Editorial El Deber, 29.01.2017
Desde antes de la llegada al Gobierno de Argentina del presidente Mauricio Macri, ese país comenzó a reforzar su frontera con Bolivia, pero ahora se anuncia una política muy severa. Ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso que entre La Quiaca y Villazón se levante una valla muy alta que separa a las dos poblaciones fronterizas. Antes de las elecciones en que ganó Macri, la Conferencia Episcopal, la Corte Suprema de Justicia y las 20 universidades privadas más grandes de ese país dieron a conocer documentos en que, coincidentemente, decían que “el narcotráfico es una amenaza para la existencia de la República Argentina”.
La ciudad de Rosario, controlada virtualmente por las mafias de la droga; las avionetas procedentes de Bolivia arrojando desde el aire paquetes de droga en lugares convenidos, el crecimiento de las ‘maratruchas’, grupos provenientes de Centroamérica dedicados a la venta de droga, y muchos detalles más muestran que aquellos documentos estaban apuntando a una realidad preocupante. Y con la llegada de Macri al Gobierno, esa preocupación ciudadana de los argentinos se ha convertido en una política certera, que ha creado una comisión especial que está tomando medidas dirigidas a ejercer un mayor control migratorio, incluyendo la deportación de los extranjeros que cometieran delitos.
La ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, al explicar los alcances de la iniciativa, dijo que el narcotráfico es una actividad en la que están vinculados ciudadanos de Bolivia, Perú y Paraguay, además de sus cómplices argentinos. Esa afirmación ha molestado a las autoridades bolivianas porque consideran que se trata de una generalización denigrante. El embajador argentino fue llamado por la Cancillería boliviana para dar explicaciones, llevando las relaciones bilaterales a un nivel preocupante.
Este incidente se produce cuando el Gobierno boliviano tiene preparada una ley para ampliar los cultivos de coca en todo el país, lo que ha provocado también un conflicto entre los cocaleros de Yungas y los de Chapare. El origen del problema, que es la producción de coca que se convierte en cocaína, tiende a empeorar con esta medida.
Conviene al país encarar con seriedad la política cocalera porque se ha convertido en la causa de problemas con casi todos los vecinos afectados por la exportación de droga. Ese es el cambio que necesita Bolivia.
