Columna El Mostrador, 13.02.2024 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado (PUC), exdiplomático y columnista
Sin desconocer la gravedad del fenómeno criminal regional, los sectores políticos y especialmente los partidos de derecha deben evitar entusiasmarse con un canto de sirenas que llevará al autoritarismo, sin asegurar además mejores resultados. O sea, pan para hoy y hambre para mañana.
En una anterior columna me referí al autoritarismo de lo que denominé “la tríada” (Cuba, Nicaragua y Venezuela). Ahora iré al otro lado del espectro ideológico y abordaré las recientes elecciones en El Salvador.
El domingo pasado se desarrollaron los comicios generales en dicho país, legislativos y presidenciales. Contraviniendo el texto expreso de la carta fundamental, Nayib Bukele se presentó a la reelección gracias a una interpretación avalada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elegida por la Asamblea Legislativa en la que su partido cuenta con mayoría. Esto después de que en 2021 el mismo Bukele destituyera a todos los ministros de esa sala y al fiscal general, evidentemente por considerarlos como un obstáculo para sus designios.
Superada esa barrera, con el aval de los poderes Judicial y Legislativo cooptados por su gobierno y sin una reacción significativa de la prensa y entidades de la sociedad civil también inhibidas por sus acciones, ya no quedaba ninguna para su reelección. No hay que desconocer que en un país que llevaba décadas de violencia extrema y control gangsteril, cualquiera que restableciera la seguridad y paz iba a ser inmensamente popular.
Lo que ha sucedido en El Salvador, pero también en otros países de nuestro continente y del mundo, nos recuerda que la piedra angular sobre la cual se funda un Estado de Derecho es la seguridad para las personas y sus bienes. Esa también es la razón de ser primaria del Estado y del monopolio de la fuerza que se le ha concedido: cuidar y proteger a las personas y sus bienes para que “el hombre no sea un lobo para el hombre”. Sin ello, todos los demás derechos son ilusorios y los estados se convierten en fallidos. Por eso urge retomar esa tarea básica y esencial de los estados, redestinando recursos si es necesario para su fortalecimiento, entendiendo que otras funciones se erosionan y diluyen o derechamente no tienen sentido sin acometer el desafío principal.
El Salvador estaba tan fragmentado entre las maras, que la gente llevaba años viviendo en feudos o guetos, debiendo pagar protección al señor local y arriesgando la vida si cruzaba a otro territorio. Así hay historias de familias que quedaron separadas por años y otras que no conocieron localidades a pocos kilómetros de sus hogares por la imposibilidad de desplazarse. En ese sentido, muchos no conocían el mar, como el caso de una familia que vivía a dos kilómetros de la costa, pero ese era territorio controlado por otros.
Bukele entonces se hizo cargo de una aspiración esencial de los salvadoreños, disminuyendo la tasa de homicidios que pasó de más de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 en 2022 y ha seguido bajando en 2023. Las extorsiones también se han desplomado. Junto con una radical baja de la criminalidad, las personas pueden ahora circular por todo el país y disfrutar del espacio público. Después de vivir años en verdaderas prisiones en sus ciudades, barrios y provincias, la sensación de seguridad y libertad ciudadana es de éxtasis y eso explica que esté dispuesta a apoyar y avalar a una estrategia y su director, que parecen ser exitosos. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa en el triunfo electoral de Bukele.
Siendo positivo el resultado del gobierno de Bukele, el problema está en los medios utilizados y en su viabilidad a mediano plazo. Al final el clásico debate respecto de fines y medios es imposible de obviar, no solo por razones éticas y morales, sino por sus resultados.
Respecto de los medios, Bukele ha impuesto un régimen de excepción que ya parece consustancial a su mandato. Ha cooptado al Poder Judicial, vulnerado cada vez más sistemáticamente los derechos humanos y hostigado a aquellos medios y activistas que no comulgan con su política de seguridad. Bajo estas condiciones, El Salvador se ha vuelto el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo (los presos han pasado de 35.000 a 110.000 en su presidencia). Junto con ello, el autoritarismo ha avanzado y, al igual que en la tríada antes referida, las instituciones han sido capturadas apoyándose en triunfos electorales que paradojalmente sustentan una convicción y proceder claramente antidemocráticos.
