispensable que sea acompañada de una firme respuesta del Estado de Derecho para evitar la impunidad que facilite próximos episodios. Lamentablemente en nuestra región la respuesta del sistema de justicia fue muy insuficiente.
En Francia están saliendo las primeras sentencias condenatorias contra los vándalos y saqueadores que en el caso de los sin antecedentes están oscilando entre 6 y 8 meses de prisión, con 2 meses de reclusión mandatoria. Esto sin contar las eventuales perjuicios e indemnizaciones a pagar. Es de esperar que esto contribuya a contener o mitigar la recurrencia de futuros episodios.
Respecto de los problemas de fondo, la realidad es que en materia de inflación y encarecimiento del costo de la vida, las causas están absolutamente fuera del control del Estado Francés o incluso de la Unión Europea y responden en buena medida a las acciones de la administración Trump.
En cuanto a los servicios públicos, es también evidente que el Estado de Bienestar en su actual formato es inviable en buena medida por el factor demográfico. Este sistema fue concebido para funcionar con más cotizantes que beneficiarios, lo que ya no es el caso. Hace rato que esto es conocido, pero ningún gobierno se ha atrevido a reformarlo. Incluso el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años ha sido fuertemente resistido por los franceses.
En suma, lo que exigen los manifestantes no puede ser satisfecho por el Estado, a menos que se profundice el endeudamiento que ya alcanza el récord del 120% del PIB, para necesariamente generar un crash en el corto plazo.
El próximo gobierno deberá acometer una reforma profunda del Estado, para adecuarlo a la nueva situación presupuestaria, entendiendo y haciendo entender a la población que tendrán que apretarse el cinturón y cambiar sus paradigmas.
La sensación de los más jóvenes que sus condiciones de vida son más precarias que la de sus padres es cierta, pero eso no quiere decir que no sea reversible. Esa reversión dependerá en buena medida de la propia reforma del Estado, dando más espacio al emprendimiento privado, con una estructura administrativa más liviana y menos interventora.
El gran obstáculo para salir de esta crisis sistémica es la profunda polarización política existente y la calidad del liderazgo. Los cambios que se deben impulsar deberán contar con mayorías sólidas para ser sostenibles y eso, en las actuales circunstancias, no está asegurado. Pero no es solo patrimonio de Francia y de otros países europeos, sino un desafío global: mientras más necesitamos cambios profundos, más fragmentados estamos.
En suma y considerando la gravedad de los recientes acontecimientos y lo que se viene, creo que la prioridad inmediata para la preservación de la democracia es aplicar todas las herramientas que provee el Estado de Derecho para sancionar a quienes han delinquido y especialmente contra aquellos que lo han hecho con la motivación de derribar el sistema, procurando llegar también a sus instigadores cuando los hubiere. No puede imponerse la impunidad.
Para concluir, pienso que lo que se está exigiendo no es posible de satisfacer en el actual esquema y se requiere de profundos cambios como la única de abrir una nueva posibilidad de prosperidad y seguridad social que reemplace el Estado de Bienestar. Eso indudablemente no será fácil, ni sucederá en el corto plazo, e incluso podría significar un período turbulento, pero creo que es ineludible y marcará las próximas grandes elecciones nacionales en Europa.
