Columna ExAnte, 22.02.2024 Paz Zárate, abogada Internacionalista e investigadora AthenaLab
El pasado 2 de febrero el Chavismo celebró su 25° cumpleaños, con la dictadura de Maduro (11 años en el poder) en gran salud, encaminada a reafirmar su control del país con “elecciones” de mentira, no obstante su nutrido prontuario: una emergencia humanitaria y una crisis migratoria, ambas de las más graves a nivel global (8 millones de personas han dejado Venezuela, de las cuales medio millón vive en Chile); extendida corrupción, que trocó en pobreza abyecta la prosperidad que corresponde a las mayores reservas mundiales de petróleo; y violaciones a los derechos humanos con decenas de miles de víctimas, cometidas por servicios secretos que incluso operan fuera de sus fronteras, como probablemente ha ocurrido en Chile con el caso que se está investigando del secuestro de un ex teniente venezolano.
La impunidad de Maduro es total, y la “transición hacia el modelo chino” que su gobierno declara conducir no es sólo económica. De hecho, hace pocos días expulsó al personal de la ONU que trabaja en el área de DDHH, algo que ni siquiera Pinochet en su apogeo hizo.
¿La razón? La ONU habría incurrido en “colonialismo” y “apoyado la impunidad” de supuestos responsables de complots que Maduro dice haber descubierto. Huelga decir que además de investigar violaciones de DDHH cometidas por Maduro y sus servicios secretos, la ONU es quien alimenta decenas de miles de personas cada día. Porque en una nación riquísima, el 80% de la gente teme quedarse sin comida.
El desparpajo de Maduro alcanza también para enterrar los Acuerdos de Barbados, pequeños avances sobre garantías electorales logrados en negociaciones con la oposición. Compromiso real del dictador para que la democracia retorne al país obviamente nunca ha habido.
El diálogo logrado con países occidentales tras años de tensión resultó no ser más que la pantomima de un tirano. Ayudado por la crisis energética global que gatilló la guerra en Ucrania, en los últimos dos años logró sacarse de encima sanciones, recuperar relaciones diplomáticas que estaban degradadas, y ser nuevamente saludado y hasta defendido en foros internacionales (ej. Lula vergonzosamente argumentando que Venezuela sufre de un “problema narrativo”).
Maduro ha conseguido reducir su aislamiento internacional mientras sigue violando no sólo derechos fundamentales de forma “continua y persistente”, según ha establecido la misma ONU, sino la soberanía de otros países. Hace dos meses anexó por decreto dos tercios del territorio de su vecino Guyana, país que recientemente descubrió valiosos yacimientos petroleros. Ante este escandaloso asalto a la soberanía territorial, los presidentes latinoamericanos, incluyendo Chile, dijeron absolutamente nada.
Sólo hubo una tímida declaración del Mercosur (suscrita por Chile), que insta al diálogo entre agresor y agredido. Declaración que, si un vecino nuestro fuese gobernado por un dictador, y éste -con apoyo de China, Rusia e Irán- anexara vía decreto nuestro territorio, nos parecería una burla.
¿Por qué la conducta criminal de Maduro no violenta a las democracias latinoamericanas con la fuerza que amerita? La inhabilitación de la principal opositora Corina Machado para participar de elecciones, y el encarcelamiento de la destacada defensora de DDHH Rocío San Miguel en el centro de tortura caraqueño Helicoide, hacen noticia. Pero no motivan la indignación transversal de gobiernos que se ufanan de compromisos valóricos. ¿Cómo puede ser que el hecho que políticos como Pepe Mujica califiquen al régimen de Maduro como “dictadura” sea todavía noticia?
¿Hay alguien prestando atención a lo que los reportes de las instituciones internacionales coinciden en señalar? La dictadura de Maduro no sólo roba, no sólo organiza fraudes electorales. Los servicios secretos de Venezuela son responsables que decenas de miles de personas en la última década hayan sufrido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, apremios ilegítimos, tortura, vejámenes sexuales, encarcelamiento de años en prisión preventiva. Sólo entre 2016 y 2019, la “resistencia a la autoridad” derivó en más de 19.000 asesinatos, ha dicho Human Rights Watch.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2019, implicó a Maduro y sus jerarcas en abusos sistemáticos que equivalen a crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, pidiendo procesos penales (2020).
La Misión de Determinación de Hechos creada por la ONU (2020) estableció que los servicios de inteligencia venezolanos han cometido crímenes de lesa humanidad como política deliberada. Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga estos posibles crímenes (desde 2021), pero su labor es objeto de maniobras de Maduro para ser paralizada. Con la expulsión de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (creada en 2019), aumentará todavía más la impunidad del régimen.
Hace años que el tema de Venezuela excedió el área humanitaria, de DDHH y migración: pasó a ser de seguridad, y también de defensa. Recordemos nuestra propia historia: sabemos de primera mano lo que es una dictadura cuyos servicios secretos operan fuera de sus fronteras. ¿Qué más tiene que ocurrir para poner atajo a los abusos de un criminal?
Normalizar relaciones con un delincuente no le ha servido al pueblo venezolano: por el contrario, potencia los abusos, que ahora no golpean nuestra puerta, sino dentro de nuestra casa. Quienes han abogado -como el presidente Boric- por el fin de las sanciones a Venezuela, las que se han temporalmente flexibilizado, deben reexaminar su posición. Y de paso solucionar rápidamente una deficiencia grave del Estado chileno: la falta de inteligencia. O Chile seguirá indefenso frente a amenazas a su soberanía.
Nicolás Maduro no sólo oprime a su pueblo, sino que ha quebrado normas esenciales, como es el respeto a la soberanía de otros países, incluyendo el nuestro. Considerando quiénes son sus aliados globales, las consecuencias de su impunidad pueden ser aún más graves de las que ya hemos visto.
La vulneración de nuestra soberanía territorial es el límite último, y sería un gran error pensar que el que los servicios secretos de Venezuela trabajen en Chile es un hecho aislado. Lo hemos dicho en otras columnas: en varios puntos de Chile opera, hace años, la organización terrorista Hezbolá (expertos de la ANEPE lo han reportado); China tiene un cuartel local de policía en Viña, totalmente ilegal, desde el cual controla a ciudadanos chinos que habitan nuestro territorio. Hasta los servicios secretos rusos circulan por nuestras calles. Irán, por su parte, concluyó una alianza con Bolivia hace seis meses, para defender las fronteras de esta última, ante el silencio de Chile (Argentina, más espabilada, reclamó).
Los derechos humanos en Venezuela, y también en China, Irán y Rusia, no son un tema para corazones sensibles. Y tampoco son fuentes apetecibles de inversión extranjera. Son amenazas a la seguridad: dictaduras que operan transnacionalmente.
Y las dictaduras se combaten con inteligencia. No sólo en sentido figurado.