La desarticulación de las maras ha sido el precio en muchos casos de proceder a detenciones masivas a ciegas, a las que se están sumando en forma progresiva otros detenidos que son incómodos para el régimen.
El Salvador no ha resuelto sus graves problemas de atraso y desigualdad. La política económica de Bukele, que presenta al país como el paraíso de las criptomonedas, ha fracasado hasta el punto de que la pobreza extrema ha aumentado (ha pasado del 5,6% al 8,7%, según el más reciente informe de la Cepal).
Aunque era esperable la victoria maciza de Bukele, el proceso electoral y su recuento estuvieron llenos de problemas. Eso no impidió que el candidato presidente se proclamara ganador con 30% de los votos escrutados y que además asegurara que su partido había obtenido 58 de 60 escaños en el parlamento. Los observadores extranjeros, aunque no cuestionaron el resultado general presidencial, sí hicieron presente que hubo muchos problemas en el recuento y que hubo apresuramiento de la institucionalidad para consagrar el resultado. De acuerdo con las cifras oficiales, votó un poco más de la mitad de los habilitados y Bukele obtuvo 82,66% de ese universo (2,7 millones). El candidato que sigue obtuvo 205.000 votos, o sea diez veces menos.
En el ámbito legislativo, el tema se enredó y el recuento sigue. Se supone que Bukele también debiera dominar ampliamente el Parlamento.
Teniendo todo aceitado para ganar, Bukele emerge de una elección y recuento bastante accidentado y poco transparente, lo que opaca su objetivo de iniciar un nuevo período en forma impecable.
Se cuestiona también que enfocarse en la dimensión represiva, llenando a las cárceles de pandilleros, vaya a solucionar el problema más allá de algunos años. La experiencia comparada muestra que privilegiar la arista punitiva genera un efecto positivo a corto plazo, pero en el mediano y largo este se revierte, con delincuentes endurecidos que además se afiataron en la cárcel y cuando salen generan más daño y son más difíciles de combatir.
Esa misma experiencia comparada muestra que los que tienen más éxito son aquellos que combinan la severidad punitiva, en el marco del Estado de Derecho, con programas para combatir la pobreza, mejorar la educación y reducir la desigualdad. Eso no parece estar a la vista en las prioridades de Bukele para su segundo mandato.
Por sus innegables resultados en el corto plazo, muchos ven a Bukele como un modelo político a seguir en la región. Es el camino fácil, pero como ya lo está demostrando, implica una vía autoritaria que, sin asegurar una solución en el largo plazo, significa un cambio de opresión, desde el crimen organizado hacia la del propio Estado.
América Latina está en una coyuntura compleja en la cual la criminalidad amenaza transversalmente el Estado de Derecho y el sistema democrático como nunca. La tentación de barrer con las restricciones y garantías constitucionales y legales es alta, especialmente frente a la desesperación de poblaciones que ven cómo sus vidas están cada vez más condicionadas por organizaciones criminales.
Pero hay claramente una alternativa que, junto con preservar y fortalecer el Estado de Derecho, signifique combatir eficazmente al crimen. Colombia ya lo demostró. De ser prácticamente un narcoestado además azotado por movimientos guerrilleros, pudo preservar su democracia y actuar dentro de la legalidad, sin candidez, y desmontar en lo esencial la estructura criminal. En Europa otro ejemplo es Italia, país que ha debido enfrentar a poderosas bandas criminales sin comprometer nunca su democracia. En ambos casos las garantías y restricciones para la actuación de las fuerzas de seguridad y de la justicia, que para algunos son vistas como obstáculos, terminan siendo los cimientos no solo de la preservación de la democracia, también generan mejores resultados en el mediano y largo plazo.
Sin desconocer la gravedad del fenómeno criminal regional que exige una coordinación mucho mayor y poner todas las herramientas al servicio de este combate, los sectores políticos y especialmente los partidos de derecha deben evitar entusiasmarse con un canto de sirenas que llevará al autoritarismo, sin asegurar además mejores resultados. O sea, pan para hoy y hambre para mañana.
Es que las buenas soluciones nunca pasan por atajos.
