Columna El Montonero, 10.06.2021 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Observación electoral debe ser rigurosa y explícita
La Misión de Observación Electoral de la OEA fue decisiva para evitar que se consumara la fraudulenta reelección de Evo Morales cuando intentó un cuarto mandato consecutivo en la presidencia de Bolivia en las elecciones del 2019. El Secretario General del organismo, Luis Almagro, tuvo el mérito de conformar la misión con 92 expertos cuyo eficiente trabajo logró rescatar la democracia en el país vecino.
Sorprende, por tanto, que la misión enviada a Lima para la primera vuelta electoral (en la que competían 19 candidatos) solo contara con 33 expertos. Y que la que tenemos para la segunda vuelta esté integrada por menos de la mitad de los que fueron designados para las elecciones bolivianas, a pesar de que la población electoral del Perú triplica a la de Bolivia, y de la trascendencia de lo que está en juego en los comicios de nuestro país.
En efecto, lo que enfrentamos en esta dramática segunda vuelta no es solamente el triunfo de uno u otro candidato, sino el mantenimiento garantizado de las libertades democráticas para conjurar el inminente peligro de un cambio de sistema político si se concretara la ideología comunista del Partido Perú Libre, expresada en el Programa de Gobierno que registró oficialmente en el Jurado Nacional de Elecciones.
Es obvio que la fatal disyuntiva planteada para el futuro del país era bien conocida por la OEA, uno de cuyos mandatos fundacionales es la defensa y fortalecimiento de la democracia en los Estados miembros. Es el organismo que mejor puede evaluar la amenaza que constituye el llamado “bolivarianismo” o socialismo del siglo XXI en la política hemisférica, y lo que significaría la indeseable eventualidad de que el Perú se sume a la nefasta falange asociada al castro-comunismo de Cuba.
Las graves anomalías que se denunciaron en la votación del 6 de junio y el impacto del recurso de nulidad del considerable número de actas electorales que Fuerza Popular ha formalizado ante el JNE plantean la potencial reversión de los resultados conocidos y, sobre todo, la imperiosa necesidad de que la autoridad electoral proceda con imparcialidad y eficiencia. Así se desprende del impresionante despliegue informativo en la edición de ayer del diario El Comercio, que no se habría dado si no se tratara de una reacción político-partidaria que merece la esmerada atención del JNE y el seguimiento vigilante de los electores.
La exigencia ciudadana es aún más justificada a la luz de las actitudes vituperables de los simpatizantes de Perú Libre y, sobre todo, de las sospechas que despiertan las querencias ideológicas del Presidente de la autoridad electoral, el Magistrado Salas Arenas, a las que se suman las actitudes permisivas de la ONPE en el procesamiento de la data y los cuestionamientos que merece.
Son estas situaciones las que justifican y exigen una labor eficiente, perseverante e imparcial de la Misión de Observadores de la OEA, cuyo mandato de velar por la democracia y el respeto a la voluntad popular no solo provienen de su carta fundacional, sino también de la Carta Democrática Interamericana, a fin de que el voto de los ciudadanos del Hemisferio sea escrupulosamente respetado.
No son expresiones diplomáticas comedidas las que se espera de los observadores electorales interamericanos, sino un juicio franco y explícito sobre el proceso que deben evaluar y criticar con la más estricta y rigurosa independencia.
