Columna Clarín, 27.07.2021 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
La respuesta de Argentina ha sido desilusionante por la inconsistencia en la defensa de los valores internacionalmente reconocidos
América Latina enfrenta una ola de desencanto y revueltas con efectos preocupantes en materia de derechos humanos que requiere cuidadosa atención por parte de toda la comunidad latinoamericana.
La respuesta de Argentina ha sido desilusionante por la inconsistencia en la defensa de valores internacionalmente reconocidos. Un ejemplo ha sido la aplicación discrecional del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Mientras se ha criticado el uso excesivo de la fuerza ante protestas ciudadanas en Colombia o Chile ha sido tolerante con la represión en el reciente estallido social en Cuba o condescendiente flagrante con Venezuela y Nicaragua en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos denunciadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin perjuicio de la importancia fundamental que tiene el principio de no intervención en la historia diplomática argentina, en el siglo XXI el derecho internacional reconoce que en materia humanitaria la invocación de la excepción de jurisdicción interna es inadmisible en violaciones graves de los derechos humanos.
El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, en la Memoria a la Asamblea General en 1991 había destacado que el principio de no intervención no podía ser esgrimido como una barrera protectora que permita que se lleven a cabo impunemente violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos. Consecuentemente, son legítimas y no vulneran el principio de no injerencia las expresiones de preocupación, desaprobación e inclusive de condena en lo que concierne a las violaciones a los derechos humanos.
La práctica de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos pone en evidencia la validez de los métodos empleados para denunciar, proteger y restaurar la vigencia de los derechos humanos en las Américas y en el mundo, incluso a través de repudios individuales o colectivos a un Estado violador, la imposición de sanciones económicas o diplomáticas como, entre otros, el impulso de acción en la Corte Penal Internacional para juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El caso contra Nicolás Maduro es un ejemplo. La defensa de los derechos humanos y de la democracia constituye pilares tradicionales de la política exterior argentina. Un testimonio ha sido el papel protagónico de la diplomacia de la Administración de Néstor Kirchner en la redacción del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 que reconoció la jurisdiccional universal en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. La injerencia con fines de protección humanitaria, en el instrumento aprobado por la Asamblea General de la ONU, se funda en la responsabilidad global de proteger a la población civil.
La Argentina debe volver a la tradición diplomática de la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, donde sea que hayan sido afectados.
La doble vara que aplica hoy el gobierno argentino reduce la efectividad del esfuerzo colectivo del sistema multilateral. Es hora de retomar las fuentes de un comportamiento diplomático responsable como lo hicieron en su momento histórico, Carlos Calvo o Luis María Drago.
