Columna La Tercera, 14.12.2023 Carolina Valdivia Torres, abogada, ex subsecretaria de RREE e investigadora de la CEP
Durante estas semanas, hemos visto una nueva escalada sobre la región del Esequibo. El área abarca 160 mil km2 y es rica en recursos naturales. La zona es administrada por Guyana, pero Venezuela alega que le debe ser reintegrada pues el laudo que adjudicó ese territorio a su vecino (cuando aún era colonia británica) habría sido fraudulentamente obtenido. En 1966, con Guyana ya independiente, ambos estados acordaron resolver la disputa mediante medios pacíficos y, así, en 2021 Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Venezuela respondió desconociendo la competencia de la CIJ y, hace pocos días, realizó un plebiscito para reafirmar su soberanía, publicó un mapa oficial anexando la región y envió un contingente militar a la zona.
Hasta allí las explicaciones formales, pues en el trasfondo de esta controversia subyacen múltiples elementos de política exterior.
En Venezuela, la reclamación del Esequibo es transversal. Con esta alta popularidad, avivar el ánimo reivindicatorio ha servido recurrentemente a Maduro para distraer la atención mientras avanza en contra de sus disidentes. Esta vez, de forma coetánea a las últimas disposiciones del Esequibo, se ordenó el arresto de lideres de la oposición por “conspirar contra Venezuela” para “intentar fracturar la lucha soberana por el Esequibo.”
Los grandes actores, cuyas compañías son titulares de suculentas licencias petroleras en Venezuela y en Guyana, se han movido cautelosamente. China ha mantenido una total neutralidad urgiendo por la solución pacífica de la diferencia. EEUU ha expresado su “inquebrantable apoyo” a la soberanía guyanesa. Pero junto con ello, ha relajado las drásticas sanciones en contra de Venezuela -que afectan mayormente a su industria petrolera- a pesar de los incumplimientos de los compromisos políticos de Caracas. En el fondo, estas cuidadosas acciones buscan evitar que las diferencias se profundicen y que, por esta vía, se altere la paz en la zona, impactando las explotaciones hidrocarburíferas. La “realpolitik” en todo su esplendor.
Si alguien está mirando a los organismos internacionales más vale aceptar que tendrán escasa incidencia. En 2017 Venezuela se retiró de la OEA. En 2019, fue suspendida del Mercosur, y desde 2022, tras impagos sucesivos, también fue suspendida de Naciones Unidas. El haber desconocido la competencia de la CIJ es un indicio de que tampoco acatará lo que resuelva ese tribunal. Paso a paso, Venezuela se ha desvinculado del sistema multilateral por lo que las posibles reacciones de estos organismos la tienen sin cuidado.
Chile no se ha pronunciado de forma unilateral sobre la situación entre Guyana y Venezuela. En lo multilateral, se sumó a la declaración de Mercosur. Si bien ello es coherente con los principios de nuestra política exterior, máxime ante una controversia sometida a la CIJ, también busca evitar rispideces con el régimen de Maduro. Estando pendiente la “venia” de ese país para los vuelos de expulsados más vale evitar expresiones que indispongan al autócrata de Caracas. Esto también es “realpolitik”.
