Columna El Mostrador, 06.01.2022 Jorge G. Guzmán, abogado, ex diplomático y académico (U. Autónoma)
Más allá de su “oportunidad” o “inoportunidad”, la “desclasificación” realizada por el exministro de Defensa, Mario Desbordes, respecto del apoyo formal de la administración Piñera 2 a la pretensión argentina sobre las islas Falkland/Malvinas (y, por extensión, potencialmente a otros territorios australes y polares), ha puesto sobre la mesa un tema antiguo y complejo: el futuro de la convivencia con Argentina en los espacios al sur y al sureste del llamado ‘Punto F’ del Tratado de Paz y Amistad de 1984, Antártica Americana incluida.
Se trata de –literalmente– millones de km2 de territorios marítimos y antárticos, con sus respectivos recursos naturales vivos y no vivos.
Abstraerse de esta simple y concreta realidad material en nombre de cualquier ideología o “sentimiento “solidario”, solo puede perjudicar el interés permanente de Chile. El próximo Gobierno debería evitar esa tentación, más todavía considerando que el próximo presidente de la República es de origen magallánico.
Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, en el curso de los últimos meses el actual Gobierno actualizó la proyección de la plataforma continental de las islas Diego Ramírez y, enseguida, anunció que Chile hará entrega a la Comisión competente de los datos geocientíficos y la cartografía de la plataforma continental extendida del sector occidental de la Antártica Chilena (mar de Bellingshausen y un área del sector chileno del océano Austral).
Ha quedado, por tanto, como tarea para el próximo Gobierno completar ese ejercicio, precisando los límites exteriores de nuestra plataforma continental en el sector del mar de Weddell y, muy importante, los límites más allá de las 200 millas de la plataforma continental de los archipiélagos de Diego Ramírez y Barnevelt. Todo conforme con el Derecho Internacional.
A diferencia del ejercicio para la Antártica Chilena (que, mientras esté vigente el Tratado Antártico, no será revisado por el órgano competente), como ya ha quedado establecido, la proyección de la plataforma continental de Diego Ramírez ha formalizado una nueva disputa territorial con Argentina. Esto ocurre porque, en 2009, el reclamo argentino de plataforma continental en el Atlántico Sur y la Antártica incluyó un área del océano Austral situada más allá del límite pactado en el Tratado de Paz y Amistad. No ha sido Chile el que ha generado esta nueva disputa.
La cercanía que –entendemos– existe entre círculos del próximo presidente con círculos del actual Gobierno argentino debería servir para encauzar esta materia. Esto, no obstante, teniendo presente que la defensa del interés chileno en el océano Austral y la Antártica es mucho, mucho más que “una cuestión de la Armada”.
A los efectos, el próximo Gobierno podrá inspirarse en la doctrina para el caso del diferendo por canal Beagle implementada por el Gobierno del presidente Salvador Allende. Esa doctrina fue exitosa en tanto se mantuvo fiel a la tradición encapsulada en el Decreto Antártico del Gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda.
El asunto es, por supuesto, complejo, pues las pretensiones argentinas en el Atlántico Sur, el océano Austral y la Antártica –aunque vestidas de anticolonialismo y americanismo– obedecen a un concepto geopolítico propio de un proyecto imperial del siglo XIX.
Chile debe evitar ser instrumentalizado para ese proyecto, ahora reformulado desde una interpretación maximalista de ciertas fórmulas científico-técnicas de la Convención sobre el Derecho del Mar. No hacerlo puede tener graves consecuencias no solo para el interés nacional, sino también para la paz y la seguridad en el Austro americano.
El propio presidente electo sabe que, al menos en Magallanes, transversalmente esto preocupa e importa.
